La derogacin de la Ley de Seguridad Ciudadana suma a PNV, ERC y BNG pero sigue dependiendo de Junts y Podemos

El acuerdo del PSOE y Sumar con EH Bildu para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana se ha plasmado en una proposicin de ley que ha sigo registrada este viernes en el Congreso y que, como novedad, ha incorporado tambin al PNV, ERC y BNG como coproponentes de la iniciativa.

Con la suma de estos tres partidos polticos, ms los que haban propiciado el pacto, la proposicin de ley para sustituir la que sus detractores llaman ley mordaza alcanza un mnimo de 165 diputados (a 11 de la mayora absoluta). Su futuro queda, pues, supeditado a las negociaciones propias que han exigido Junts (siete escaos) y Podemos (cuatro) para hacer valer sus votos a cambio de nuevas cesiones del Gobierno.

“Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones”, dijo ayer su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras. Por su parte, Podemos tach de “insuficiente” la propuesta y de retoques “estticos” las novedades.

Los partidos encabezados por Carles Puigdemont y Ione Belarra han anunciado en las ltimas horas enmiendas y han evitado desvelar si llegaran al extremo de tumbar el texto si no se aceptan, para no truncar as sus cartas a la hora de dialogar con los socialistas y los dems partidos.

Con la firma del PNV a la proposicin, que bautiza la nueva norma como Ley Orgnica de Proteccin de las Libertades y Seguridad Ciudadana, se da un paso decisivo para amarrar los votos de los nacionalistas vascos. Ya mostraron ayer su disposicin a hacerlo pero tambin haban indicado ciertos recelos a algunas cuestiones pactadas por EH Bildu. El PNV propondr enmiendas pero, en cualquier caso, aparecer como autor da garantas de su apoyo final al texto.

El partido de la izquierda abertzale se colg ayer la medalla de haber arrancado el acuerdo al Gobierno para impulsar el cambio legislativo tras el intento frustrado en 2023 y el PSOE pact con l que lo presentara en sociedad, llevndose todos los focos en detrimento del PNV, que fue quien encabez la pasada legislatura el intento de cambiar esta norma.

La novedad del acuerdo son cuatro puntos. El aspecto ms destacado des el que hace referencia a las pelotas de goma, el material antidisturbios que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Segn lo acordado, se pondr fin al uso de este material progresivamente y se sustituir, previo desarrollo de protocolos especficos de acuerdo con estndares internacionales, por otros medios menos lesivos. En este punto no se incluye un plazo mximo para llevar a cabo la medida. En la pasada legislatura, la retirada de las pelotas de goma cont con el rechazo explcito del Ministerio del Interior.

El segundo punto es el que alude a las faltas de respeto a la autoridad que ya no podrn ser sancionadas salvo que se trate de insultos o injurias a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso, y siempre que se trate de expresiones relevantes, seran consideradas faltas leves y su sancin quedara cancelada si la persona acusada de proferirlas se retracta o se disculpa. Nada se dice sobre cual ser el baremo para considerar una injuria o insulto relevante o no.

Igualmente la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes al negarse a cumplir una orden legal, resistirse a la misma con oposicin corporal o rechazar identificarse o hacerlo con datos falsos o incompletos, pasar de considerarse una infraccin grave a leve.

El cuarto punto del acuerdo es el que hace referencia a las devoluciones de migrantes en frontera, otra cuestin que suscit el rechazo expreso del Ministerio del Interior en las negociaciones que se llevaron a cabo en la pasada legislatura.

Sobre este aspecto, el pacto establece que en el plazo mximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad, se abordar con detenimiento, estudio y rigor la modificacin de la ley de Extranjera con el objeto de habilitar en los pasos fronterizos puestos a los que accedern las personas migrantes, antes de su posible expulsin, para que se evalen sus casos y se compruebe si pueden ser o no solicitantes de asilo o de proteccin internacional.

La reforma de la Ley de Extranjera que conllevara la adopcin de esta medida tendr que abordarse, segn los firmantes del acuerdo, estableciendo como criterios el respeto y aplicacin de la normativa de Derechos Humanos y proteccin internacional a fin de reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que sus solicitudes de asilo se tramitarn conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y proteccin internacional de la que Espaa es parte, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario.