La CUP pide la comparecencia en el Parlament del testigo protegido del ‘caso DGAIA’ de pagos irregulares en el servicio de atencin a jvenes ex tutelados de la Generalitat
La CUP pide una modificacin del plan de trabajo de la comisin parlamentaria que investiga el caso DGAIA sobre pagos irregulares en el servicio de atencin a menores y jvenes ex tutelados de la Generalitat.
El partido anticapitalista volver a registrar la peticin de comparecencia de tres nombres que fueron rechazados, la semana pasada, en la primera sesin ordinaria y aade otro testimonio clave en la lista: el trabajador denunciante de la supuesta mala praxis que est bajo proteccin de la Oficina Antifraude de Catalua.
Tras el voto contrario de PSC, Junts, ERC y Comuns, la formacin independentista reclama de nuevo que el Parlament cite a Jasone Latorre, Irene Casamitjana y Maria Teresa San Miguel como «responsables de servicios que han intentado ocultar los pagos irregulares». «Si la comisin no sirve para esto, no ser til», avis tras el veto la lder de la CUP en la Cmara catalana, Pilar Castillejo.
Adems, los anticapitalistas piden ahora que tambin comparezca en la comisin parlamentaria «el testigo protegido que destap el posible caso de corrupcin«. Para ello, solicitan que se haga «con las medidas necesarias para proteger su imagen y seguridad».
Antifraude est elaborando un informe a raz de la denuncia por mala praxis de este trabajador de una de las sociedades a las que la Administracin externaliza el servicio, la UTE Fundaci Merc Fontanilles-Fundaci Resilis (Plataforma Educativa). «En cuatro meses ya me haba dado cuenta de que era una mafia», declar el pasado mayo a EL MUNDO este empleado contratado en septiembre de 2023. Un ao antes, es unin temporal de empresas haba asumido la gestin en toda Catalua del SEVAP, el servicio de valoracin y seguimiento de los jvenes ex tutelados que pueden ser beneficiarios de prestaciones econmicas.
Las otras tres personas que la CUP propone como comparecientes, en un segundo intento, tienen vinculacin con el caso denunciado por este testimonio protegido. Latorre como directora del SEVAP, Casamitjana como coordinadora del SEVAP en Girona, donde trabajaba el denunciante, y San Miguel como jefa del rea de apoyo a los jvenes tutelados y ex tutelados de la DGAIA. Como alto cargo de la consejera firm, en mayo de 2024, una resolucin contra la denuncia interna interpuesta por el testigo protegido. «Podemos concluir que no se detecta ninguna irregularidad en la gestin», asegura San Miguel en el documento consultado por este diario.
DGPPIA
La Sindicatura de Cuentas present en junio un informe de fiscalizacin en el que detect pagos indebidos de prestaciones del Departamento de Derechos Sociales [con sus anteriores denominaciones] de, al menos, 167,56 millones de euros entre los aos 2016 y 2024. De esa cantidad, unos 4,7 millones corresponden a ayudas gestionadas por la Direccin General de Atencin a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, que desde junio, a raz de los cambios efectuados por la consejera Mnica Martnez Bravo en medio del escndalo, se denomina DGPPIA (Direccin General de Prevencin y Proteccin de la Infancia y la Adolescencia). La mayor parte son por incompatibilidades en las prestaciones econmicas a jvenes ex tutelados, pero tambin se revelaron incidencias en las aportaciones para la acogida de menores tutelados.
La comisin de investigacin creada hace un mes por el Parlament debe analizar la actividad de la DGAIA entre los aos 2011 y 2025, bajo los Governs de CiU, Junts pel S (Convergncia y ERC), JxCat y ERC en coalicin, ERC en solitario y PSC. Tras su constitucin, la primera sesin ordinaria se celebr el 5 de noviembre.
