La Comunidad de Madrid pagó 430.000 por el alquiler del local de un centro de salud cerrado durante cinco años | Noticias de Madrid

Durante casi cinco años la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pagó cada mes más de 8.000 euros de alquiler por un inmueble de Alcorcón para mantener un centro de salud cerrado. Entre inicios de 2020 y noviembre de 2024 el Gobierno regional gastó en total unos 430.000 euros por el local ubicado en la calle de Cabo de San Vicente 18, a pesar de que durante todo ese periodo no sirvió absolutamente para nada, según ha confirmado la propia Consejería. Daniel Rubio Caballero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, va más allá y dice que se utilizó como almacén de material sanitario. Durante ese período de cierre, admite un portavoz de la consejería que dirige Fátima Matute, se “estudiaron” nuevos usos sanitarios que no llegaron a ninguna parte, hasta que finalmente el pasado noviembre se rescindió el contrato. Pero el “derroche” ya estaba hecho. El centro de salud Doctor Fleming, luego asociado al centro de salud Los Castillos, costó además un dinero extra, ya que en los años previos, antes del cierre definitivo del servicio a causa del estallido de la pandemia, en este inmueble prácticamente abandonado solo funcionaban dos consultas.

El alquiler del inmueble para el centro de salud Doctor Fleming se inició en 1977 cuando el Instituto Nacional de Previsión ―la primera institución oficial de la Seguridad Social y de la asistencia sanitaria en España― y una arrendataria particular, Matilde Vidal Francés, firmaron el contrato para emplear el local ubicado en la calle de Cabo de San Vicente 18 (posterior), de 867 metros cuadrados, para servicios sanitarios. Vidal era la madre de un ex alcalde del PP de Algete, Carlos Torquemada Vidal, que estuvo en el cargo entre 1995 y 1999. El centro funcionó con normalidad hasta que en 2007 Esperanza Aguirre inauguró el de Los Castillos, un edificio independiente a tan solo 600 metros de distancia, y pasó a ser un centro asociado al nuevo.

Los vecinos comenzaron a advertir de la infrautilización del inmueble incluso antes del cierre definitivo el servicio en 2020, por lo que varios diputados socialistas en la Asamblea de Madrid intentaron obtener información al respecto. En 2019, según una nota publicada por la Cadena SER, Los Castillos se parecía más a un centro de salud “fantasma”, con paredes desconchadas y salones completamente vacíos. Solo se mantenían abiertas dos consultas: en una, una doctora, y en otra, una enfermera. Según un portavoz de la consejería, con esas dos consultas se “ofrecía apoyo asistencial de forma transitoria” al nuevo dispositivo de Los Castillos; lo que para Daniel Rubio Caballero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid que ha insistido en saber el trasfondo de este contrato, sirvió como mera “justificación” para mantener abierto el viejo centro de salud. El estallido de la pandemia de la covid en 2020 fue lo que finalmente provocó el cierre total de la actividad asistencial, según el mismo portavoz de la administración, “por cuestiones epidemiológicas, dado que sus instalaciones no permitían diferenciar espacios covid″.

A la Consejería de Sanidad dirigida por Fátima Matute le tomó mucho tiempo y muchas evasivas aceptar que el contrato del inmueble seguía vigente después del cierre del servicio en 2020. En 2023 confirmó a Rubio Caballero que se seguía pagando las mensualidades porque se estaba analizando “el coste de efectividad” del centro antes de tomar una decisión. El portavoz de la consejería ha asegurado a EL PAÍS que en ese periodo se estudiaron “nuevos usos sanitarios”, teniendo en cuenta que la instalación ya estaba catalogada como tal y que contaba con el permiso sanitario. 430.000 euros después, añade que el estudio “finalmente no ha prosperado al tener cubiertas las necesidades asistenciales en la zona”, y que por el paso de los años el local estaba en unas condiciones por las que “precisaba un reacondicionamiento”.

Según el diputado socialista, entre las diferentes justificaciones que dio la consejería estuvo que “se mantenía el alquiler para no tener que abonar a los propietarios una indemnización por la resolución del contrato de arrendamiento”. El portavoz de Matute confirma que a mediados del pasado año se solicitó la rescisión del contrato “que obligaba al arrendador a avisar al propietario del inmueble con un mínimo de seis meses de antelación”, y así se evitaría el pago de “penalizaciones de carácter económico”. Sin embargo, en el contrato de alquiler firmado en 1977, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no se menciona dicha indemnización, solo se aclara que “en caso de rescisión del contrato por parte del arrendatario, deberá ser comunicado al arrendador con seis meses de antelación”.

La pregunta que salta a la vista, y de la que este diario no ha tenido respuesta, es por qué la Consejería de Sanidad no rescindió del contrato de alquiler hasta cinco años después del cierre del servicio sanitario, en noviembre de 2024. Durante ese periodo el monto abonado por concepto de alquiler asciende a unos 430.000 euros en total, a los que se suma el pago de los servicios de suministro del inmueble como el agua y la electricidad, que también iban a cargo del Sermas. El cálculo viene de un documento que solicitó el PSOE en mayo de 2018, también consultado por este diario, en el que consta que para ese año el local de la calle del Cabo de San Vicente 18 tenía un coste de 100.122 euros anuales, es decir, más de 8.300 euros al mes. El contrato de alquiler estipula además que el precio se actualizaría cada dos años según el IPC, por lo que la cifra hasta que se ha rescindido el contrato en noviembre de 2024 podría ser superior. La consejería se ha negado a ofrecer información acerca de las facturas de los últimos años.

Tampoco ha ofrecido detalles acerca del actual propietario del inmueble, ya que, según el diputado socialista, Matilde Vidal Francés, que es quien firmó el contrato, ya ha fallecido. El socialista apunta entonces a su hijo, el popular Carlos Torquemada Vidal, que estuvo en el cargo entre 1995 y 1999. Torquemada es actualmente profesor de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria, según su perfil en LinkedIn, aunque su vinculación con la política y la administración pública también incluye que fue portavoz de los populares de Algete entre 1999 y 2001 y gerente de las extintas agencias de desarrollo, del Sur y del Corredor del Henares, de la Comunidad de Madrid, entre 2001 y 2002 durante el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.