La Comunidad de Madrid deberá pagar 1.000 euros a una profesora por el exceso de horas lectivas y CC OO avisa: hay otros 6.500 afectados | Noticias de Madrid
Raquel, una profesora de Secundaria de la Comunidad de Madrid que prefiere mantener su anonimato, se ha convertido en el referente de muchos al ganar una sentencia histórica la que ha tenido acceso EL PAÍS contra la Consejería de Educación por trabajar un exceso de horas lectivas. Durante el curso 2022/23 trabajó 21 horas lectivas a la semana, en lugar de las 20 establecidas. La Federación de Enseñanza de CC OO la asesoró jurídicamente y ahora la Administración deberá pagarle 1.000 euros por la sobrecarga laboral. Pero no solo a ella. El sindicato ha asegurado que solicitará una extensión de sentencia, que implica que todos los profesores de Secundaria que hayan vivido la misma situación en algún momento de los últimos cuatro cursos, también podrán reclamar esa misma cantidad. Estiman que son cerca de 6.500 los afectados; por lo que, de ser así, la Comunidad deberá desembolsar unos 6,5 millones de euros.
La profesora, que ha pedido no revelar ni tampoco el instituto en el que trabaja, mantuvo ese horario durante un curso por “falta de profesorado” en el centro. Eso le implicaba tener al menos un grupo más a su cargo. A cambio de eso, el reglamento indicaba que la compensarían con una hora menos de sus otras tareas, pero pronto se dio cuenta de que su carga de trabajo no se lo permitía. “La sentencia lo que dice es que no hay manera de compensar una hora lectiva. Una hora lectiva no puede equivaler a una reunión. No me pueden decir: ‘Como tienes que dar una hora de clase más, ya no vas a hacer reunión con las familias’”, explica. Durante un tiempo, asegura, hubo una orden para que se le pagara esa sobrecarga horaria, pero ese dinero nunca llegó.
La sentencia nº 63/2025, con fecha del 14 de marzo de este año y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, argumenta que la compensación por exceso horario regulada en la Orden del 23 de noviembre de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo es independiente de las horas complementarias y ambas deben abonarse sin que esto implique una doble compensación. El fallo establece que la Administración debe abonar 1.000 euros más los intereses correspondientes a la docente, además de condenar a la Administración a pagar 400 euros en costas judiciales. “Esto pone en evidencia que la Comunidad de Madrid está haciéndonos trabajar por encima de nuestras posibilidades y de lo que está regulado”, dice la afectada.
El caso de Raquel no era ni el primero, ni el último de este tipo que llegaba al sindicato, por lo que llevó a CC OO a utilizarlo como una “denuncia centinela”, para después poder solicitar una extensión de sentencia para todos profesores en la misma situación. “El número de profesores afectados es muy, muy alto. Podemos estar hablando a lo mejor entre 6.000 y 7.000 profesores. Esto además se puede reclamar con efecto retroactivo a cuatro cursos anteriores”, asegura Isabel Galvín, portavoz del sindicato. En caso de ser así y de que todos lo reclamaran, la Consejería deberá desembolsar entre 6 y 7 de millones de euros. Este diario ha solicitado una reacción a la Administración, a lo que han contestado: “No nos consta haber recibido aún la sentencia que mencionas, cuando llegue la estudiaremos”.
Con eso coincide Raquel: “Yo no era la única persona que estaba en mi instituto con 21 horas lectivas. A mí me tocó ese año, pero al año siguiente le tocó a otra compañera. Quien no ha estado un año, ha estado otro. Yo creo que va a haber muchos profesores que van a poder reclamar esto”.
La sentencia llega en un momento clave. Recientemente, la Consejería de Educación de Madrid y los sindicatos de la mesa sectorial —CC OO, ANPE, CSIF y UGT— firmaron el acuerdo que reduce de 20 a 19 las horas lectivas del profesorado en Secundaria. De esta manera, a partir de septiembre, todos los profesores tendrán una hora lectiva menos, que se irán reduciendo progresivamente hasta volver a las 18 horas para todos los docentes de ESO y FP en el curso 2028/29, según se ha acordado en un acto en la sede de la Consejería de Educación. “Es una manera de presionar a la Administración para que no tenga al profesorado por encima del horario legalmente establecido”, insiste Galvín.
