La Audiencia rechaza extraditar a El Salvador al miembro de una mara por el “riesgo para su vida” que supone el estado de excepcin de Bukele
La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a El Salvador al ex miembro de una mara reclamado por pertenencia a organizacin criminal ante la falta de garantas de que se respeten sus derechos fundamentales como consecuencia del estado de excepcin en que se encuentra el pas desde hace ms de dos aos, ordenado por su presidente, Nayib Bukele.
“Proceder de otro modo implicara amparar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad fsica, a la vista de la situacin actual”, concluye el auto de la Seccin Cuarta, en lnea con la postura de la Fiscala, tambin contraria a la entrega.
Segn la Audiencia, “se ha constado la existencia de una situacin excepcional o extraordinaria, consecuencia del proclamado y reiterado estado de excepcin en la Repblica de El Salvador, del que hay que dejar constancia fehaciente en la presente resolucin, como dato objetivo contrastado”.
Mxime, aade, cuando “una de las causas por las que se adopt tal situacin fue la de luchar contra las pandillas que ponan en riesgo la paz y la seguridad nacional”. Y el objeto de la reclamacin es, precisamente, la pertenencia a esas organizaciones criminales (terroristas), la mara Dieciocho Revolucionarios, aunque en el caso del reclamado fuera como colaborador externo.
La extradicin se solicit para que el reclamado cumpliera una condena de tres aos y cuatro meses de crcel por el delito de agrupaciones ilcitas en perjuicio de la paz pblica, que en Espaa correspondera con pertenencia a organizacin criminal. Segn recoge el auto, el reclamado ha manifestado que vino a Espaa huyendo de la accin de los miembros de la mara al ser objeto de reiteradas extorsiones.
Llamamiento
La Sala tiene en cuenta los distintos pronunciamientos de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que insta a El Salvador a respetar los derechos humanos en la lucha contra las maras. Igualmente, recoge un comunicado de Amnista Internacional relativo a la situacin en El Salvador y en el que se denunciaba la comisin de “graves violaciones de derechos humanos de forma sistemtica” desde que se aprobara el rgimen de excepcin.
El tribunal indica que el riesgo de violacin de derechos debe evitarse en la fase judicial de la extradicin, sin dejarlo a esa posibilidad al Gobierno, que tiene la capacidad de bloquear las entregas autorizadas por los tribunales.
“Por tanto, ante la hiptesis verosmil, a la vista de la situacin poltico-social existente en la Repblica de El Salvador, y las circunstancias personales del reclamado, de que no sean respetados los derechos fundamentales del mismo, consideramos, que debe rechazarse la entrega […] ya que proceder de otro modo implicara amparar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad fsica, a la vista de la situacin actual descrita en el Estado requirente”, concluye.
