La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Vctor de Aldama y lo mantiene en prisin por riesgo de fuga y de destruccin de pruebas


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La Seccin Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la defensa del empresario Vctor de Aldama contra el auto del juez Santiago Pedraz que acord su ingreso en prisin sin fianza por delitos de pertenencia a organizacin criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pblica en el marco de una causa en la que se investiga un fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos.

En su auto, la Sala rechaza el recurso de la nulidad que invocaba la defensa de Aldama por haber superado el plazo de detencin de 72 horas y apunta que la gravedad de delito y la pena que se le pudiera imponer justifica la prisin dado que los imputados podran eludir la accin de la Justicia mediante su fuga.

Segn el tribunal, en esta fase de la investigacin queda mucho material incautado en los registros que est pendiente de analizar que podra dar lugar a nuevas diligencias que podran verse perjudicadas de encontrarse Aldama en libertad.

Los magistrados recuerdan que una parte importante de lo defraudado (casi 74 millones de euros) se podra haber transferido a cuentas en el extranjero por lo que es preciso su localizacin y bloqueo, as como la determinacin de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas. Unas medidas que, segn la sala “se veran frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad, ya que hoy da, con los medios telemticos podra seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros pases”.

Por todo ello, la Sala concluye que concurren dos de los fines (riesgo de fuga y posibilidad de destruccin de pruebas) que la ley contempla para legitimar la prisin provisional.

El juez Pedraz, que cifra el fraude en cerca de 182 millones de euros, seala como responsables de la organizacin criminal a los codirectores Claudio Rivas y Vctor de Aldama, como subdirectora a Mara Luisa Rivas, as como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los rganos de administracin de las sociedades suministradoras.

El magistrado sostiene que se han identificado hasta la fecha transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China.





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