La Audiencia Nacional procesa a cuatro jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

La Audiencia Nacional ha dictado auto de procesamiento contra cuatro de los que fueron máximos responsables de la organización terrorista ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El magistrado Manuel García-Castellón ha dado este paso que llevará a sentar en el banquillo a los etarras que en el momento del crimen de Blanco, en julio de 1997, dirigían la organización terrorista. El juez señala la autoría mediata de los jefes de ETA y la comisión por omisión del atentado. El magistrado fija una fianza solidaria de dos millones de euros para los cuatro procesados que deberán aportar en un plazo de 24 horas.

Se trata de José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; María Soledad Iparraguirre, Anboto, y Mikel Albisu, Mikel Antza, considerado número uno de la trama etarra en aquellas fechas. A Antza, tras su captura, se le intervino una base de datos con información sobre 14.000 objetivos de ETA.

El juez apunta a la responsabilidad de los dirigentes de ETA por su autoría intelectual, por considerar que podían haber evitado el crimen y no lo hicieron, al considerarles autores intelectuales de los hechos, al sostener que dieron el visto bueno a los crímenes contra políticos dentro de la dinámica de la “socialización del terror”.

Explica en su auto que en ETA reinaba una “fuerte jerarquía, en la que imperaba la disciplina y la organización. Existió una cadena de mando de tipo vertical y ‘militar’ en la que las órdenes emanadas desde su ‘Comité ejecutivo’ llegaban a los integrantes de los comandos operativos de la organización terrorista para ser cumplidas. De este modo, cada miembro de un comando o de cualquier estructura obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable directo porque sabía que detrás de esa orden estaba la ‘Dirección’ de ETA, su ‘Comité Ejecutivo’, desglosa en su escrito.

“La información del objetivo sobre el que materializar la acción terrorista, y la planificación y ejecución de la acción terrorista, eran actuaciones generadas en el denominado ‘nivel directivo’ de ETA, es decir, en el seno de su ‘Comité ejecutivo’, la cúpula de la organización terrorista”, añade el texto.

La decisión de realizar la acción terrorista contra Miguel Ángel Blanco “no fue tomada por un miembro concreto o aislado del Comité ejecutivo de ETA, sino que requirió del consenso y la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes de la Dirección”.

García Castellón entiende que del análisis de los documentos sobre ETA y del estudio de la estructura y el funcionamiento interno de la organización terrorista, “puede concluirse que los integrantes del Comité ejecutivo de ETA en el momento en que se produjo el secuestro del concejal del PP, pudieron haber evitado su asesinato”.

En su extenso auto, detalla las pruebas y documentos que existen sobre cada uno delos cuatro procesados y que demuestran que formaban parte de la estructura directiva de ETA, que eran los que tomaban las decisiones y avalaban las actuaciones de los comandos.

Además de material documental incautado en operaciones, aporta también las ‘cantadas’ de los etarras detenidos, sus escritos de autocrítica en los que exponen sus dependencias jerárquicas.

Este procedimiento en el que el juez señala por autoría mediata a los jefes de ETA abre el camino para otros sumarios que aún se instruyen en la Audiencia por otros crímenes (como el de Santa Pola, el de Gregorio Ordóñez o el del magistrado Querol Lombardero) en los que también figuran como investigados los jefes de ETA.

García-Castellón abrió diligencias en 2022 por una querella de Dignidad y Justicia en la que solicitaba actuar contra los jefes de ETA en julio de 1997, fecha en que se cometió el atentado. En la causa también está personado el Partido Popular. Amabas acusaciones señalan la gran importancia de este procesamiento que abre la puerta a otras actuaciones en otros sumarios por la “autoría mediata”.

El magistrado apoya su decisión de procesarlos en informes tanto de la Guardia Civil como de la Policía en los que se desglosa la composición de la dirección etarra de la época, se aportan los datos para sustentar esta estructura delictiva. Ambos cuerpos explican cómo ETA era una organización piramidal y jerárquica en la que nada se llevaba a cabo sin las órdenes y el visto bueno de la dirección.

En ambos informes se apunta la identidad de los cuatro jefes de ETA ahora procesados como los entonces responsables de la trama terrorista. Y son contundentes: “Podían haber evitado” el asesinato de Blanco.

Los investigadores sostienen que, desde esos puestos «tenían la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista». «Es más, en el caso de pretender atentar contra objetivos especiales, la Dirección de ETA tenía que dar su autorización», explican en el informe aportado a la causa.

En sus conclusiones, la Policía añade que tuvieron en su mano impedir el asesinato durante los tres días de secuestro. «Los miembros del Comité Ejecutivo de ETA tenían la capacidad y los medios para poder haber ordenado el cese del cautiverio y la evitación de su asesinato, igual que asumieron desde un primer momento su secuestro y la responsabilidad de su muerte en un comunicado posterior. Pudieron evitarlo simplemente dando una orden al comando que lo tenía retenido». «Estaban en situación de plena conciencia de su posición de mando y teniendo el pleno dominio sobre el actuar de sus comandos armados, en este caso el Donosti, pudiendo haber impedido su asesinato», insisten.

También utiliza la argumentación del Tribunal Supremo a la hora de imputar a Puigdemont por terrorismo. Como desveló EL MUNDO, esta argumentación del Alto Tribunal abría la vía para condenar a jefes de ETA por los atentados cometidos cuando formaban parte de la dirección de la banda. En el auto del pasado 29 de febrero en que acordó encausar al ex president por su papel en Tsunami Democràtic, el Alto Tribunal cerraba sus argumentos recurriendo al concepto de autoría mediata, que permite la condena de los dirigentes de una organización por los hechos cometidos por los miembros de base.

«En una organización delictiva los hombres de atrás, que ordenan delitos con mando autónomo -pudiendo evitarlo- pueden, en este caso, ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores plenamente responsables», explica la Sala de Admisión para responsabilizar al ex president.

«El autor mediato de este supuesto domina la ejecución del hecho, sirviéndose de todo un aparato de poder de organización que funciona desde la cúpula, donde se diseña, planifica y se dan las órdenes delictivas, hasta los ejecutores materiales de las mismas, no sin antes pasar tales órdenes por las personas intermediarias que organizan y controlan su cumplimiento», añaden una resolución que fuentes judiciales y fiscales consideran relevante para llegar a condenar a jefes de ETA.

Además de la jurisprudencia del Supremo y de los contundentes informes de Policía y Guardia Civil, el magistrado ha tenido también en cuenta la declaración de dos etarras confesos que aportaron testimonio directo a la Audiencia Nacional sobre la estructura de ETA y como se diría la organización terrorista. Uno de ellos corroboró los informes policiales sobre los integrantes de la dirección de ETA, los cuatro ahora procesados. Los confesos declararon en la causa sobe el asesinato de Gregorio Ordóñez.

En un comunicado, Dignidad y Justicia explica que este caso fue el primero que esta asociación de víctimas consiguió reabrir “por la vía de la autoría mediata y la comisión por omisión. Además de este, y con la misma doctrina, la asociación ha reabierto causas como la del atentado de Santa Pola, el de Ondarroa, el de Sangüesa, el de Jesús María Pedrosa Urquiza o el de José Francisco Querol Lombardero, entre otros. Algunos de estos no tienen siquiera autor conocido, por lo que engrosan la dramática lista ahora reducida a 378 asesinatos. El procesamiento de la cúpula de ETA en el caso Miguel Ángel Blanco, por lo tanto, abre la puerta a que la Audiencia Nacional siente en el banquillo también a quienes eran responsables de la banda terrorista cuando se produjeron los mencionados atentados. El caso, por lo tanto, que ya supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista, pues despertó las conciencias dormidas de millones de personas y llenó de razones a la justicia, al legislador y a las fuerzas de seguridad para poner todos los resortes del estado de derecho al servicio del fin de ETA, está llamado ahora a convertirse en un punto de inflexión en la batalla judicial contra los casos sin resolver, pues abre una puerta nunca antes explorada para esclarecer cientos de asesinatos hasta el momento impunes por la vía de la acusación de los jefes de la organización”