La Audiencia avala la intervencin de los correos electrnicos del hermano de Pedro Snchez y el resto de polticos y funcionarios de la Diputacin
La Audiencia Provincial de Badajoz respalda la actuacin de la jueza, Beatriz Biedma, que investiga al hermano de Pedro Snchez y su actividad como alto cargo en la Diputacin de Badajoz. En un auto que tiene fecha de 25 de septiembre, y al que ha tenido acceso EL MUNDO, esta institucin judicial avala que los registros y la incautacin de las cuentas corporativas de 15 altos cargos y funcionarios (entre ellos el del el del propio David Snchez Prez-Castejn), realizados en tres ocasiones, dos en junio y la ltima hasta el momento este martes- ordenados por la magistrada y ejecutados por la Guardia Civil son legales. Contra este auto de la Audiencia -firmado por cuatro magistrados- no cabe recurso ordinario alguno.
Responde as la Audiencia a los recursos de reforma presentados por la defensa del propio David ‘Azagra’ y de otros diputados provinciales -representados por el letrado de la Audiencia de Badajoz- que haban intentado frenar esta investigacin, clave para descubrir -como sospecha la causa- que el pliego de condiciones para obtener el puesto de responsabilidad estaba presuntamente acordado con el propio msico, que entonces viva en San Petersburgo (Rusia). Al frente de la Diputacin en el momento del ‘fichaje’ del hermano del presidente del Gobierno y en la actualidad se encuentra Miguel ngel Gallardo, que desde la pasada primavera es el secretario general del PSOE de Extremadura, cuyos correos corporativos tambin han sido intervenidos al igual que los de Jos Ramn Surez Arias, jefe del Servicio de Administracin de Recursos Humanos, ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento, donde lleg a ser portavoz del grupo municipal.
Las defensas de los investigados en los correos consideran que sus clientes tienen derecho al secreto de las comunicaciones y, en concreto, el abogado defensor de David Azagra considera que en la denuncia presentada por Manos Limpias no constan ni indicios ni actividades concretas para que le puedan intervenir los correos durante siete aos, junto al resto de personas que han sido objeto de las investigaciones de sus correos electrnicos.
Sin embargo, la Audiencia considera que el auto que ordenaba el registro de la Diputacin “contiene la necesaria motivacin que requiere la injerencia en los derechos fundamentales que se dicen vulnerados en el recurso”. Y aade que “en el mismo auto se contiene ya un anlisis de dicha documentacin que claramente se cuestionan las actividades que comprende el puesto de trabajo del encausado (David Snchez Prez-Castejn), a la luz de su contrato, su escasa actividad como director de orquesta y la escasez de producciones del programa ‘pera Joven’, a pesar de que motiv el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo”, aade la Audiencia.
Para saber ms
De esta manera, subraya el razonamiento judicial de este organismo, “existe motivacin ms que suficiente para justificar” las decisiones tomadas por la jueza para “tratar de recabar” informacin relevante” directamente relacionada con la comisin de los delitos investigados y subraya que no existe otra forma de obtener la informacin de los correos que “que no sea su intervencin”, por lo que tiene justifica la “proporcionalidad” de las actuaciones, que han sido realizada de forma “exquisitamente cuidadosa con la determinacin del mbito subjetivo y objetivo afectado contra lo que dispone el recurso”, como tambin avala el Ministerio Fiscal en su informe al respecto, al subrayar que “se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para la adopcin de la medida ahora cuestionada”.
De esta manera, tambin avala la entrada de la UCO en la institucin para realizar el registro para “profundizar la investigacin” con la medida acordada.
Se tratan de miles de correos que se retrotraen hasta el 1 de enero de 2016, casi un ao y medio antes de que saliera a concurso las bases del proceso de concurso para obtener la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios, al que se presentaron 11 aspirantes, todos ellos relacionados con Extremadura, salvo el msico extremeo. La incautacin de los emails de los altos cargos de la Diputacin se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha en la que se produjo el cambio de denominacin del puesto de trabajo, pasando de ser Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Msica (son dos) a Jefe de la Oficina de Artes Escnicas.
Entre los los diputados investigados se encuentran Cristina Nez Fernndez, Francisco Martos Ortiz y Antonio Garrote Ledesma. ste ltimo, ex alcalde de Monesterio y actual diputado regional, que pidi que la causa se trasladara a la Audiencia Provincial por estar l aforado desde el pasado 21 de marzo que tom posesin de su acta en la Asamblea de Extremadura, aunque la jueza consider en una providencia que, por el momento, no haba llegado el momento para ello. Garrote era delegado en el rea de Recursos Humanos y Rgimen Interior precisamente cuando sali la plaza que fue adjudicada a David Azagra.
