La asociacin de fiscales que ejerce de acusacin carga contra Garca Ortiz: “No se puede ser parte del sistema y a la vez su saboteador”
“El fiscal general del Estado considera que el Tribunal Supremo es un instrumento de persecucin poltica que acta movido por razones extrajurdicas, lo que siembra dudas sobre la legitimidad de la justicia espaola. Consideramos que no se puede ser parte del sistema (ejerciendo el cargo que an hoy en da ejerce) y simultneamente su saboteador”. Es estos duros trminos de refiere la Asociacin Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) alvaro Garca Ortiz en un escrito remitido al instructor de la Sala Segunda ngel Hurtado.
En la actualidad, el fiscal general est imputado por la presunta comisin de un delito de revelacin de secretos en torno a la difusin de datos confidenciales del empresario Alberto Gonzlez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Desde la APIF sealan que la queja planteada por el fiscal general ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -denunci que la Guardia Civil haba analizado sus llamadas de telfono durante diez meses cuando en realidad se trataba de los datos del IMEI de su mvil- “carece de todo sustento legal, toda vez que la fuerza policial investigadora no tiene ninguna base legal para cercenar contenidos a su antojo, sino que debe hacer, precisamente, como ha hecho la UCO, incluir todos los datos que no afecten a la esfera ms personal del investigado. Es algo que acontece en todos los procesos judiciales con intervencin de comunicaciones y que, sin base legal alguna, pretende evadir el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, con una queja que, en realidad, lo que pretende esa afectar a la independencia judicial”.
De igual manera, en su escrito la APIF pone diversos ejemplos que apuntan a filtraciones que han tenido lugar desde el Ministerio Pblico durante la instruccin del juez del Supremo. “La fiscala como institucin ha entablado contacto con los medios de comunicacin para trasladarles datos que no estaban a disposicin ni del tribunal ni de las acusaciones. Por eso, resulta sumamente llamativo que quien est filtrando denuncie a su vez filtraciones (adems, de forma infundada)”.
Adems, esta asociacin plantea la siguiente cuestin: “cmo se ha conocido la queja formulada ante el CGPJ, si no es por la filtracin del propio fiscal general del Estado o su entorno?”.
Ms diligencias
Por otro lado, la defensa del novio de Daz Ayuso ha enviado un nuevo escrito a Hurtado donde pone de relieve que “apenas tres semanas se cumplirn los 12 meses del inicio del periodo de los hechos considerados (por el momento 8 a 14 de marzo de 2024), y con l la eliminacin de los datos automticos conservados por los prestadores de servicios de comunicaciones electrnicas”.
Por este motivo, la acusacin particular pide al instructor que ordene a las compaas telefnicas “requerir a las compaas Movistar, Vodafone, Orange y Grupo Mas Movil la conservacin de todos los datos que en cumplimiento de las obligaciones de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservacin de datos relativos a las comunicaciones electrnicas y a las redes pblicas de comunicaciones hayan acumulado de forma automtica desde el 1.03.2024 hasta la fecha del requerimiento y durante un periodo inicial de conservacin de 90 das” de las lneas telefnicas de Garca Ortiz, de su mano derecha Diego Villafae, de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodrguez y de la directora de Comunicacin de la Fiscala, Mar Hedo.
Asimismo, la acusacin particular piden que se conserven las conversaciones mantenidas entre la ex asesora de Moncloa, Pilar Snchez Acera, el actual secretario de organizacin del PSOE, Santos Cerdn, y los ex secretarios de Estado de Comunicacin, Francesc Valles e Ion Antolin “en sus comunicaciones” con ex lder del PSM, Juan Lobato.
Tambin pide el abogado de Gonzlez Amador que el instructor pide la relacin de ocasiones que les conste en las que desde el pasado 8 de marzo 2024 Diego Villafae Daz, teniente fiscal de la Secretara Tcnica de la Fiscala General del Estado y Mar Hedo hayan cambiado de dispositivo mvil.
En su declaracin como testigo, Hedo admiti tambin haber cambiado de terminal despus de que el Supremo abriera causa contrsu jefe, el fiscal general.
