La Abogaca del Estado pide al juez Llarena que deje de inmediato sin efecto la orden de detencin contra Puigdemont
La Abogaca del Estado ha remitido su escrito de alegaciones al Tribunal Supremo donde seala que la “amnista acordada por la Ley Orgnica 1/2024 les resulta de aplicacin” al ex presidente cataln Carles Puigdemont tanto por el delito de desobediencia como por la malversacin de caudales pblicos.
En el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los servicios jurdicos del Estado defienden que “proceder acordar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas por tales hechos, as como dejar sin efecto las rdenes de busca y captura e ingreso en prisin o de detencin de las citadas personas”. El instructor del procs, el magistrado Pablo Llarena, dio un plazo de cinco das hbiles a las partes una vez que la Ley de Amnista se public en el BOE para que se pronunciaran sobre su aplicacin.
A su vez, en una providencia, Llarena comunic a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continan vigentes y activas las rdenes nacionales de detencin” de Puigdemont y otros tres huidos “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.
Sobre del delito de malversacin de caudales pblicos, la abogado del Estado considera que no existe “ninguna circunstancia que ponga de relieve que la conducta de los procesados pudiera ser idnea para generar de forma efectiva un menoscabo al presupuesto de las instituciones de la Unin Europea o de sus instituciones u organismos”. La Ley de Amnista excluye que sean borrados aquellos delitos de desvo de fondos pblicos si afectan a los intereses financieros de la UE.
“En el presente caso ni se ha probado, ni se ha considerado en ningn momento, que los fondos dispuestos tuvieron origen en intereses financieros de la Unin”, sostiene la Abogaca.
Por otro lado, en sus alegacin, los servicios jurdicos del Estado afirman que “no existe dato alguno que acredite” que durante el procs se produjo “un propsito de enriquecimiento personal de los procesados, distinto del derivado de la disposicin de fondos a las finalidades antes descritas”, en referencia a los ex miembros del Govern de la Generalitat que presidi el prfugo Carles Puigdemont.
