La Abogaca del Estado acusa al juez del Supremo de omitir pruebas favorables a Garca Ortiz
La Abogaca del Estado ha acusado al juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, de omitir pruebas que exculpan a los investigados y de sostener “algunas de las imputaciones en meras opiniones, carentes de base probatoria” en lo investigado hasta ahora.
Los servicios jurdicos de la Administracin han presentado un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la decisin del magistrado citar como investigados al fiscal general, a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodrguez, y al teniente fiscal de la Secretara Tcnica de la Fiscala General, Diego Villafae.
La Abogaca considera que el magistrado -en el auto en el que justifica las citaciones- ha “omitido elementos de esencial relevancia” que ponen de manifiesto que “no concurre” en ninguno de los investigados “sospechas fundadas para considerarles posibles autores del delito” de revelacin de secretos.
A su juicio, tales afirmaciones colocan a la Abogaca “ante una prueba diablica de acreditar que no se ha producido lo que el instructor opina que s se habra producido, sin base probatoria alguna”.
Sostiene que los emails intercambiados entre el abogado de Gonzlez Amador, pareja de Isabel Daz Ayuso, y el fiscal de delitos econmicos Julin Salto “no forman parte de las diligencias de investigacin preprocesal”. A su juicio, “resulta difcil sostener que los datos e informacin que contenan los correos electrnicos objeto de esta causa especial merezcan la proteccin penal que dispensa el artculo 417 del Cdigo Penal”, relativo a la declaracin de secretos.
Al hilo, la Abogaca defiende que el auto del magistrado “sigue sin determinar los hechos o circunstancias en los que puede fundarse ese carcter secreto respecto del correo del 2 de febrero”.
Adems, insiste en que el instructor “sigue omitiendo que los hechos imputados a los investigados se encontraban amparados en las funciones y competencias propias del Ministerio Fiscal”.
En primer lugar, por la obligacin de los fiscales a dar cuenta de su actuacin en los casos que “por su importancia o trascendencia deba conocer el fiscal superior o los fiscales superiores”; y en segundo, por la obligacin de la Fiscala de informar a la opinin pblica, “especialmente cuando se trata de evitar la extensin de noticias inveraces con grave perjuicio para la imagen de la justicia y la funcin de los miembros del Ministerio Fiscal”.
Asimismo, la Abogaca seala que Gonzlez Amador autoriz a Miguel ngel Rodrguez, jefe de gabinete de Daz Ayuso, a que ste le diera difusin a los periodistas de dicho correo, de acuerdo a lo que declar el alto cargo de la Comunidad de Madrid. Y recalca que dicha circunstancia tuvo lugar “antes de que los investigados tuvieran conocimiento”.
DENUNCIA VULNERACIN DE DERECHOS
Los servicios jurdicos reiteran que el correo electrnico del 2 de febrero “estuvo a disposicin de mltiples personas”, que la copia de la denuncia de Fiscala del 5 de marzo “tambin fue remitida a la Agencia Tributaria”, y que tanto la denuncia como el expediente tributario estaban en el decanato de los juzgados de Madrid desde dicho 5 de marzo, “a disposicin de un nmero indeterminado de personas”.
Recuerdan a su vez que dos periodistas reconocieron haber tenido la denuncia, el informe de la Agencia Tributaria y el correo “desde el 6 de marzo”. As las cosas, acusan al magistrado de omitir estos y otros elementos que “acreditan que la filtracin del contenido del correo” se haba producido “con anterioridad a las 23.51 del da 13 de marzo”.
Para la Abogaca, la omisin de dichos hechos ponen en riesgo los derechos de los investigados. “Esta vulneracin se agrava en la medida en que, como ya hemos denunciado, en el presente caso se est realizando un juicio paralelo en contra de los investigados, con una difusin pblica ilegal y parcial que incide en la limpieza del proceso y que, incluso, puede llegar a poner en cuestin la imparcialidad del Tribunal”, aade.
PIDE RETRASAR LA DECLARACIN DE LOS INVESTIGADOS
En otro escrito, al que tambin ha tenido acceso esta agencia de noticias, la Abogaca pide al juez que practique una serie de diligencias “con carcter prioritario y previo a la declaracin de los investigados”, fijada para los das 29 y 30 de enero y 5 de febrero.
En concreto, propone que se cite a declarar a Gonzlez Amador al considerar que “si bien se ratific en su querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuando dicho tribunal diriga la causa, “el avance de esta investigacin hace necesario para esta defensa que se le tome declaracin”.
Tambin solicita las comparecencias como testigos de otros cinco periodistas, as como la citacin de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que ratifiquen y aclaren el informe que elaboraron con la informacin incautada en el registro del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodrguez.
Al margen, pide al instructor que requiera la intervencin del mvil de Miguel ngel Rodrguez, jefe de gabinete de Daz Ayuso, que ya compareci como testigo en el Supremo.
“Si bien esta parte ya ha formulado esta peticin en varias ocasiones, de manera oral, (…) se interesa de nuevo, y por esta va, la necesidad de esta diligencia, habida cuenta de las mltiples evidencias testificales que contradicen las constantes afirmaciones del seor Rodrguez respecto a que l no facilit a los periodistas el correo de fecha 12 de marzo sino hasta las 22.21 de da 13 de marzo, una vez ya estaba publicada la noticia de El Mundo de las 21.29”, apunta
