Koldo rehúsa responder a los senadores, se declara inocente y espeta: “Quieren crucificarme, pero yo ya estoy muerto”

Koldo García, ex asesor del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y presunto cabecilla de la trama de mordidas en los contratos de mascarillas realizados con diversas administraciones durante la pandemia, ha rehusado responder a la catarata de preguntas que le han realizado los miembros de la comisión de investigación del Senado.

El compareciente apenas ha pronunciado media docena de frases para afirmar su inocencia, explicar que no respondería por estar incurso en un procedimiento judicial e insistir en que tiene “la conciencia muy tranquila”.

Koldo ha llegado a acusar a los senadores: “Ustedes se van a dedicar a crucificarme y yo les digo que ya no puedo salir a la calle, que no puedo hablar con nadie, que yo ya estoy muerto”.

El ex asesor de Ábalos ha insistido en no tener “ni los medios ni las herramientas” para responder a las preguntas que se le han lanzado y en varias ocasiones ha pedido consejo a su abogado, presente en la sala, para replicar o no a las cuestiones que se le lanzaban.

En algún momento, en respuesta al representante de ERC, Joan Josep Queralt, se ha mostrado incluso desafiante: “¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?”. E incluso, a instancias del senador de Bildu, Josu Estarrona, que le ha preguntado si tiene la “conciencia tranquila”, ha respondido: “Igual que ustedes”.

A lo largo de su comparecencia, muchos senadores han aludido a las declaraciones que hizo Koldo a EL MUNDO. En especial lo ha hecho el representante del PP, Luis Santamaría, que ha enhebrado una durísima intervención acusatoria y ha llegado a calificar al compareciente de “persona sin alma capaz de todo” y “miserable”.

Ante esta andanada, Koldo García ha replicado: “Cree el ladrón que todos son de su condición”. Y ha advertido retador: “Cuando salga inocente, tendrá usted oportunidad de decirme lo que quiera. Yo he trabajado toda mi vida y he hecho lo correcto. Usted está enumerando irregularidades pero todo lo que usted dice lo dice por decir porque todavía la Justicia no ha dictaminado nada. Ustedes ya me culpabilizan pero quien tiene que dictaminar es la Justicia, no ustedes ni los medios de comunicación”.

Tras esta intervención, el presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, ha levantado la sesión no sin antes mantener un rifirrafe con su compañero de grupo, Santamaría, que deseaba replicar a las últimas palabras del compareciente.

En paralelo, en la comisión de investigación del Congreso ha comparecido este lunes la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enrique Chicano, que ha apuntado que “las fiscalizaciones sobre la contratación de emergencia detectaron una serie de deficiencias”. “Sin embargo, con carácter general, resultó ajustada a derecho y los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en estas fechas”, ha defendido.

Durante su turno de palabra, el diputado del PP José Vicente Marí ha desgranado el “cúmulo de irregularidades groseras”, entre “detectadas y no detectadas” por dicho organismo, que se cometieron durante la pandemia. En concreto, ha apuntado cómo Adif contrató 12,5 millones de euros en mascarillas “a una empresa sin comprobar nada respecto de la solvencia y capacidades” y sobre la que se señalaba que “Puertos del Estado había contratado con ella 20 millones”.

“El Tribunal de Cuentas ni la huele”, ha considerado el representante del principal partido de la oposición sobre la fiscalización de las operaciones llevadas a cabo por Soluciones de Gestión, la compañía que está en el epicentro del presunto cobro de comisiones millonarias por la venta de mascarillas que pivota en torno a Koldo García. “Esta redacción de informes tendente a dulcificar y dar la enhorabuena se comparece mal con lo que estamos viendo en los procesos judiciales abiertos”, ha agregado.

Por su parte, Chicano ha argumentado que no se ha abierto ningún expediente de responsabilidad contable a la citada empresa “porque no se dan las circunstancias”; es decir, que se hubiera producido “una denuncia del abogado del Estado o del fiscal general”, dos cargos nombrados directamente por el Gobierno. Asimismo ha defendido que el análisis de la contratación ilegal esta “fuera de las funciones” del organismo fiscalizador que preside.

Desde el PSOE, a su vez, han arremetido contra el PP por practicar un “ejercico perverso de deterioro y desprestigio de las instituciones” que ahora alcanza al Tribunal de Cuentas. “Esta mancha ni se borra ni se desaparece, va a permanecer esté quien esté y pase quien pase; hace un daño irreparable”, ha afirmado la diputada Mercedes González, que ha orientado su intervención a tratar de demostrar que a fiscalización de las compras de material sanitario se hizo de forma correcta.