Juicio contra el empleado ‘fantasma’ de la Faffe: el fiscal acusa por el “uso irregular de los fondos públicos” ya que el ex alcalde cobró un sueldo “sin hacer nada”

La Audiencia de Sevilla ha iniciado este jueves el juicio contra el conocido como empleado fantasma de la Faffe, el ex alcalde socialista de Lebrija Antonio Torres, y el ex director de esta fundación de la Junta de Andalucía Fernando Villén. Ambos se han sentado en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de malversación y prevaricación por uno de los capítulos más sonrojantes que se produjeron en este ente público durante la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE.

En la primera jornada del juicio, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha reiterado que está acusando en este asunto porque hubo un “uso irregular de fondos públicos”, ya que Antonio Torres cobró un sueldo de la Faffe “sin hacer nada”, ya que estuvo “en su casa sin trabajar”.

Antonio Torres, que fue alcalde de Lebrija durante 24 años, pasó de la Alcaldía a la Faffe en el mismo año. En julio de 2003 fue contratado por Villén para un puesto especialmente creado para él en la fundación de la Junta de Andalucía. Tan solo dos meses antes -mayo de 2003- se celebraron las elecciones municipales a las que Torres ya no se presentó. En los ocho años que estuvo en la Faffe, el ex alcalde cobró casi medio millón de euros -exactamente 491.203,03 euros– a pesar de que no hizo nada, según la acusación de la Fiscalía que pesa sobre él.

Dinero público en prostíbulos

La Faffe ha sido el origen de más de un caso de corrupción. Su director Fernando Villén ya fue condenado en septiembre de 2023 a seis años de cárcel por gastarse 32.556 euros de dinero público de esta fundación en prostíbulos. Villén, antes de ocupar las máximas responsabilidades en este ente público, se sentó en la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, al frente del área de Empleo.

Además, un juzgado de instrucción de Sevilla sigue investigando si la Faffe funcionó casi como una agencia de colocación para familiares, allegados y ex dirigentes del PSOE andaluz. Está indagando la contratación de 200 personas con vínculos con el socialismo andaluz en la etapa en la que este partido gobernaba en Andalucía. La Faffe se creó, en teoría, para combatir el desempleo impartiendo cursos de formación.

Vulneración de derechos fundamentales

Durante el juicio, los abogados de la defensa han denunciado que se han vulnerado derechos fundamentales de sus patrocinados, lo que daría lugar a la anulación de la causa y que quedaran exonerados de cualquier responsabilidad. Sin embargo, la Fiscalía no ve que ello haya ocurrido.

Pablo Ollero, letrado de Antonio Torres, ha considerado que en esta causa se ha vulnerado el derecho constitucional de su cliente a la “participación política”, ya que está siendo acusado por haber accedido a un empleo público por su pertenencia al PSOE. Además, ha recordado que hay otros casos de supuestos enchufes en la Faffe que todavía no han llegado a juicio o se han archivado.

Otro ex alcalde y un ex concejal

Sin embargo, el fiscal ha rechazado su tesis y ha recordado que el ex alcalde socialista de Montellano Francisco Aguilera y el ex concejal de Jerez Francisco Camas (PSOE) también contratados de forma “irregular” en la Faffe al menos iban a trabajar, con “más o menos rendimiento”. Aguilera se dedicaba a “dormir” y “leer la prensa” en el trabajo, según declararon a la Guardia Civil varios compañeros suyos. Por ello, según el fiscal, el caso de Torres presenta un “perfil propio”, ya que, a la circunstancia de su contratación “irregular” se une que, encima, no acudió a su puesto de trabajo. Los casos del ex alcalde de Montellano y el ex concejal de Jerez ya fueron archivados.

Adolfo Cuéllar, defensor del ex director de la Faffe, ha afirmado que la investigación judicial y policial sobre la contratación irregular de Antonio Torres ha sido “prospectiva” y se ha montado como una “inquisición general”, cuestiones que están prohibidas por la legislación. Se hizo así, según su tesis, porque se entendió, erróneamente, que todo lo que se hacía en la Faffe era ilegal.

En la investigación judicial, la Faffe “se abre en canal porque, aparentemente, hay un cúmulo de irregularidades y posibles delitos y hay que investigarla como sea y sin respetar los derechos fundamentales”, ha denunciado Cuéllar.

Para el abogado Alfonso Martínez Escribano, que representa al Partido Popular, que está personado en el caso, no se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados. “La investigación ha sido compleja, pero no prospectiva, y ha concluido con tintes singulares”, ha deslizado. La clave, según este letrado, es si Antonio Torres prestó o no sus servicios y si hay o no contratación ilegal en este ente público.

El ex director de la Faffe se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación, mientras que sobre el ex alcalde de Lebrija pesa una posible pena de dos años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación como “cooperador necesario” de prevaricación y malversación, según la acusación del Ministerio Público.