Imputada la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil | Noticias de Madrid

Una jueza de Madrid ha imputado a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental presuntamente cometidos a través de la empresa Maxwell Cremona. Los investigadores de Hacienda, según recoge la denuncia de la Fiscalía, sostienen que el comisionista habría defraudado más de 350.000 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, y por trabajar para el grupo sanitario Quirón. Estas actividades le permitieron multiplicar por seis los ingresos de su empresa. Las diligencias se abren también contra cuatro personas más: los tres presuntos colaboradores de González residentes en un pueblo de Sevilla ―David Herrera Lobato y los hermanos Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo― y el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer.

En un auto de seis páginas fechado el 20 de marzo y al que ha tenido acceso este diario, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 ha incoado diligencias previas contra los cinco investigados tras recaer en este juzgado la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal por turno de reparto. La jueza acuerda que se les cite a declarar en calidad de investigados. La investigación se centra en indicios delictivos sobre el Impuesto de Sociedades y en unas facturas falsas que “no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”.

La denuncia contra González Amador sostiene que las compañías del empresario habrían presentado 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Como reveló EL PAÍS, la investigación de Hacienda sobre Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, puso en la diana especialmente dos facturas emitidas por una empresa de México y otra de Costa de Marfil. Así, Maxwell Cremona se dedujo en 2020 una “factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA (…) empresa que no realizó ningún servicio o trabajo”. Además, una empresa radicada en Costa de Marfil, Gayani Ltd, 2021 permitió al investigado deducirse “indebidamente” en 2021 922.585,63 euros.

En el auto, la juez razona que “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal”. De esta manera, el total de lo defraudado ascendería a 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, en los que los denunciados realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus, siendo el principal cliente el gigante sanitario Quirón, según recoge la denuncia.

Tras más de un año de trabajo por parte de los inspectores fiscales, el servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria emitió hace dos meses un informe donde califica así el fraude atribuido a González Amador: “La conducta descubierta no es fruto de un mero error sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”.

Los delitos de los que ha sido acusado González Amador prevén penas de cárcel de hasta seis años y el pago de multas que podrían suponer un desembolso millonario. El fraude fiscal está recogido en el artículo 305 del Código Penal. Hay fraude si el importe excede los 120.000 euros y la ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones que pueden ser hasta siete veces superiores a la cuantía defraudada.

La pareja de Ayuso también está acusada de falsedad documental. En este caso, son los artículos 390 y siguientes del Código Penal los que regulan el castigo. “Prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años” en el caso ser un funcionario público quien cometa el delito en el ejercicio de sus funciones.

La gravedad de esos posibles castigos es lo que previsiblemente llevó al abogado del comisionista a proponer a la Fiscalía un acuerdo de conformidad el 2 de febrero. Ese ofrecimiento, que implica reconocer los delitos, también suponía para González reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y minorar las expectativas de pagar una sanción hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada. Solo unas horas antes de que se conociera esa confesión, en la que González se ofrecía a pagar lo defraudado, la presidenta regional había negado que su pareja hubiera cometido delito alguno. Desde entonces, Díaz Ayuso ha dejado de asumir la defensa del empresario en primera persona, se ha limitado a argumentar que la polémica no tiene nada que ver con la Comunidad, pues las dos partes no están unidas por ningún contrato, y ha dejado sin respuesta las preguntas sobre cómo afecta la polémica a su crédito político.

La relación sentimental entre González Amador y Ayuso, divorciada tras casarse en 2008, se conoció en mayo de 2021, cuando Lecturas publicó unas fotos robadas de ambos de vacaciones en Ibiza. Entonces, trascendió que el empresario era técnico sanitario, que estaba divorciado, y que tenía tres hijos. De esta manera, los presuntos delitos se habrían cometido cuando ya la pareja se conocía, pues se corresponderían con las declaraciones hechas en 2021 y 2022 sobre los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Desde finales de 2023, viven juntos en una casa de 183 metros cuadrados que el ahora imputado se compró en Madrid tras el presunto fraude fiscal.

La investigación del caso ha provocado ataques sin precedentes por parte de la Comunidad de Madrid a la prensa. Primero, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, amenazó a una periodista de eldiario.es, trasladándole que iba a “triturar” al medio, que tendría “que cerrar”. Luego, distribuyó los nombres y fotografía de dos informadores de EL PAÍS que trabajaban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta, acusándoles falsamente de acosar a menores y vecinos, un bulo cuyo autoría ha reconocido este cargo público. Pese a las protestas de asociaciones profesionales, sindicatos y partidos de la oposición, Rodríguez no se ha retractado ni ha pedido disculpas, y Díaz Ayuso no le ha cesado.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.