‘Hay Derecho’ anima al Parlamento a recurrir ante el Constitucional la falta de Presupuestos
Hay Derecho, la fundacin sin nimo de lucro que supervisa y denunciar las anomalas del juego democrtico, defiende, en un informe en el que radiografa la actividad y los usos del Parlamento espaol, la necesidad de que las Cmaras planteen un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional por la no presentacin del proyecto de Presupuestos en tiempo y forma, como obliga el artculo 134 de la Carta Magna.
Esta es slo una de las propuestas que lanza la Fundacin en un intento de que Congreso y Senado superen, en palabras del doctor en Derecho Constitucional, Germn Teruel, la “esclerosis” actual que los ha convertido en una instancia “secundaria” respecto del Ejecutivo.
El informe recuerda que los Presupuestos son “el principal instrumento del que dispone un Gobierno para desarrollar su poltica econmica y social”. Y de esa importancia “capital” se deriva el que su aprobacin anual sea asumida “como una revlida acerca de la confianza del Parlamento en el programa poltico del Gobierno”. En lo que va de legislatura el Ejecutivo no ha presentado ningn proyecto de Cuentas del Estado, de manera que se mantienen prorrogados los Presupuestos elaborados en 2022 por un Gobierno distinto al actual y aprobados para el ejercicio 2023 por un Parlamento diferente al de hoy en da.
La diligencia respecto a los Presupuestos se ha roto bajo el mandato de Pedro Snchez. En los ltimos aos, en tres ocasiones -2020, 2024 y 2025- el Gobierno ni siquiera ha presentado el proyecto, lo que implica “una prueba ms de la desconsideracin del Poder Ejecutivo hacia el legislativo”. “No cumplir con su obligacin constitucional”, concluye la Fundacin, “supone una grave merma de las funciones de las cmaras que podra llevar a un conflicto de atribucin de competencias para que el TC siente doctrina al respecto, evitando as que este incumplimiento se cronifique y se normalice”.
No es esta la nica disfuncin grave que detecta Hay Derecho en el funcionamiento parlamentario. As, cita los proyectos de ley “encubiertos” bajo el ttulo de proposiciones de ley como una va para “eludir una tramitacin legislativa con todas las garantas”. En los ltimos aos, la tendencia a presentar proposiciones de ley a travs de los grupos que sostienen al Gobierno es creciente: en 2024, el PSOE present 14 y Sumar, 22, dos de las cuales fueron firmadas conjuntamente y con otros grupos. El problema ms importante est en el uso que se hace de esta prctica para las iniciativas polticamente sensibles. Hay dos casos paradigmticos: la Proposicin de Ley Orgnica de garanta y proteccin de los Derechos Fundamentales frente al acoso derivado de actuaciones judiciales abusivas y la proposicin de Ley Orgnica de Amnista.
El informe denuncia tambin el incremento del “filibusterismo” parlamentario o lo que es lo mismo las prcticas abusivas de las Mesas y sus presidencias para dificultar la tramitacin de iniciativas de la minora o de la oposicin. En este apartado se incluye la prrroga indefinida de los plazos de enmiendas. Por ejemplo, en lo que va de 2025, las Cortes han tomado en consideracin 41 proposiciones de grupos parlamentarios, pero slo siete de ellas , todas firmadas por los socialistas, han superado el trmite de enmienda, en tanto que las 16 remitidas por el Senado y firmadas por los populares estn congeladas en fase de enmiendas.
Igualmente se seala el abuso en el ejercicio del “veto del Gobierno” en las iniciativas que suponen aumento de crditos o disminucin de los ingresos presupuestarios y la introduccin de las llamadas “enmiendas intrusas” en un proyecto legislativo con el que no guardan ninguna relacin a fin de colar decisiones, a veces muy importantes, sin que se produzca un debate pleno sobre las mismas. El caso ms grave que se cita en el informe es el que se produjo en 2022 con las enmiendas que pretendan modificar el sistema de nombramientos de magistrados del TC y que se intentaron introducir en una proposicin de ley orgnica de trasposicin de directivas europeas en materia penal.
Finalmente, Hay Derecho denuncia la invasin por parte del Gobierno de la potestad legislativa mediante el uso del decreto ley. En 2024, el nmero de decretos leyes aprobados super al de leyes ordinarias. En 2020-2021 su uso fue an mayor pero en buena medida estuvo justificado por la crisis del Covid.
En 2020, el ao de la pandemia, se aprobaron 39 decretos ley con un total rcord de 1.335 pginas. En 2023 y 2024 el nmero de decretos ley se situ en los niveles prepandemia -ocho y 11 respectivamente- pero con textos mucho ms largos: 797 y 556 pginas.
La distorsin ms grande de esta figura se produce con los decretos ley “mnibus” que obligan al Congreso a votar en bloque iniciativas muy dispares. De esta forma se convierten en un “mecanismo de coaccin poltica” que fuerza a la Cmara a posicionarse sobre todo o nada mezclando propuestas de amplia acogida con otras polmicas o rechazables. Tres de los 11 decretos ley aprobados en 2024, cinco de los ocho en 2023 y siete de los 20 en 2022 pueden considerarse normas mnibus o autnticos “cajones de sastre”.
