Garca Ortiz se ata al cargo por un “vaco legal” mientras el Supremo advierte: “Pone en cuestin el prestigio de la institucin”

Un vaco legal permitir a lvaro Garca Ortiz continuar en el cargo de fiscal general del Estado pese a su condicin de encausado por la comisin de un delito de revelacin de secretos cometido presuntamente tras la filtracin de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Daz Ayuso.

El instructor del Tribunal Supremo, ngel Hurtado, dict ayer el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general y rechaz suspenderlo cautelarmente de sus funciones, tal y como haba solicitado la Asociacin Profesional e Independiente de Fiscales, por no estar ese trmite previsto en la ley. Existe una regulacin para acordar la suspensin de cualquier miembro de la carrera fiscal, que es de naturaleza administrativa, aunque, de conformidad con ella, no contempla la propia suspensin del fiscal general de Estado, recogi Hurtado.

Lo cierto es que el legislador no previ que el mximo representante del Ministerio Fiscal, institucin que tiene como misin constitucional promover la accin de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico, pudiera ser el autor de un delito.

Hurtado record ayer que existe ese vaco legal respecto de la suspensin cautelar del fiscal general una vez abierto el juicio oral y destac que el procedimiento para acordar la suspensin cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal lo es de ndole administrativo y debiera ser en esta va donde se decidiera sobre esta cuestin en el caso de Garca Ortiz.

De ah, que el instructor decidiera dar traslado de su auto a la Inspeccin Fiscal de la Fiscala General para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisin adoptada. Es altamente improbable que la Inspeccin, dirigida por una fiscal muy prxima al encausado, de su ncleo de total confianza, la inspectora Mara Antonia Sanz, decida suspender a su jefe.

Garca Ortiz, que hasta ahora se ha aferrado al cargo y contina rechazando dimitir, se convertir as en el primer fiscal general de la historia de Espaa que se siente en el banquillo de los acusados. Lo har previsiblemente en el mes de noviembre, fecha en la que la Sala de lo Penal quiere sealar la vista oral si no hay contratiempos.

Adems, en el auto, el juez Hurtado dio ayer un plazo de cinco das al encausado para abonar una fianza civil de 150.000 euros por el perjuicio causado al empresario Alberto Gonzlez Amador con la filtracin de un correo electrnico de 2 de febrero de 2024 que la defensa del novio de la presidenta madrilea envi a la Fiscala de Delitos Econmicos de Madrid, en el marco de conversaciones establecidas para alcanzar una conformidad, donde el abogado admiti que ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pblica. Contra el auto de apertura de juicio oral, no cabe interponer recurso salvo en lo relativo a la fijacin de la fianza por responsabilidad civil.

La cuanta de la fianza, pese a ser elevada, es la mitad de la reclamada por la acusacin particular. Gonzlez Amador haba solicitado la fijacin de una fianza civil de 300.000 euros para el fiscal general.

El juez Hurtado considera que la filtracin de ese correo a la Cadena Ser fue la base para la formacin de una generalizada opinin pblica, que considera culpable de un delito a quien no lo es, quedando con ello afectada su honorabilidad y su reputacin social, en referencia a Gonzlez Amador, quien en la actualidad se encuentra investigado por fraude fiscal y falsedad documental pero sobre quien no ha recado sentencia firme alguna.

En la resolucin, el magistrado de la Sala Segunda volvi, adems, a subrayar la solidez de la base indiciaria obrante contra Garca Ortiz. El citado correo contena informacin sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que haban sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscala, que han de presidir este tipo de conversaciones, como habra de ser en cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscala General del Estado y el Consejo General de la Abogaca, y que llevan aparejado un deber de discrecin, por razn del cual no es tolerable divulgacin alguna a terceros sin autorizacin del interesado, cuya reputacin bien pudiera verse perjudicada por esa revelacin.

Adems, la filtracin de ese mail, segn el juez Hurtado, pone en cuestin el prestigio de la institucin, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y funcin constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa funcin a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuacin se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado.

El auto, aade que todo ello fue asumido por Garca Ortiz, desde el momento que, a una informacin confidencial de la que tuvo conocimiento por razn de su cargo como Fiscal, le dio una publicidad que no debi alcanzar, como alcanz, al salir del mbito de reserva para el que fue concebida.

Hurtado considera que esos hechos son constitutivos de un delito de revelacin de secretos tipificado en el artculo 417 del Cdigo Penal pero tambin recogi los otros delitos apuntados por las acusaciones como la prevaricacin administrativa o la infidelidad en la custodia de documentos pblicos.

La defensa de lvaro Garca Ortiz, asumida por la Abogaca del Estado, dispone de un plazo de diez das para presentar su escrito de cara al juicio oral.

El fiscal general del Estado ser juzgado por una Sala compuesta por los magistrados Andrs Martnez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramn Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer.