¿Gana alguien en la guerra del SMI?: Sumar sólo salva un año y el PSOE se ve obligado a rectificar
La lectura del acuerdo alcanzado in extremis entre los ministerios de Hacienda y Trabajo para que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tengan que tributar en 2025 trasciende con creces el ámbito meramente fiscal. Este pacto anunciado este viernes apenas hora y media hora después de la escenificación de una ruptura en las negociaciones ha evitado lo que hubiera supuesto un enfrentamiento inédito: el socio mayoritario de la coalición –PSOE– vetando en el Congreso una iniciativa del minoritario –Sumar– para doblarle el brazo con la mayoría de sus aliados parlamentarios y la ayuda del PP.
Al final, los equipos de María Jesús Montero y Yolanda Díaz se han visto abocados a ceder en sus numantinas pretensiones iniciales para evitar el choque frontal. Sin embargo, la solución de mínimos rubricada sobre la bocina lo que hace en la práctica es aplazar el problema hasta el año que viene, porque el fondo del debate es una confrontación de dos modelos ideológicos.
La posición que desde Hacienda defendían como inamovible es que resulta «insostenible» seguir subiendo el salario mínimo -lo ha hecho de 736 a 1.184 euros desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa-, tal y como se ha comprometido el Ejecutivo hasta que alcance el 60% del sueldo medio neto. La ministra del ramo, dentro de la cuota socialista de la coalición, argumentaba que era necesario hacer “pedagogía” sobre la tributación para no incurrir en lo que califica como “populismo fiscal”.
Por su parte, Díaz se opuso desde el principio frontalmente a este planteamiento con el argumento de que “la justicia fiscal comienza por arriba” y advirtió que utilizaría «todos los mecanismos democráticos posibles” para evitar que haya perceptores del SMI que tengan que pagar impuestos. La amenaza se materializó con el registro en el Congreso de una proposición de ley para blindar a estos trabajadores -similar a las presentadas, a su vez, por el PP y Podemos- que Sumar retiró este viernes tras alcanzar el acuerdo con su socio.
Según ese texto, a falta de que se conozcan todos los detalles, quienes reciben el salario mínimo tendrán que hacer la declaración de la renta, como los demás, pero al 20%de los 2,4 millones de personas en esta situación laboral que sí veían mermados sus ingresos se les compensará con “una deducción en la cuota”. Esto permitirá que al final del proceso no pierdan parte de sus ingresos de 16.576 euros brutos anuales (1.184 en 14 pagas) con el abono del IRPF.
El importe de esta deducción sería de una cuantía similar al dinero retenido, con lo que a efectos prácticos sería como si no hubieran tributado, en contra del criterio mantenido por Hacienda para los preceptores sin cargas familiares. No se ha comunicado oficialmente el dato, pero hace días se trabajaba con la opción de que fuera alrededor de los 340 euros.
El equipo de Montero estima un coste de 200 millones frente a los entre 1.500 y 2.000 que dice que habría significado aceptar la propuesta de Sumar de eximir todo el SMI. La solución, sin embargo, se aplicaría exclusivamente en el ejercicio 2025 en lugar de consolidarse en el tiempo, un punto en el que ha cedido Trabajo.
Escenificación de una ruptura
Las negociaciones para cerrar este acuerdo en el seno de la coalición estuvieron oficialmente rotas 12 horas, aproximadamente desde las 22.00 horas del jueves hasta pasadas las nueve de la mañana del viernes. Al menos eso es lo que escenificó Díaz en una entrevista en Telecinco apenas una hora y media antes de que se anunciara justo lo contrario, que se había firmado la paz.
En ese ínterin, desde el ala socialista de Moncloa no se dio en ningún momento por fracasada la posibilidad de consensuar una solución. “Ahora las posturas no están cerca, pero vamos a ver qué pasa”, se transmitía desde el equipo de Sánchez, donde había quien ironizaba con que los “pactos de último minuto” a los que están acostumbrados desde el principio de la legislatura tenían visos ya de ser “de último segundo”.
A las seis de la tarde de este viernes acababa el plazo para que el Gobierno, en contra del criterio de Sumar, pudiera presentar veto a la proposición de ley del propio Sumar para que el SMI no tribute en ningún caso con el argumento de que es una medida que impacta en el Presupuesto. Aunque en Hacienda quitaban hierro a ese corsé temporal, apuntando que el veto se podría levantar más adelante si se llegaba a acuerdo, en la práctica hubiera supuesto trasladar una imagen de fractura sin precedentes que, por ahora, se ha logrado evitar.
