Fiscales denuncian el desafo de Garca Ortiz a la Justicia: “Se ha instalado en el lawfare de Snchez”
El fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, goz ayer de las prerrogativas que lleva aparejadas su cargo al declarar como imputado en el Tribunal Supremo. Lleg las 09.50 horas a la sede del Alto Tribunal en su coche oficial y fue recibido por el fiscal jefe de la Seccin Penal del Alto Tribunal, Javier Huete, siguiendo ste la costumbre de cortesa de salir a recibir al mximo representante del Ministerio Pblico.
Tras decir un escueto buenos das, Garca Ortiz accedi al edificio por la puerta noble del antiguo Palacio de las Salesas, reservada para las autoridades, entre algunos gritos de sinvergenza o ya te ha dicho Snchez lo que tienes que decir. Ya en la Sala de aforados del Supremo, ubicada en la planta baja del tribunal, en concreto, en la antigua zona de la Audiencia territorial, opt tambin por hacer uso de su facultad de sentarse en estrados, es decir, en la zona lateral habitualmente reservada a los fiscales y abogados, y no frente al tribunal, como sucede habitualmente con los investigados. Adems, para su declaracin como imputado, eligi llevar puesta una corbata con la balanza de la Justicia, sin duda, escogida por su simbologa y significacin.
Ya en su cara a cara con el magistrado del Tribunal Supremo, ngel Hurtado, Garca Ortiz opt por no responder a las preguntas del instructor que le investiga por un delito de revelacin de secretos presuntamente cometido a travs de la filtracin de datos confidenciales de la pareja de Isabel Daz Ayuso. El fiscal general acus al juez de estar actuando de manera predeterminada. Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad, lleg a afirmar.
Adems, lvaro Garca Ortiz -primer fiscal general imputado en democracia- argument que haba sufrido una invasin de sus derechos fundamentales durante la entrada y registro que orden Hurtado en su despacho el pasado da 30 de octubre. El fiscal general dijo que consideraba que esa diligencia, practicada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es nula. Tambin abund en que jams se pudo imaginar una entrada y registro en el despacho de un fiscal general.
Por otro lado, el investigado reproch al juez Hurtado que haya denegado la prctica de las ltimas diligencias que haba solicitado su defensa, es decir, la Abogaca del Estado, y justific su negativa de responderle dado que todava hay otras diligencias cursadas pendientes de resultado, por ejemplo, las relativas al borrado de su mvil.
La estrategia de defensa de Garca Ortiz fue secundada por la representante del Ministerio Pblico, la teniente fiscal del Alto Tribunal ngeles Snchez Conde, nmero dos del imputado. La fiscal no plante ninguna pregunta al fiscal general porque defendi que el origen de la mayor parte de los indicios recabados en este procedimiento se sita en una entrada y registro ilegal y que, adems, hay una conexin de antijuricidad pendiente de ser resuelta por la Sala de Apelaciones del Supremo.
La actitud ayer del fiscal general ante el juez del Supremo recibi un alud de crticas en el seno del Ministerio Fiscal. Los reproches a Garca Ortiz se centran en que siendo un cargo institucional, que representa a toda la carrera fiscal, y que encontrndose entre las funciones del Ministerio Fiscal el deber de velar por la independencia de los tribunales, su mximo representante no puede abrazar una estrategia de defensa que pase por deslegitimar al Poder Judicial. Se ha colocado fuera del Estado de Derecho, instalndose en el lawfare de Snchez, lamentan fuentes fiscales en conversacin con EL MUNDO. Con esa posicin, ha cuestionado la legitimidad del Tribunal Supremo siendo el fiscal general del Estado. Ha sido un espectculo bochornoso, critica otro veterano fiscal del Alto Tribunal. El fiscal general del Estado no puede actuar as porque arrastra a la institucin, redundan estas fuentes.
La imputacin del fiscal general , en una causa que con claras connotaciones polticas -en el auto de su citacin, el juez Hurtado seal que el correo de la confesin del novio de Ayuso tuvo salida de la Fiscala General del Estado y destino Presidencia del Gobierno-, junto al hecho de que Garca Ortiz haya decidido permanecer en el cargo pese a estar siendo investigado, han tensionado hasta el extremo al Ministerio Pblico en los ltimos meses.
Ha tratado de deslegitimar al mismo Tribunal Supremo que 24 horas antes por unanimidad no le anul el nombramiento. Increble, recalcan fuentes fiscales, en referencia al auto dictado el pasado martes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde se desestim en trminos rotundos el recurso que la Asociacin Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) interpuso contra la designacin de Garca Ortiz como fiscal general.
No puede utilizar la misma tcnica procesal de los narcotraficantes, destruyendo mviles y respondiendo slo a su abogado siendo el fiscal general del Estado. Como imputado puede, como fiscal general, no, agregan otras fuentes fiscales. De igual manera, estas fuentes subrayan que el hecho de que no haya querido responder al juez Hurtado refuerza los indicios que hay en su contra ya que ha perdido la oportunidad de dar una explicacin verosmil de lo sucedido ante el Tribunal Supremo.
Durante la hora y 25 minutos que se prolong su comparecencia, el fiscal general neg haber filtrado el correo de la confesin del empresario Alberto Gonzlez Amador a medios prximos al Gobierno o al propio Ejecutivo, puso en tela de juicio el testimonio que proporcion en sede judicial la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y asegur que en los ltimos aos ha cambiado seis veces de telfono mvil, siendo la ltima una semana despus de que el TS abriera causa penal contra l.
Por su parte, la mayora de los 2700 fiscales que integran el Ministerio Pblico en nuestro pas considera que Garca Ortiz debe dimitir. Creen que, tanto si es culpable como inocente, no debera estar haciendo pasar por este amargo trance a la institucin que debe velar por el cumplimiento de la legalidad.