Feijo estalla contra el acuerdo de Junts y el PSOE: “No me habra dedicado a la poltica de haber sabido que consista en esto”
El PP estudiar tres recursos ante el Tribunal Constitucional por los pactos del PSOE con Junts
“El Gobierno ha hecho el ridculo mercadeando con los derechos de todos los espaoles sin saber los espaoles lo que hoy hemos entregado”. Alberto Nez Feijo no ha ahorrado contundencia para valorar la sesin plenaria en la que el Gobierno ha salvado in extremis dos de sus tres decretos, gracias a un pacto con Junts.
Tras haber dicho que votaran “no”, los independentistas han acabado decantando la balanza a cambio de varias cesiones del Gobierno.
Para el presidente del PP, ese acuerdo de Junts y el PSOE, anunciado por los secesionistas, supone la confirmacin de que “el Gobierno lo preside un presidente sin cartera”, en referencia a Carles Puigdemont. “Desde Bruselas se ha decidido qu, cmo y cundo se aprueba. Es la primera vez que la soberana se traslada fuera de Espaa”, ha aadido.
En una declaracin ante los medios tras la primera votacin de los decretos, Feijo ha subrayado que “aterra pensar cmo ser cada semana de legislatura” de ahora en adelante, tras las cesiones del PSOE a Junts.
Segn el comunicado de Junts, el PSOE le ha entregado a Catalua las competencias de inmigracin, una rebaja del IVA del aceite al 0%, la publicacin de las balanzas fiscales, una reforma legal para que puedan volver a Catalua las empresas que se fueron en 2017 y un reconocimiento de los “derechos histricos en materia fe rgimen local” de esta comunidad, entre otras medidas.
Fuentes del PP han asegurado despus que el principal partido de la oposicin va a estudiar llevar al Tribunal Constitucional tres aspectos que le parecen “recurribles”. El primero, la transferencia de la competencia de inmigracin, ya que, en su opinin, podra conferir a Catalua el control de fronteras propias y la posibilidad de no aceptar repartos de inmigrantes.
El segundo, la reforma del rgimen de la administracin local a la medida de Catalua. El tercero, que el decreto mnibus d un plazo de cinco aos para aplicar algunas de sus modificaciones ms sustanciales. Segn el PP, eso contraviene la obligacin constitucional de justificar la urgente necesidad de la reforma para hacerla va decreto. Y no puede cualificarse de urgente algo que en el mismo decreto se pospone cinco aos.
La disposicin adicional primera de este decreto asegura que “en el plazo de cinco aos”, las administraciones pblicas “garantizarn la interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administracin de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el presente real decreto-ley”. Y la disposicin transitoria tercera aade que hay un plazo mximo de cinco aos para no aplicar los nuevos cambios para la remisin del expedientes “en formato digital que posibilite su descarga y reutilizacin por el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal”.
Para Feijo, “el Gobierno no gobierna, slo mercadea”. “Es slo una coalicin de intereses personales: Espaa est en manos de decenas de partidos que no se fan entre ellos… cmo se puede gobernar as?”, ha aadido.
Tal es la decepcin de Feijo ante este “esperpento”, que ha asegurado que si hubiera sabido que la poltica era esto, nunca habra decidido ser poltico.
