Feijo avisa que actuar “contra el delirio antidemocrtico y el engendro legislativo” que plantea restringir la acusacin popular
El lder del PP, Alberto Nez Feijo, ha advertido que su partido actuar con todos los instrumentos a su alcance frente a la llamada ‘ley de impunidad’ o ‘ley Begoa’, la proposicin impulsada por el Gobierno a travs del Grupo Socialista, para restringir drsticamente la figura de la acusacin popular con el objetivo ltimo de conseguir el archivo de las causas que afectan a la familia y al entorno poltico del presidente del Gobierno.
Feijo, en la apertura de la jornada organizada por el PP en defensa del estado de Derecho y contra la impunidad, ha tachado la proposicin de ley de los socialistas de “delirio antidemocrtico” y “engendro legislativo”. En su opinin, lo que se pretende con ella es la impunidad para las personas cercanas al poder con medios que incluyen “los ataques ad hominen y el desprestigio de personas e instituciones que cumplen con su deber”. “Con impunidad el golpismo, el terrorismo de ETA o la sedicin golpista habran triunfado”, ha afirmado.
“Impunidad y democracia son incompatibles”, ha asegurado antes de afirmar que Espaa vive un “proceso de erosin democrtica sin precedentes porque se lanza desde el Gobierno socavando el Parlamento, la democracia , la oposicin, los medios de comunicacin y justicia” y ha alertado, que este cuestionamiento ser an mayor en las prximas semanas y los prximos meses.
“Slo un Gobierno que pretende slo en resistir est pensando en una ley de impunidad para salvarse a s mismo amordazando a la Justicia. Slo alguien con su pareja, su hermano, su nmero dos en el Partido y su fiscal general investigados por corrupcin, podra pensar ms en sus problemas personales que en los de los espaoles, slo alguien as pretende el poder para escapar de la Justicia”, ha afirmado.
“Lo que se quiere es taparlo todo y entorpecer el trabajo de la Justicia, pero sus esfuerzos sern en vano. Pese a quien le pese, Espaa seguir siendo una democracia. Defenderemos la ley y la igualdad de los espaoles y no dejaremos pasar ni un ataque a la Justicia ni a los derechos de los ciudadanos”.
Tras su intervencin, el letrado del Colegio de la Abogaca, Ignacio Luis Otero, ha afirmado no encontrar el “para qu” de esta proposicin de ley sino nicamente el “para quien”. Otero ha insistido que la proposicin no puede eliminar la figura de la acusacin popular porque est recogida en la Constitucin pero s pretende restringirla al mximo pese a que es un “contrapeso” imprescindible ante la falta de independencia del Ministerio Fiscal que, ha dicho, “es permeable al poder poltico” .
Esta afirmacin ha sido compartida por la abogada del departamento jurdico de la Asociacin Vctima del Terrorismo, la penalista Carmen Ladrn de Guevara. Para la AVT la acusacin popular es imprescindible porque hay delitos de terrorismo “que no tienen vctimas concretas”, como es el caso de los procedimientos seguidos contra el “entramado poltico, econmico y social” de ETA, los casos terroristas sin resolver o los que se siguen contra el terrorismo yihadista. Ejercer la acusacin popular implica adems tener informacin por parte de las vctimas de los procedimientos.
Ambos han insistido en que el hecho de que haya habido casos de abusos en el ejercicio de la acusacin popular no justifica el que esta se quiera “limitar tanto” impidindole el acceso a las actuaciones y slo participando en el juicio oral siempre y cuando el fiscal haya solicitado su apertura.
Segismundo lvarez, presidente de la Fundacin Hay Derecho, ha afirmado que la proposicin “va en contra de todos los principios que caracterizan el imperio de la ley” porque est dirigida a determinadas personas y procedimientos contraviniendo la igualdad ante la ley y dificultando el control del poder Ejecutivo. Se trata de una iniciativa que viene a dar por buena la existencia del “lawfare”, ha explicado.
lvarez ha incidido en que el Ministerio Fiscal en Espaa no es lo suficientemente independiente -“ms en el momento actual”, ha recalcado- lo que convierte en ms necesaria la figura de la acusacin popular. En la Fundacin Hay Derecho se considera que una reforma de la accin popular es necesaria pero debe hacerse en beneficio de los ciudadanos y no de los polticos. Lo ms grave en su opinin son las causas de recusacin de los jueces por manifestarse pblicamente y que se proyectaran hacia el pasado y hacia el futuro.
Para el abogado de la Asociacin Clara Campoamor, Ricardo Prez Lema, la proposicin “cercena un derecho constitucional”. “Se limita tanto que prcticamente lo elimina”, ha asegurado, “la hace inviable”. Para Prez Lema esta figura es imprescindible en los casos de violencia de gnero o contra la infancia. Suprimirla puede llevar a un “desastre”, ha insistido. Prez Lema ha criticado con especial dureza el elenco de delitos que quedaran excluidos del ejercicio de la accin popular, que los acusadores populares no tengan acceso al proceso ni puedan intervenir en la instruccin
