Espaa, a la cola en estrategia anticorrupcin entre los pases de la OCDE
Espaa es uno de los cinco Estados de la OCDE que no ha definido una estrategia anticorrupcin nacional ni dispone de un organismo institucional responsable de mitigar este riesgo en el sector pblico. Por el contrario, el pas se sita a la cabeza en la definicin de criterios de auditora para perseguir los delitos de corrupcin, aunque en la prctica no logra hacer efectivo su cumplimiento.
Segn revela un informe del organismo publicado este martes, de media, los Estados miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) cumplen el 45% de las recomendaciones sobre cmo adoptar un plan estratgico de lucha contra la corrupcin, mientras Canad, Islandia, Irlanda y Noruega, junto con Espaa, ni siquiera cuentan con dicho marco.
En trminos de regulacin sobre lobbies (grupos de inters), Espaa tambin suspende, pues solo ha introducido en su normativa el 25% de los criterios que recomienda la OCDE y, en la prctica, no est forzando su cumplimiento. En los pases de la organizacin, en promedio, uno de cada tres de estos criterios se est aplicando de forma efectiva.
El informe celebra que la legislacin espaola imponga a los funcionarios cierto periodo de carencia tras abandonar su cargo pblico antes de poder dedicarse a otra actividad relacionada, pero apunta que esta obligacin no se est garantizando en la prctica. As, el organismo resalta la necesidad de regular la influencia de los grupos de inters en las instituciones del Estado, aumentar la transparencia de su actividad e incluirlos en un registro.
En el lado opuesto, los criterios espaoles de auditora interna y externa a aplicar ante casos de corrupcin cumplen con el 92% de las recomendaciones de la OCDE -frente al 67% de media entre los pases miembros-. Sin embargo, en la prctica solo se aplica el 37% de estos criterios, un porcentaje ligeramente superior al promedio del 33% que registra la organizacin. En este sentido, el informe pone de manifiesto adems que Espaa no est recogiendo datos de las instituciones presupuestarias para elaborar su estrategia de gestin del riesgo.
El nico mbito en el que Espaa sobresale, positivamente, es en trminos de transparencia de la informacin. La legislacin espaola sobre este aspecto satisface el 89% de los criterios recomendados por la OCDE y, en la prctica, ocho de cada diez de estos parmetros se estn cumpliendo efectivamente. El informe celebra que la normativa nacional regule el tiempo mximo por el que puede extenderse la tramitacin una solicitud de datos pblicos y reconoce que toda la informacin relativa a la agenda del Gobierno, salario de los funcionarios y resultados electorales es de fcil acceso a travs de los sitios web oficiales.
