El vaticinio de los jueces de Violencia sobre la Mujer ante el 8-M: “colapso total” por la aplicacin de la ley del ‘solo s es s’ sin aumentar los medios
Un centenar de jueces responsables de juzgados de Violencia sobre la Mujer han difundido este lunes un comunicado en el que alertan del colapso que se les viene encima. El motivo es la aplicacin este ao de la previsin de la ley del solo s es s para que asuman nuevas competencias. Puesto que se har sin aumentar los medios de que se dispone, “el efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por s sobrecargados”.
El documento llega con ocasin de la celebracin el prximo 8 de marzo del Da Internacional de la Mujer y con la intencin de que tanto las mujeres afectadas como los ciudadanos conozcan “el desolador y peligroso escenario que se vislumbra” a partir del prximo mes de octubre.
El comunicado lo firma la prctica totalidad de los jueces encargados de este tipo de juzgados. Segn los datos del Observatorio de Violencia del CGPJ, a comienzos de 2025 haba en Espaa 128 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer. El comunicado lo firman 100 de los jueces al frente, a los que se suman otros 35 que han estado al frente en el pasado, que trabajan en ellos de refuerzo o que se encargan de esos delitos aunque no sea en exclusiva.
Los jueces explican que, conforme a la aprobada Ley de Eficiencia del Servicio Pblico de Justicia, este ao se aplicar la previsin recogida en la ley del solo s es s de que estos juzgados asuman todos los delitos contra la libertad sexual. Hasta ahora, solo eran responsables de aquellos en los que hubiera un vnculo afectivo entre vctima y agresor. Adems, se harn cargo de nuevos delitos: mutilacin genital, matrimonio forzado y acoso con connotacin sexual.
Eso supone “un salto cualitativo y cuantitativo” en las competencias de unos Juzgados “ya de por s saturados”. Aade el escrito que se alega que as se cumple con los compromisos internacionales de Espaa y cono la Ley Garanta Integral de la Libertad Sexual (s es s), pero que se hace “sin haber dado cumplimiento a las exigencias” de esos mismos compromisos internacionales y de la ley del s es s para asegurar que puedan asumir el aumento de competencias: “la previa dotacin de recursos materiales y personales”.
Precisan que el propio Ministerio de Justicia estima que la novedad supondr un incremento “de al menos el 20%” en la carga de trabajo. El resultado es que “se va a producir un significativo paso atrs en la lucha contra la violencia de gnero, que puede generar espacios de desproteccin y riesgo para las mujeres vctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto”.
Los firmantes resumen as sus carencias actuales, que se vern agravadas con las nuevas competencias: “De lo que no se informa a la ciudadana es que, en la actualidad, la mayora de estos rganos trabaja con una absoluta precariedad de medios, sin contar con los preceptivos equipos de valoracin forense; de asesoramiento y asistencia a la vctima; con un ms que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemticos de control; con sistemas de asistencia letrada a travs de llamada telefnica a una centralita que no garantiza la presencia permanente del letrado en la oficina judicial; sin forense de guardia; sin salas Gesell que permitan la exploracin de los menores en condiciones idneas en atencin a su edad y vulnerabilidad; en muchas ocasiones, con salas de vistas compartidas que impiden las grabaciones de las declaraciones; y sin dotar de sistemas de grabacin en los despachos que permitan suplir esas carencias”.
