El TSJA declara ilegales las devoluciones en caliente por mar en Ceuta
El Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA), con sede en Sevilla, ha ratificado la ilegalidad de las denominadas devoluciones en caliente cuando estas se producen en el mar. En una sentencia de gran calado jurdico, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado que estas prcticas no estn amparadas por la figura del rechazo en frontera, reservada exclusivamente al intento de entrada irregular por la valla en Ceuta y Melilla.
El fallo —dictado por los magistrados Mara Luisa Alejandre Durn, Julin Manuel Moreno Retamino y Pedro Luis Ros Martn— desestima el recurso de apelacin presentado por la Abogaca del Estado contra una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n 2 de Ceuta, y declara nula la actuacin administrativa por la cual el recurrente, Oualid Maamri, fue entregado a las autoridades marroques tras ser interceptado por la Guardia Civil cuando nadaba hacia la costa ceut.
El tribunal considera que no se puede aplicar de forma extensiva la disposicin adicional dcima de la Ley de Extranjera (LO 4/2000), que regula el rechazo en frontera, a situaciones en las que los migrantes son interceptados en el mar o en la playa. El TSJA aclara que esta figura excepcional solo es vlida cuando se produce un intento de superar los elementos fsicos de contencin fronteriza, como la valla, y no en contextos donde tales elementos no existen, como ocurre en accesos por va martima.
La sentencia detalla que el recurrente fue interceptado el 14 de noviembre de 2023 por una patrullera de la Guardia Civil en la Baha Sur de Ceuta, trasladado a dependencias fiscales y posteriormente entregado a Marruecos, sin que mediara ningn procedimiento formal, ni resolucin administrativa, ni asistencia letrada o de intrprete. El tribunal califica este proceder como una “va de hecho” por parte de la Administracin.
“Quien pretende entrar a nado no supera, ni intenta hacerlo, ningn elemento de contencin fronterizo”, subraya la resolucin, en la que se recalca que cualquier actuacin que implique la privacin de derechos debe regirse por un procedimiento con garantas, en cumplimiento del artculo 58.3.b) de la Ley de Extranjera.
La sentencia se suma a otras resoluciones judiciales previas que han cuestionado el uso indiscriminado del rechazo en frontera fuera de su mbito legal especfico. Aunque la Abogaca del Estado argument que el concepto de frontera exterior tambin incluye las martimas, el TSJA considera improcedente una interpretacin tan amplia de una norma restrictiva de derechos fundamentales.
Frente a esta decisin judicial, las organizaciones que han acompaado al demandante —Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes— han emitido un comunicado conjunto en el que exigen el cese inmediato de las devoluciones sumarias por mar, y reclaman el respeto a las garantas legales para todas las personas en situacin de movilidad.
“Diez aos despus de la creacin de la figura del rechazo en frontera en el marco de la Ley Mordaza, constatamos que solo sirve para cercenar derechos de personas vulnerables”, ha sealado Javier Baeza, presidente de Coordinadora de Barrios. “El Estado de derecho es ms slido cuando ampara los derechos de quienes ms lo necesitan”.
Desde No Name Kitchen, Francesca Fusaro ha alertado del coste humano de estas prcticas: “El no respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades pone en riesgo la vida de miles de personas en el mar, provocando muertes y desapariciones sin respuesta”.
Javier Moreno Gmez, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes, ha recordado que “la prdida de garantas por parte de las fuerzas de seguridad no solo supone un acto ilegal, sino tambin una forma de discriminacin y deshumanizacin”.
Actualmente, hay otros dos procedimientos pendientes sobre casos similares en los juzgados de Ceuta. Mientras tanto, el fallo del TSJA marca un precedente relevante en la jurisprudencia sobre las fronteras espaolas y refuerza la obligacin del Estado de garantizar los derechos fundamentales en todo su territorio, incluidas sus aguas jurisdiccionales.
La sentencia puede ser recurrida en casacin ante el Tribunal Supremo, pero mientras tanto, sus efectos son vinculantes para la Administracin en los casos anlogos. La condena al pago de costas, limitada a 300 euros, tambin refuerza el criterio de proporcionalidad aplicado por el TSJA dada la complejidad del asunto.
Con esta resolucin, la justicia andaluza refuerza el marco legal que impide las devoluciones sumarias en contextos no contemplados expresamente por la ley, y devuelve al procedimiento ordinario de devolucin —con derecho a intrprete, defensa y solicitud de proteccin internacional— su lugar central en el tratamiento de las personas migrantes.
Mientras los tribunales comienzan a acotar el alcance legal de las devoluciones en caliente, la frontera sur terrestre de Europa sigue marcada por smbolos que cuestionan el respeto a los derechos fundamentales. Uno de ellos es el corredor metlico instalado en el paso del Tarajal, en Ceuta, conocido popularmente como el “tubo de la vergenza”. Este pasillo, empleado para trasladar a migrantes interceptados directamente hacia Marruecos, est suscitando una oleada de crticas por las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso: sin asistencia jurdica, sin intrprete y sin resolucin administrativa que lo respalde. Diversas organizaciones han documentado la presencia de menores de edad y personas vulnerables retenidas durante horas en un espacio estrecho y cerrado, a la espera de que las autoridades marroques decidan recibirlas.
La formacin localista en la Asamblea ceut, Ceuta Ya! ha exigido a la delegada del Gobierno su cierre inmediato, al considerar que el lugar donde dejan a las personas que han sido rescatadas del mar o han llegado a nado no solo carece de cobertura legal, sino que representa una forma de violencia institucional normalizada en la gestin fronteriza. La existencia misma de este pasillo, sostienen, contradice el sentido de la sentencia de septiembre de 2024 y la que acaba de dictar el TSJA, que insisten en la necesidad de procedimientos individualizados y con garantas para las personas migrantes.
La propia Asociacin Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha sealado que la gestin de este espacio agrava la precariedad de los agentes en la frontera, quienes deben custodiar durante horas a personas interceptadas en el mar, en instalaciones improvisadas y sin los medios necesarios, hasta que Marruecos decide recepcionarlas bajo sus propios trminos y horarios.
