El tribunal civil italiano comunica a los abogados de Arcuri que la competencia es suya y el hijo de Juana Rivas debe volver al pas

El tribunal civil de Cagliari que durante nueve aos ha ordenado las relaciones paternofiliales de Francesco Arcuri, Juana Rivas y sus hijos, Gabriel y Daniel, ha comunicado verbalmente al abogado del primero, Serlapo Bardi, que la competencia para conocer de la situacin de Daniel Arcuri, de 11 aos, es suya y no de la Justicia espaola, que el nio debe ser retornado lo antes posible a Italia, que Bardi debe solicitarlo previamente a la letrada de Rivas en Italia para que se haga “amistosamente”, y que si eso no sucede tomar las medidas oportunas.

La presidenta de dicho tribunal se lo ha comentado verbalmente a Bardi, segn ha podido saber EL MUNDO, e incluso le ha dado permiso para comunicarlo pblicamente.

Se trata del juzgado que lleva aos analizando, con decenas de informes forenses y en concreto dos en profundidad, las relaciones entre los miembros de la familia, sin hallar jams signos de maltrato en Arcuri -es ms, considerndolo “el nico progenitor capaz de cuidar de los nios”-, pero s una actitud constante de “manipulacin” en los menores por parte de la madre, y un “alineamiento” de Gabriel, el mayor, con ella, por “percibirla como la parte ms dbil” en el conflicto entre ambos, como dejaron claro varios psiclogos forenses.

Dicho juzgado ya recibi el 2 de enero pasado un vdeo, enviado por los abogados de Rivas, en que Daniel Arcuri presuntamente acusaba a su padre de ejercer violencia sobre l. La respuesta del tribunal fue la misma ese da, y tambin el mircoles pasado, que en anteriores ocasiones: el nio deba volver a Italia. “No ha cambiado nada”, deca el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO. Es decir, entendan que Daniel Arcuri podra estar respondiendo de nuevo a requerimientos de su madre en orden a culpar a su padre de malos tratos, para que Rivas pudiera conseguir la custodia del menor, que tiene retirada por sendas sentencias de 2019 y 2023.

Ahora, mientras los tribunales espaoles se pasan entre ellos la causa por estar decidiendo sobre hechos que, de haber sucedido, no habran tenido lugar en Espaa, el juzgado italiano reclama su jurisdiccin.

El requerimiento llega cuando los juzgados espaoles no se aclaran sobre qu hacer con el menor. Primero, durante la semana pasada, un juzgado de Mlaga se neg a protegerle por no tener jurisdiccin. Despus, ya esta semana, Instruccin 4 de Granada tom declaracin al menor y, advirtindole “serio y convincente” a la hora de acusar a su padre, lo pas a Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, por entender que se podra tratar de un caso de violencia vicaria.

Violencia sobre la Mujer 2, que lleva aos archivando todas las denuncias de Rivas por o entenderlas no fundamentadas o no ser competente territorialmente, resolva este viernes no ver indicio alguno de daos sobre el menor, y se volva a inhibir en Instruccin 4, que ya se haba declarado incompetente. Italia, ahora, solicita que Espaa d fin a la suspensin de la orden de regreso del nio, enviada taxativamente por el juzgado civil de Cagliari en estas ltimas semanas, y reiterada ahora.

Por su parte, los abogados de Rivas, adems de sealar pblicamente y con su nombre a la juez de Violencia contra la Mujer 2 por no ver “violencia vicaria” en el caso, en un comunicado calificado de “inslito” por los letrados de Arcuri, han reiterado que el nio se va a quedar “meses” en Espaa, que ya est “escolarizado” y que “no vuelve a Italia”.

Hasta ahora, la defensa de Arcuri no ha realizado comunicacin pblica alguna sobre la situacin del menor. Ni Bardi ni Enrique Zambrano, letrados ambos de Arcuri en Italia y Espaa, han comunicado pblicamente nada para proteger la intimidad de los menores y sus padres, segn ha explicado el segundo a EL MUNDO.

107 jueces rechazan el ataque a la magistrada de Granada

Mientras, 107 jueces que trabajan en juzgados de violencia sobre la mujer de toda Espaa han firmado un escrito, difundido este viernes, en el que rechazan el “ataque” y la “campaa” orquestada por los abogados de Juana Rivas contra la magistrada de Granada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nmero 2 que no le ha dado la razn a la madre de Maracena.

“Queremos mostrar nuestro rechazo por lo que consideramos un ataque personalizado a la compaera, que excede con mucho de un pretendido ejercicio del derecho de defensa de la Sra. Rivas, y de un derecho a la crtica a las resoluciones judiciales”, afirma el documento firmado por los 107 jueces de violencia sobre la mujer.

Para estos jueces, de los “ataques” de los abogados de Juana Rivas a la magistrada de Granada parece “iniciarse una campaa meditica dirigida a estigmatizar cualquier decisin judicial que pueda resultar contraria a los intereses de la Sra. Rivas, si bien en este caso dicha campaa se dirige ya de manera frontal y directa contra la magistrada titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nmero 2 de Granada”.

La nota de prensa enviada este viernes a los medios de comunicacin por el letrado de Juana Rivas, Carlos Arnguez, comienza as: “Qudense con este nombre: Aurora Angulo”, que es la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada que no le ha dado la razn a su patrocinada.

“Consideramos que con este tipo de acciones no slo se busca el desprestigio directo de la compaera contra la que se dirige el ataque, sino en general, contra todos los que titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, respecto de quienes se pretende generar la duda acerca de su capacidad y cualificacin profesional, para someter al escrutinio pblico cuestiones estrictamente jurdicas que pasan a ser debatidas en tertulias televisivas, radiofnicas, redes sociales, con opiniones de toda ndole, y que muchas veces rozan la frivolidad, olvidando la importancia de las cuestiones que en definitiva se debaten, cuales son la lucha contra la violencia de gnero y la proteccin de los menores“, advierten los 107 jueces.

El colectivo de jueces especializados en violencia de gnero ha expresado su “preocupacin” y “rechazo” ante este tipo de “campaas mediticas”, cuando la mismas, adems, se originan desde un “despacho profesional de abogados”, por el “efecto disuasorio” que ello puede suponer para muchas mujeres “en orden a la confianza en el sistema y la interposicin de la denuncia”.

Cuando “se desprestigia a una compaera por su actuacin profesional en un caso concreto que es objeto de una enorme atencin meditica, se desprestigia en definitiva a todo el sistema judicial“, y se olvida que esta es la “pieza necesaria y fundamental” para que todas las actuaciones dirigidas a la “concienciacin en la lucha contra la violencia de genero lleguen a buen fin”, afirman los profesionales.