El PSOE y Snchez exigieron responsabilidades a ministros del PP cuando fueron reprendidos por los jueces como Montero
No es habitual que jueces y fiscales de una y otra sensibilidad ideolgica se pongan de acuerdo. Menos an cuando se trata de reaccionar a las palabras de un ministro. Pero ayer ocurri. El calificativo de “vergenza” con el que la vicepresidenta Mara Jess Montero se refiri a la sentencia que absuelve a Dani Alves de un delito de agresin sexual hizo que todas las asociaciones de jueces y fiscales se unieran para pedir “respeto”. “Las resoluciones se adoptan tras un anlisis exhaustivo de las pruebas y conforme a la legislacin vigente. Es esencial que las instituciones y representantes pblicos respeten y respalden la labor de los jueces, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”, reza el comunicado que firmaron las cuatro asociaciones de magistrados y las tres de fiscales.
Tras conocer la respuesta al unsono de los togados, Alberto Nez Feijopidi la dimisin de Montero. La reaccin es idntica a la que un da sali de las filas del PSOE cuando quien se someta a la reprimenda unnime de jueces y fiscales era un dirigente del PP. Dos nombres sientan el precedente: el ex ministro del Interior Jorge Fernndez Daz y el ex titular de Justicia Rafael Catal.
Las mismas cuatro asociaciones de jueces que ayer condenaron las palabras de Montero se pronunciaron en febrero de 2016 para pedir a los representantes pblicos que se abstuvieran de difundir “veladas insinuaciones sin fundamento” sobre las investigaciones en curso a partidos polticos. Das antes, Fernndez Daz haba deslizado: “Es llamativo que los nicos casos que salgan en estos momentos tan sensibles son los que afectan al PP”. El entonces portavoz del PSOE en el Senado, scar Lpez -hoy ministro-, exigi la dimisin del popular por aquellas palabras que le costaron el rechazo de la judicatura.
El caso de Catal guarda an ms semejanza con el de Montero, pues al reproche expresado por los magistrados se sumaron los representantes de los fiscales. El dirigente del PP sugiri que el juez que defendi la absolucin en la sentencia de La Manada tena “algn problema singular” y las siete asociaciones tildaron esta “intromisin” de “temeridad”. Pedro Snchez dijo entonces a Catal: “Si tiene alguna acusacin que hacer sobre el magistrado aclare a qu se refiere. Y, si no, lo mejor es estar callado, asumir la responsabilidad que tiene un miembro del Gobierno y respetar la divisin de poderes”.
Esta vez, las tornas se invierten. Quien exige responsabilidades es el PP y, quien las elude, el PSOE. Las declaraciones de Montero y la polmica suscitada son un asunto incmodo para el Gobierno. Prueba de ello es que los ministros preguntados esquivaron ayer el asunto y se evit respaldar pblicamente sus palabras. En Ferraz, donde tampoco hubo apoyo pblico, se hicieron esfuerzos por intentar atajar la polmica argumentando que la nmero dos de Snchez “se dej llevar por la impotencia”. Eso s, en la direccin del PSOE se admite que “se puede explicar mejor” la prxima vez.
Frente a las expresiones rotundas de Montero contra el dictamen judicial, ayer haba un trabajo por hacer control de daos, mostrando de manera escueta “respeto” por las decisiones judiciales y limitndose a sealar que “queda mucho camino por andar en materia de violencia de gnero”. Eso s, en La Moncloa respaldan las palabras de la vicepresidenta primera y consideran que no cuestionaba el derecho de la presuncin de inocencia. La tibieza del Gobierno en este asunto, tras la polmica generada y el rechazo de jueces y fiscales, contrasta con cmo sali en tromba el ejecutivo a criticar el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Moulia en el caso Errejn, donde incluso el propio Snchez habl de “falta de empata” y “mala praxis”.
No es la primera vez que desde la judicatura se reprende al unsono al entorno de Snchez. En enero de este ao, todas las asociaciones de magistrados cargaron contra el PSOE por la proposicin de ley que registr para limitar la acusacin popular. En noviembre de 2023, otro documento firmado por los socialistas, en este caso para facilitar la investidura de Snchez, tambin fue objeto de un rechazo unnime por parte de los jueces, que condenaron las menciones al lawfare incluidas en el acuerdo alcanzado con Junts. Y las cuatro asociaciones de magistrados -y el Consejo General del Poder Judicial– manifestaron cierto malestar ante las dudas sobre la aplicacin de la ley del ‘solo s es s’ que sembr la ex ministra Irene Montero en 2022.
