El PP y Vox intentan dar aire a la investigación del juez Peinado con el dictamen de la comisión del ‘caso Begoña Gómez’ | Noticias de Madrid
El PP y Vox intentarán dar aire a la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, enviándole a él y a la Fiscalía el dictamen de la investigación parlamentaria que se ha realizado sobre el caso en la Asamblea de Madrid, y que seguirá este miércoles con la votación de las conclusiones, que posteriormente se elevarán al pleno de la Cámara (previsiblemente el 24 de abril). Así lo avanzan desde ambos partidos, que han apostado por desgastar al jefe del Ejecutivo a través de una comisión impulsada personalmente por la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y que luego ha terminado en fiasco, pues no ha dejado novedades de calado, por lo que el PSOE la ha calificado de “basura”. Gómez está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su labor como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense (UCM).
“Fue una cátedra irregular y arbitraria”, opinó el lunes Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, pese a los testimonios recabados en sentido contrario durante la investigación parlamentaria. Los conservadores aprecian en sus conclusiones desvío y uso indebido de fondos públicos “asignados a la Presidencia del Gobierno de España”, y plantean que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto a la que contribuyeron Google o Indra, conocida popularmente como el software de la cátedra (lo que ya se está haciendo por parte del juez Peinado). De esta manera, lo primero se lo trasladarán a la Fiscalía, y lo segundo al juzgado de instrucción número 41 de Madrid, si su propuesta de dictamen sale adelante, como parece previsible, pues el PP goza de mayoría absoluta.
Esa línea argumental es compartida por Vox, que analiza la conexión de las declaraciones con cinco delitos en sus conclusiones: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.
La realidad es que la investigación que no ha dejado grandes novedades tras 17 comparecencias; que ha estado trufada de testimonios a favor de la corrección de la relación laboral de Gómez con la UCM; y que ha incluido el sainete de intentar forzar la comparecencia de Sánchez, pese a que el Consejo de Estado ya había aclarado previamente que el presidente del Gobierno no tiene obligación de atender la llamada de la Asamblea regional.
La relación profesional entre Gómez y la UCM arrancó en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.
Para poder fiscalizar esa relación en la Asamblea, el PP se agarró a que afectaba al prestigio del centro educativo público. Sin embargo, la investigación parlamentaria languideció desde que Gómez compareció en la comisión en noviembre, acogiéndose a su derecho a no declarar.
Ese mismo día, el rector Joaquín Goyache desmontó una a una las sospechas que vertían el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (…) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.
Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente cuando fue convocado a la Asamblea: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.
Comisión basura
Otro compareciente, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group, dijo que el encargo que le hizo Google para crear un software a favor de la cátedra que la esposa de Sánchez codirigió en la UCM “fue un proyecto más”.
Y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de relaciones institucionales de la UCM, explicitó que la relación laboral de la esposa de Sánchez con el centro educativo “administrativamente fue regular”, si bien no lo fue “en las formas”. Además, Doadrio dijo no haberse sentido “presionado” a la hora de crear la cátedra, aunque señaló que la memoria académica que justificaba la idoneidad de Gómez para codirigir la cátedra le vino “hecha” y no estaba firmada por nadie.
En consecuencia, esto concluyen en el PSOE, que califica de “basura” la comisión: “Todos los comparecientes han dejado claro que no ha existido ningún tipo de irregularidad”.
Así ha resumido lo ocurrido Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que ha denunciado “censura” en la comisión, pues no se le permitió hablar de la financiación de la universidad pública: “El PP ha utilizado los impuestos de todos los madrileños para intentar desprestigiar a una persona [Gómez]”.
