El PP pide a la Comisin Europea que estudie la imputacin del fiscal general como “desviacin del Estado de Derecho”
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado al comisario de Justicia, Michael McGrath, que estudie la imputacin del fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, como “desviacin del Estado de Derecho” en Espaa. A su entender, mantenerlo en su cargo “dinamita la credibilidad de la institucin y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa”, segn informa Europa Press.
“La desviacin de poder para beneficiar a dirigentes polticos es constitutiva de prevaricacin e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones. Ningn cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurdicas que violan ntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho”, asegura Montserrat en la misiva que este martes ha enviado al comisario de Justicia.
La dirigente del PP relata en su misiva que Espaa “se encuentra en un difcil momento” por la imputacin del fiscal general y recalca que esto es algo “inaudito en democracia y en la UE”, despus de que el Tribunal Supremo le imputase por un presunto delito de revelacin de secretos contra Alberto Gonzlez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Daz Ayuso.
“A pesar de estar imputado penalmente por revelacin de secretos para daar a la oposicin poltica, se niega a renunciar en medio del clamor de asociaciones de fiscales que le piden su dimisin inmediata”, remarca Montserrat.
“ELIMINACIN MASIVA DE MENSAJES” EN LA FASE DE INSTRUCCIN
Asimismo, detalla al comisario europeo que durante la fase de instruccin se ha conocido “la eliminacin masiva de mensajes de correo electrnico y WhatsApp por parte de Garca Ortiz, no una vez, sino dos veces el pasado 16 de octubre, lo que podra ser constitutivo de encubrimiento o destruccin de pruebas”. Es ms, cree que “demuestra un comportamiento de obstruccin a la justicia”.
Montserrat destaca que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “revela que los mensajes del telfono del fiscal general fueron borrados el mismo da que el Tribunal Supremo abri la causa contra l”.
“Pero an ms grave, comisario, no es tanto que un miembro de las altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno, con el presidente Pedro Snchez a la cabeza, contribuya a su proteccin y ataque sistemticamente la labor de los jueces”, dice a McGrath en la citada carta.
Montserrat recuerda que en diciembre pasado ya pidi la intervencin de la Comisin Europea, que “es competente para pedir explicaciones a los Estados que se desvan del Estado de Derecho”, “porque los ataques a los jueces desde el Gobierno daan la democracia y contribuyen a debilitar el Estado de Derecho en la UE“.
Tras asegurar que “un Poder Judicial independiente es esencial”, asegura que la Comisin Europea “debe emplear los mecanismos disponibles para proteger los valores fundamentales de la Unin, pues est en juego nuestra credibilidad”.
AADE LAS “DUDAS SORBE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”
La portavoz del PP en Bruselas subraya que todo esto se produce en un contexto en el que su partido tiene tambin “serias dudas sobre las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) y, en especial, de su presidente, Cndido Conde Pumpido, muy cercano al Gobierno”.
“Como prueba, desde su cargo, el Ejecutivo no ha perdido ninguna de las causas ms ideolgicas revisadas por la Corte, aunque para ello haya sido necesario excluir de forma expedita a un magistrado”, asegura, para aadir que “la preocupacin mxima” por la situacin en la que se encuentra el TC “ha llevado al PP a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respecto a su sentencia sobre la limitacin de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la prrroga de su mandato.
Montserrat finaliza su misiva subrayando que la UE “se basa en valores como la justicia y el Estado de Derecho”. “Si un tribunal acta de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea”, avisa, para aadir que “la independencia del Poder Judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las polticas”.
“Pero detrs de todo ello est el hecho ineludible de que el Gobierno de Pedro Snchez, mediante procedimientos parlamentarios acelerados que limitan el debate pblico y parlamentario, lleva a cabo reformas legales que afectan el corazn del Estado de Derecho“, afirma la eurodiputada ‘popular’.
Finalmente, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo considera que “en estos momentos geoestratgicos de suma importancia para Europa, donde los populistas destruyen la imagen” de las instituciones, “es responsabilidad de todos demostrar a los ciudadanos que nadie est por encima de la ley, incluidos los polticos, fiscales o jueces del Tribunal Constitucional”.
