El PP impide que la Asamblea de Madrid investigue el ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso | Noticias de Madrid
El PP de Isabel Díaz Ayuso ha empleado este jueves su mayoría absoluta para impedir que la Asamblea de Madrid investigue el presunto fraccionamiento ilegal de contratos supuestamente decidido por el Gobierno regional en 2021, 2022 y 2023 para reformar centros educativos de Formación Profesional. El llamado caso FP ya está siendo objeto de una investigación judicial por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, consistente en la supuesta concesión a dedo (a través de contratos menores, principalmente al grupo Virelec) de obras que deberían haber salido a concurso público (permitiendo la competencia entre empresas). Que la polémica esté ya judicializada ha sido, precisamente, el argumento empleado por el PP para oponerse a esclarecer las posibles responsabilidades políticas del presunto entramado en la Asamblea, como querían PSOE, Más Madrid y Vox.
“La actuación del consejero Viciana, del consejo de Gobierno, y de la presidenta, ha sido impecable”, ha sostenido el diputado conservador Pablo Posse durante el debate de la propuesta. “En cuanto se ha tenido conocimiento de que había podido haber habido irregularidades a la hora de ejecutar algunas obras, se ha dado traslado a la Fiscalía”, ha añadido. “Confiamos en la justicia para esclarecer cualquier posible irregularidad”, ha insistido. Y ha cerrado: “Teniendo en cuenta que se está investigando, que se está colaborando en la investigación, rechazamos la propuesta de constituir la comisión de investigación”.
Sin embargo, la intervención de Posse solo ha echado leña al fuego: sus menciones a los casos Koldo y Begoña Gómez han soliviantado a la bancada socialista, que ha expresado su protesta a través del diputado Esteban Álvarez, que ha calificado de “pueril” la actitud del representante del PP, y le ha afeado que haya evitado centrarse en el caso FP.
“Esto no es una anécdota”, ha recordado Álvarez. “Es un delito”, ha recalcado. “No pretendo, ni me toca, ser juez”, ha continuado sobre la propuesta de crear una comisión de investigación. “Pretendo depurar responsabilidades políticas, hacer las reformas necesarias para que esto deje de ocurrir”, ha planteado. “¿Quién dio la orden? ¿Dónde están los controles? Esto viene ocurriendo desde 2005. Ha seguido ocurriendo con el equipo actual. Tenemos un problema de gestión. El equipo actual ha tratado de cortar esta ilegalidad, pero creo que no lo ha conseguido. Fraccionar contratos es fraccionar la educación pública”.
La misma línea crítica ha seguido Beatriz Borrás de Más Madrid. “Hablamos de decenas y decenas de centros, de decenas y decenas de veces que han adjudicado ustedes contratos millonarios a dedo”, ha dicho la diputada del partido de Mónica García. “También sabemos que era una orden de arriba y que se hacía así, como mínimo, desde 2017″, ha seguido. “Y por último, hoy sabemos que los informes en los que se repartían todo ese dinero llevaban la firma de E. Ossorio. La trama le implica a él y a sus dos viceconsejeros, la entonces viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert, hoy consejera de Economía, y el entonces viceconsejero de organización educativa, Manuel Bautista, hoy alcalde de Móstoles. Queremos dirimir las responsabilidades políticas”
Infracción penal
La magistrada encargada de dilucidar si hay suficientes indicios como para abrir juicio oral por este caso, en el que están personados Podemos, PSOE, Más Madrid y el sindicato CC OO, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.
Por su parte, la Fiscalía describió “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento”.
Además, Francisco Javier Carmena Lozano, interventor general de la Comunidad de Madrid, reconoció en un informe oficial que la reforma de centros educativos impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se había hecho con “un procedimiento completamente opuesto al correcto”.
Finalmente, los investigadores de la Fiscalía que solicitaron ese análisis destacaron que sus conclusiones señalaban a la responsabilidad de la Administración, pese a que en la causa hay dos directores de centros educativos investigados.
“No se ha tramitado por la Consejería el expediente de contratación que correspondería atendiendo a la naturaleza e importe del proyecto”, se afea. “El gasto no ha sido autorizado por el órgano competente”, se añade sobre una de las obras. “La Consejería, conocedora del importe del proyecto, debería haber elevado la autorización del gasto al Consejo de Gobierno”, se recalca. “Se ha producido una omisión de la fiscalización previa”.
El señalamiento de la responsabilidad gubernamental se reproduce también en las auditorías hechas por la intervención de los centros afectados por la causa. En ellas se apunta que “el centro carece de competencia para autorizar dichos gastos, que correspondería a la Consejería”; que “los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones, no nuevas inversiones, y gastos de cuantía limitada al contrato menor”; y que “no se ha tramitado por parte de la Consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de las necesidades de equipamiento y de la entidad de las obras a acometer”.
Esa tesis de la responsabilidad gubernamental fue precisamente la que defendieron los dos directores y el ex alto cargo regional investigados cuando tuvieron que declarar ante la jueza a mediados de marzo: “Esto venía dado desde arriba. Venía hecho”.
