El PP exige que se habiliten edificios del Estado para que acojan menores migrantes llegados de Canarias
El pacto del Gobierno con Junts para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjera va a abrir una guerra fra judicial entre la Administracin Central y las comunidades autnomas del PP. Una guerra que puede ser de ida y vuelta. Mientras regiones como Madrid y Aragn anuncian que recurrirn la medida, fuentes del Ejecutivo avisan de que irn al Constitucional a plantear un conflicto competencial si alguna comunidad decide no aplicar deliberadamente la reubicacin de los 4.400 menores derivados de Canarias y Ceuta. Adems, la propia Fiscala actuara de oficio si alguna comunidad da ese paso de choque frontal con el Gobierno.
Pero, hay posibilidad real de que una comunidad del PP no acepte a los menores que le corresponden? En principio, no se podrn oponer, pero la Comunidad Valenciana ya ha dicho que no tolerar el reparto.
El real decreto-ley aprobado el martes en el Consejo de Ministros para reubicar a los menores que se hacinan en los centros de acogida canarios (sobre todo: 4.000) y ceutes (400) ha soliviantado a las 11 comunidades autnomas que preside el PP, que creen que se ha producido un tratamiento asimtrico para favorecer a Catalua a cambio del voto favorable de Junts a la convalidacin del decreto. Con las ltimas proyecciones disponibles, Catalua recibira 27 menores (el 0,62% del total). Madrid, 806 (el 18,3%) y Andaluca, 795 (18%).
Los barones del PP, a los que les corresponde asumir ms del 80% de los menores que se reubicarn, aseguran que no tienen capacidad asistencial para acoger a tantos. Y no slo van a recurrir en los tribunales, sino que todos los servicios jurdicos autonmicos estn estudiando todas las vas posibles. Cada equipo jurdico de cada autonoma tendr que ver cmo podr parar esto, como recurrirlo o cmo afrontar materialmente la entrega de los menores, apuntan fuentes de la direccin popular. Lo ver cada uno, pero el tratamiento asimtrico en el reparto es un argumento para recurrir, inciden.
Ahora que el PP ha acerado su discurso migratorio, la rebelda poltica contra el decreto es total. Otra cosa ser la rebelda jurdica. Ahora mismo, el PP exige que sea el Gobierno el que se haga cargo de los menores: Dnde se quedaran? En el suelo de los centros ? El Gobierno debe abrir dependencias pblicas. El Gobierno tiene que habilitar edificios estatales para los menores, porque hay un lmite de capacidad regional y no hay hueco para ms, apuntan fuentes de Gnova. Pero, de verdad piensa el PP en repatriar menores?: Es un mecanismo que existe.
Feijo pide garantas y medidas para poder tener ms menores en sus centros: No hay poltica migratoria ahora mismo porque sus socios no le dejan a Snchez. Hay que hacer una poltica preventiva, un despliegue de Frontex, poner ms fondos y habilitar edificios pblicos estatales para los menores, reiteran en el PP. Esto no es Ferraz contra Gnova. Es el Gobierno central contra las autonomas. No tenemos plazas, inciden.
Las CCAA tienen hasta el 31 de marzo para poner negro sobre blanco sus datos de acogida de menores forneos sin acompaar. Con ellos, el Ministerio de Juventud e Infancia elaborar la proyeccin definitiva para determinar cuntos se derivan a cada territorio. Con las ltimas cifras disponibles, el mal llamado reparto quedara as: 806 irn a Madrid, 795 a Andaluca, 186 a Aragn, 150 a Asturias, 59 a Baleares, 171 a Cantabria, 310 a Castilla y Len, 291 a Castilla-La Mancha, 27 a Catalua, 478 a la Comunidad Valenciana, 168 a Extremadura, 325 a Galicia, 34 a Melilla, 189 a Murcia, 164 a Navarra, 88 a Pas Vasco y 157 a La Rioja. Es decir, Melilla absorber ms acogidas que Catalua. Esto es algo que critica el PP con dureza. En el reparto voluntario de 347 menores el pasado mes de julio no haba grandes diferencias entre territorios y Catalua absorba el 9%, frente al 0,62% de ahora, lamentan fuentes de Gnova. Por aceptarlo, Vox se fue de los gobiernos autonmicos, recuerdan.
Antes de negarse a acoger a los menores, las comunidades del PP pueden recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional, pero es una va que tiene pocos visos de prosperar. Ms tarde, probablemente tras la Conferencia Sectorial de Inmigracin de abril, el Gobierno tendr que aprobar las cifras definitivas que le correspondern a cada comunidad. Y eso s que lo podran recurrir las comunidades del PP ante la Sala Tercera del Supremo. Lo ms probable, segn los juristas consultados, es que las cautelares que soliciten las CCAA del PP no sean atendidas en ese punto. En esa controversia el TS tendr que hacer un pesaje del conflicto competencial.
A bocajarro de la aprobacin del decreto, la direccin del PP subray que sus barones cumpliran la ley, pero despus el mensaje ha cambiado: ahora Gnova esperar a ver qu frmula jurdica idean sus presidentes autonmicos antes de centralizar el mensaje. Es decir, ya no se descarta que alguna comunidad se plante por completo y no acepte los menores. Nada se descarta porque todo est sobre la mesa.
Si la Comunidad Valenciana o Madrid consuman su rdago y no aceptan menores, el Gobierno los llevar ante el Constitucional por un conflicto de competencias. En ese caso, la Fiscala tambin actuara de oficio y trasladara a los jueces el freno a todo acuerdo de un Consejo de Gobierno regional que impida ejecutar la derivacin de los menores. As lo confirman fuentes conocedoras de las conversaciones que ya se estn manteniendo en previsin de esta guerra competencial. Guerra fra, por ahora, pero con amenaza de estallido y choque indito de trenes.
Por otro lado, el Ministerio de Juventud e Infancia est ultimando un real decreto de estandarizacin de los criterios de acogida en los centros de menores. Y en l se contempla la posibilidad de habilitar mecanismos sancionadores en caso de incumplimientos e irregularidades. En este decreto se fijan condiciones mnimas en el sistema de acogida de menores en todo el pas, y se establecern umbrales mnimos de nmero de trabajadores y nios en centros de menores As lo anunci ayer en el Congreso la ministra Sira Rego.
Y no va a habilitar el Ministerio ms fondos como piden las regiones del PP? El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa 100 millones de euros, y Rego apunt que en funcin de la evolucin de los hechos se podran ampliar, pero apunt a Madrid: Hay CCAA que generan regalos fiscales de ms de 6.000 millones, por lo que hay margen. Con menos regalos a los ricos tendramos servicios mejor dotados.
