El PP denuncia que la ‘reforma Bolaos’ incumple la normativa comunitaria sobre proteccin de datos en Fiscala
El Partido Popular ha registrado una proposicin de Ley en el Senado para evitar que el control de la proteccin de datos en Fiscala quede en manos de un fiscal designado por el Gobierno. El partido de Alberto Nez Feijo denuncia que la nueva redaccin dada al artculo 12.n del Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal (EOMJ) cogido en la Ley Orgnica de Eficiencia del servicio pblico de justicia, impulsada por el Ministerio de Justicia que dirige Flix Bolaos, es inconstitucional y contraria al derecho de la Unin Europea.
El ao 2021 entr en vigor la Ley Orgnica 7/2021 de proteccin de datos personales tratados para fines de prevencin, deteccin, investigacin y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecucin de sanciones penales, donde se traspuso la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, y mediante la que se cre la Unidad de Supervisin y Control de Proteccin de Datos del Ministerio Fiscal. Cinco aos despus esta unidad no ha sido puesta en marcha en la Fiscala.
Hasta ahora, se estableca que los miembros de la Unidad deban ser juristas con ms de quince aos de experiencia y con conocimientos acreditados en materia de proteccin de datos, siendo competente para el nombramiento el pleno del Consejo Fiscal, por mayora absoluta de sus miembros. El PP denuncia que a partir de ahora el nombramiento, lejos de recaer en un jurista que tenga conocimiento sobre la materia, recaer en un fiscal en servicio activo y por el mismo procedimiento previsto para el resto de cargos discrecionales.
En realidad, esta situacin de irregularidad ya lleva producindose en el seno de la Fiscala desde hace un lustro. En junio de 2020, la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombr a Agustn Hidalgo de Morillo como fiscal delgado de Proteccin de Datos del Ministerio Fiscal. Hidalgo de Morillo es el marido de la fiscal jefe Inspectora, Mara Antonia Sanz, persona de la mxima confianza tanto de Delgado como de su sucesor, el imputado lvaro Garca Ortiz. Por su parte, en los ltimos meses, el papel del fiscal delegado ha sido, adems, muy cuestionado por su inaccin en el caso de la filtracin del novio de Isabel Daz Ayuso.
Ahora, el Partido Popular denuncia en el Senado que la nueva reforma es inconstitucional por no respetar la independencia requerida a la autoridad de control y, contrario a la normativa europea, primaria y derivada.
En el Ministerio Fiscal con la redaccin actual, la Unidad de Supervisin y Control de Proteccin de Datos del Ministerio Fiscal, en lugar de ser un rgano independiente se convierte en una unidad ms de la Fiscala General del Estado, como si fuera la secretara tcnica o la unidad de apoyo. Si una de las caractersticas de la Unidad de Supervisin y Control de Proteccin de Datos del Ministerio Fiscal, como autoridad de control, es su independencia parece claro que no lo puede nombrar quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempear la funcin. No es una autoridad independiente, es la propia autoridad quien ejerce la funcin, agregan.
Fuentes del grupo parlamentario del PP en el Senado destacan que el fiscal general us datos confidenciales de un particular para beneficiar al presidente del Gobierno y perjudicar a una rival poltica, en referencia al caso de la pareja de Ayuso. Nos tememos que su asalto, va la ley de eficiencia jurdica, a la autoridad que vigila que la Fiscala cumple la ley de proteccin de datos no tiene ninguna buena intencin, subrayan.
Por otro lado, en la Memoria de la Fiscala del ao 2021 se defendi que tena que ser un fiscal el que asumiese la condicin de fiscal responsable de la Unidad de Proteccin de Datos, afirmando que una alternativa distinta, alguien extrao a la institucin y, presumiblemente, ajeno y desconocedor de su organizacin, funcionamiento y singularidades, constituye una innecesaria e inslita excepcin (…), siendo el nico supuesto de externalizacin de un cargo para el ejercicio de funciones en el seno del Ministerio Fiscal.
Adems, en la Memoria se reclamaba que fuese una plaza de la primera categora, es decir, de fiscal de Sala.
