El PP denuncia que la Fiscala vulnera la proteccin de datos
La revelacin por parte de la Fiscala General del Estado de datos personales de Alberto Gonzlez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Daz Ayuso, imputado por fraude fiscal, ha inducido al PP a profundizar en el sistema de control y proteccin para el tratamiento de este tipo de informacin con fines de prevencin, deteccin, investigacin y enjuiciamiento de infracciones penales y ejecucin de sanciones que se lleva a cabo en el Ministerio Fiscal.
El PP ha detectado que esta labor no cuenta en la Fiscala con una autoridad independiente que la controle y supervise. Afirman que todo el tratamiento jurisdiccional que se hace en el Ministerio Fiscal de esta informacin se realiza vulnerando un derecho fundamental.
En este sentido, han registrado en el Congreso una proposicin no de ley instando al Gobierno a poner en marcha de manera inmediata la Unidad de Supervisin y Control de Proteccin de Datos en la Fiscala General y la aprobacin de un real decreto que desarrolle esta figura.
Sostienen que, con la ley vigente, la autoridad independiente del Ministerio Fiscal tiene que ser nombrada por mayora absoluta del Consejo Fiscal y en tanto no sea as, concluyen: Todo el tratamiento jurisdiccional que se hace en el Ministerio Fiscal se realiza vulnerando un derecho fundamental.
En Espaa, es la Agencia de Proteccin de Datos quien ejerce esa funcin con fines no jurisdiccionales y el PP recuerda en su proposicin una sentencia del Supremo de 2011 que, tras reconocer que una autoridad de control es esencial para garantizar este derecho apunta que la Agencia no deja de ser una Administracin Pblica que se inserta dentro del Poder Ejecutivo. Su director es nombrado por el Gobierno a propuesta del ministro de Justicia y el rgimen jurdico de sus actos es el de las Administraciones Pblicas.
Tambin sealan que la preocupacin por el derecho de proteccin de datos ha sido manifestado por la UE que en una directiva reclama una autoridad independiente para su control. Por ello denuncian que en la Fiscala espaola se est incumpliendo esa directiva y por tanto se vulnera el derecho a la proteccin de datos personales reconocido como fundamental en el artculo 8 de la Carta de Derechos de la UE.
