El PP acelera la posible sanción a Monasterio por su supuesto doble voto en la Asamblea de Madrid | Madrid | España

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha decidido que la Mesa del Parlamento regional, donde el PP tiene mayoría absoluta, instruya la investigación que debe determinar si la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, votó desde dos escaños distintos en el pleno del 1 de febrero. Así lo indica documentación a la que accedió EL PAÍS en la que el antiguo vicepresidente regional hace un pormenorizado análisis de lo ocurrido y determina que el asunto no acabe en la comisión del estatuto de los diputados, donde se habría nombrado un instructor para el caso, lo que previsiblemente habría dilatado los tiempos de las indagaciones. De esta manera, Ossorio acelera hacia la previsible sanción de Monasterio, que se enfrenta a una suspensión de hasta 30 días como diputada, a lo que podría añadirse la pérdida del sueldo y la parte proporcional de la subvención del grupo parlamentario Vox.

“De las indagaciones realizadas, cabe exponer los siguientes hechos”, arranca el escrito de Ossorio sobre la sesión del 1 de febrero. “El que había sido escaño del señor Ruiz Bartolomé [dimitido días antes] estaba vacante. (…) El señor Henríquez de Luna [diputado de Vox] ocupó dicho escaño durante parte de la sesión, habiendo pulsado al comienzo de la misma el botón de presencia en el escaño que no le correspondía”, sigue. “(…) Antes de dar comienzo a las votaciones, informé al pleno”, recuerda. “Advertido por los servicios de la Cámara, al realizar el acta de la sesión plenaria, de que parecía haber un error en la primera votación, solicité que se aclararan los hechos”, prosigue. Y remata: “En las imágenes registradas por los servicios de la Cámara, parece apreciarse que la ilustrísima señora Monasterio San Martín pudiera haber realizado la votación no solo en su escaño, sino también en el vacante”.

El escrito del presidente de la Cámara termina dejando en manos de la Mesa “iniciar, tramitar y resolver el correspondiente procedimiento sancionador si lo estimare oportuno”. Pero esa es una consideración puramente estética. El PP tiene mayoría absoluta en el organismo, y considera que el caso debe ser abierto y sancionado. Al tiempo, Ossorio aboga porque se siga un procedimiento garantista al máximo, que incluirá la petición de explicaciones a la investigada, y la posibilidad de que presente cuantas alegaciones considere oportuno. En consecuencia, lo previsible es que la Mesa acepte este viernes su competencia en el asunto, lo que acelerará el procedimiento.

“Es un procedimiento abreviado”, describe una fuente parlamentaria conocedora de los debates internos del Parlamento, donde se considera que haber derivado el caso a la comisión del estatuto de los diputados solo habría enquistado el problema, pues la decisión habría alargado los tiempos de resolución con la convocatoria y reunión de ese órgano; la elección de un instructor, que debería estudiar la materia y asesorarse con los servicios jurídicos de la Asamblea; y finalmente redactar una propuesta de resolución, que debería haber elevado a la Mesa.

Todo ocurrió así. El 25 de enero, José Luis Ruiz Bartolomé, mano derecha de Monasterio en la cámara, dejó su escaño para volver a la actividad privada. El 31, 24 horas antes de la celebración del siguiente pleno, Pablo Gutiérrez de Cabiedes renunció a ocupar su escaño, que le correspondía por ser el siguiente en la lista electoral. De esta manera, Vox llegó al hemiciclo con menos diputados presentes que electos tiene.

Ese 1 de febrero, los vídeos de la sesión reflejan cómo Monasterio pulsó el botón de su escaño, y el del continuo, vacío tras la renuncia de Ruiz Bartolomé, supuestamente para votar al menos en una ocasión. Así, Vox sumó más votos que diputados presentes en el pleno. Una irregularidad que el Parlamento investiga desde entonces, con la intención nunca ocultada de castigarla.

“Son cosas de la tecnología”, justificó Monasterio, que aseguró que no intentó votar dos veces, sino apagar el escaño de Ruiz Bartolome; y que es víctima de una cacería política orquestada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “Es imposible votar en nombre de un diputado que ya estaba dado de baja, no tenía ni el rótulo en el escaño, es todo absurdo”, ha llegado a argumentar la líder de Vox. Hay, al menos, un precedente de sanción por un caso similar, aunque no igual: el Tribunal Constitucional ya avaló el castigo del Parlamento Vasco a Carlos Iturgaiz (PP) por dar de alta a un diputado en una sesión en la que no estaba.

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