El «pelotazo» de las viviendas protegidas en Alicante: para cargos del Ayuntamiento, en urbanizacin de lujo y con un baremo que nadie conoce
A un kilmetro del mar, en una urbanizacin de lujo con piscina y pistas deportivas y en uno de los barrios ms codiciados de Alicante, donde los pisos pueden rondar perfectamente el medio milln de euros. En La Condomina, en el barrio de Playa de San Juan, se ubica el residencial Les Naus que ha abierto una crisis poltica en el Ayuntamiento de Alicante. El pelotazo urbanstico que ha permitido a cargos municipales y familiares acceder a viviendas protegidas -a precios que rondan los 200.000 euros- ha provocado incluso roces entre el consistorio y el Gobierno valenciano, ambos en manos del PP.
En el punto de mira est la nica promocin de vivienda pblica que se ha ejecutado en Alicante en dos dcadas, por lo que el PSOE pidi ayer conocer si hay ms personas vinculadas al equipo de gobierno municipal o allegados del PP que han resultado beneficiarios. De hecho, no solo se desconoce el listado completo de adjudicatarios -por una cuestin de proteccin de datos-, sino que el baremo y los criterios con los que el promotor reparti los pisos son una incgnita.
De momento, han trascendido como beneficiarios de las viviendas la concejala de Urbanismo, Roco Gmez, un arquitecto municipal y dos hijos de la responsable de Organizacin Interna, Contratacin Pblica y Gestin de Fondos del gobierno del alcalde Luis Barcala. Se trata de Mara Prez-Hickman, que ayer fue la primera en presentar su dimisin alegando en todo caso que no influy en la adjudicacin de los pisos.
La segunda en presentar su renuncia fue la concejala, en cuya defensa haba salido el alcalde. Barcala, de hecho, seal que Gmez se incorpor a la cooperativa promotora de la urbanizacin en 2018, es decir, cinco aos antes de entrar en poltica. Adems, segn Barcala, la licencia de obras para la construccin de esas viviendas se concedi en 2022, un ao antes de acceder al puesto de concejala. Gmez, que estaba de baja por maternidad, decidi finalmente apartarse, segn fuentes municipales, para que la investigacin pueda seguir su curso sin interferencias de ningn tipo, despus de haber aportado toda la documentacin que le ha sido requerida.
Barcala, que ha ordenado la apertura de un expediente para aclarar los hechos, apunt tambin a la Generalitat, en un movimiento que caus estupor y malestar en el Ejecutivo autonmico. El alcalde reclam una modificacin de la normativa autonmica para garantizar la mxima transparencia en los procesos de adjudicacin y acceso a las viviendas de promocin pblica. De hecho, fuentes municipales apuntan que la promocin nunca tuvo que publicitarse porque el promotor tena lista de espera.
La cuestin, insisten desde la oposicin socialista, es cmo la gente que se inscribi tuvo acceso a la informacin. Dicho con otras palabras, si tir de contactos para beneficiarse de una adjudicacin de vivienda pblica a la que no tuvo acceso la mayora de la ciudadana.
Pero la propia Generalitat, a travs de la Consejera de Vivienda, ha emitido un informe que certifica que los propietarios de los pisos cumplen los requisitos, algo en lo que insisti tambin el presidente valenciano. Aun as, Juanfran Prez Llorca calific el asunto de grave.
El informe del departamento autonmico de Vivienda concluye que todas las personas que han accedido a las viviendas integrantes de la citada promocin, y respecto de las cuales el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha expedido el correspondiente visado del contrato de compraventa, cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En este caso, no tener otra vivienda en propiedad y que los ingresos totales de la unidad familiar no superen los 6,5 veces el IPREM (el indicador de renta de referencia en Espaa).
La Administracin se ocupa de verificar que la edificacin cumple con los parmetros de VPP, as como confirmar que los adquirientes de las viviendas cumplen con todos los requisitos, insistieron fuentes de la Consejera que dirige Susana Camarero. Estas fuentes aclararon que en ningn caso es competencia autonmica la fijacin del baremo para priorizar a unos demandantes sobre otros. No obstante, se investigar si hubo manipulacin por parte de los adquirientes o los intervinientes en el procedimiento.
Los socialistas, que han denunciado que en Alicante hay 5.500 familias registradas en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para adquirir una vivienda, llevarn el caso a la Agencia Antifraude y a la Fiscala, al igual que Sumar.
