El nuevo macrocentro para menores inmigrantes de Ayuso, una mole en medio de la nada | Noticias de Madrid

Ya está casi todo listo en el Cerro de la Cantueña para que los chavales conozcan su nuevo hogar. Este lunes las literas habían sido instaladas en las habitaciones, donde dormirán seis adolescentes en cada una. Las mesas y las sillas estaban amontonadas en la entrada del edificio a la espera de que las coloquen en las aulas donde aprenderán español. El pequeño campo de fútbol lucía impecable, con redes nuevas y césped artificial intacto. Solo hay un inconveniente, uno muy grande, según los expertos en la inserción de los menores inmigrantes, el colectivo vulnerable al que está destinado este recinto. Cuando los chicos salgan por la puerta del complejo verán que están lejos de todo. Enfrente tendrán la autovía de Toledo, la A-42, con tres carriles por sentido bloqueándoles el camino. A su derecha, a 600 metros, se levantan los primeros edificios, unas naves industriales con grandes letreros en chino. Si pretenden explorar el entorno, el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, tendrán que hacerlo con cuidado porque este no es lugar para peatones. Este es el espacio donde operará el nuevo centro de primera acogida para menores inmigrantes de la Comunidad de Madrid, lejos de viviendas, institutos, centros de salud, parques o supermercados. Una isla en mitad de la nada.

Los primeros menores llegarán antes del martes que viene a este edificio de tres plantas y 4.000 metros cuadrados, que lleva abandonado desde 2009 y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado como una solución urgente a la congestión de su red de protección de menores. La solución para el aislamiento, dicen, serán nuevas líneas de transporte público que “se están estudiando”.

Las organizaciones que tratan con estos menores y la oposición a la presidenta han puesto el grito en el cielo porque la ubicación del centro, en lugar de favorecer la integración parece idóneo para lo contrario, el aislamiento. El centro se encuentra rodeado por Cobo Calleja, un enorme polígono que ocupa 162 hectáreas (equivalentes a 227 campos de fútbol) y que es conocido por albergar cientos de naves regentadas por empresarios chinos. El polígono pertenece a Fuenlabrada, que tiene 188.736 vecinos y se encuentra 23 kilómetros al sur de la Puerta del Sol. Sin embargo, las viviendas más cercanas al centro de menores no pertenecen a Fuenlabrada, sino a otro municipio vecino, Parla, y para llegar a ellas hay que recorrer 1,3 kilómetros de campo a través. El instituto más cercano en Fuenlabrada, el Joaquín Araujo, se encuentra a una hora y cuarto, y el centro de salud más cercano, el de Panaderas, a hora y media.

Accem, una organización que gestiona centros de menores en cinco comunidades de España, recalca que este colectivo debe residir en un entorno que facilite las relaciones interpersonales. “Integrar no es solo comer, dormir y tener un techo, es también generar espacios comunes para que el entorno no sienta desconfianza y los menores no se encierren aún más en sí mismos”, apunta Tejada. “Hay que facilitar que el menor tutelado pueda imbricarse en la vida de la ciudad o pueblo en el que está acogido y el urbanismo no puede suponer una barrera. Alejarlos favorece la creación de guetos y la estigmatización”.

En Madrid hay tres centros de primera acogida, la clasificación en la que se incluyen las nuevas instalaciones de Fuenlabrada. De ellos, solo uno es específico para migrantes, el ubicado en la Casa de Campo, diseñado para medio centenar de residentes. Según la Comunidad, en lo que llevamos de año, ha atendido a más de 1.800 menores no acompañados, frente a los 1.300 del año pasado.

Más Madrid ha tachado de cárcel el nuevo centro y el sindicato CCOO advierte que el modelo de macrocomplejo está desfasado. “La mejor forma de facilitar la preparación para la vida independiente son pisos tutelados en los que se atienda a ocho o diez chicos como mucho”, apunta Jose Manuel Iñiguez, delegado sindical de residencias infantiles. Marta Sánchez Briñas, abogada en la Fundación San Juan del Castillo-Pueblos Unidos, de los Jesuitas, advierte de que la lejanía de recursos educativos y administrativos hace que los extranjeros salgan del centro sin siquiera hablar español: “Parece que cuando los alojas lejos fomentas el miedo y responde a que quieres que nadie los vea y no puedan desplazarse con normalidad”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció este nuevo centro a finales de abril, cuando ya había comenzado la crisis política por el reparto entre las comunidades autónomas de los menores inmigrantes llegados a Canarias. La Comunidad ha aprobado 18,7 millones de euros destinados a acondicionar el inmueble y a la gestión de un centro que, de acuerdo con la información oficial, tendrá capacidad para 96 plazas. Hace dos semanas, durante el discurso del estado de la región, Ayuso anunció que el complejo fuenlabreño incorporará un “centro de referencia para la integración y formación” de estos menores. Los profesionales del centro trabajarán “en rutas formativas y de inserción sociolaboral”. Les enseñarán español, cómo funcionan las normas en España o cómo buscar un empleo.

Tan pronto como se conoció la noticia en abril del nuevo centro, estalló un enfrentamiento entre el Gobierno de Ayuso y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el socialista Javier Ayala. Este, alcalde desde 2018 y figura popular en su municipio donde gobierna con mayoría absoluta, ha reprochado a la Comunidad por tomar esa decisión de manera unilateral y contraviniendo un convenio de cesión de 1999. En ese documento se ponía como condición que el edificio y su entorno, el Cerro de la Cantueña, fuera un espacio de difusión ambiental que redunde en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada.

Esta disputa ha servido a Ayuso y a su equipo para criticar al alcalde Ayala por “dar la espalda” a los menores inmigrantes. La consejera de Política Social, Ana Dávila, le ha acusado de “puro racismo”.

Ayala responde que su oposición se ha centrado en las formas que ha tenido la Comunidad. “Fuenlabrada siempre va a ser solidaria para acoger a los y las menores”, contesta a este periódico. “Nosotros apostamos por un diálogo serio con la Comunidad de Madrid en una mesa donde estén todos los ayuntamientos con el objetivo de encontrar juntos soluciones para atender a estas personas que llegan a nuestra región”.

Su Ayuntamiento ha dado la batalla legal contra el proyecto, por ahora sin éxito. Hay tres procedimientos judiciales abiertos, según informa un portavoz de Ayala. Dos de ellos en juzgados de lo contencioso administrativo referentes a la paralización de las obras y a la reversión del la titularidad del espacio de la Cantueña, ambas cuestiones aprobadas por el Ayuntamiento y recurridas por la Comunidad de Madrid.

El tercer asunto es una denuncia del Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la forma de adjudicar el contrato de obras del edificio, que se hizo por la vía de emergencia, es decir a dedo.

En medio de esta guerra, Fuenlabrada anunció este lunes que este jueves votará en pleno la propuesta de llamar al centro con el nombre de la presidenta: Isabel Díaz Ayuso. La medida no tiene ningún recorrido porque es la Comunidad, titular del edificio y de las competencias de gestión, la que decide, pero a Ayala le sirve para llamar la atención. Un portavoz explica que debido a la confusión habitual sobre qué administración es responsable de cada recurso público, quieren resolver las dudas: “Que todo el mundo sepa quién es el responsable”.