El novio de Ayuso pide apartar a la número dos de García Ortiz de la causa donde está imputado su jefe por revelación de secretos
La defensa del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha remitido un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde pide la abstención de la número dos del fiscal general del Estado en la causa donde éste se encuentra imputado por un delito de revelación de secretos.
En el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la defensa de González Amador pide al Alto Tribunal que obligue a la número dos de Álvaro García Ortiz, la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, a pronunciarse sobre su abstención ya que “al mismo tiempo” tiene acceso a “las actuaciones judiciales declaradas secretas y dependencia jerárquica del investigado”, es decir, del fiscal general.
García Ortiz se encuentra en la actualidad imputado por un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso.
El letrado de la pareja madrileña insta a la Sala Segunda a dar traslado a Sánchez Conde “para que se manifieste sobre los indicios expresados de concurrencia de hasta cuatro causas de abstención en la Causa Especial 20557/2024 y sobre si la misma se abstiene por alguna, varias o todas las expresadas causas”.
Una de las causas de abstención es que la teniente fiscal ya se ha pronunciado sobre el fondo del asunto -el posible delito de revelación de secretos- cuando obligó a la fiscal de Madrid a informar en contra de la querella interpuesta para investigar estos hechos. “Dicha toma de posición lo fue sobre el fondo del asunto, para interesar que el fiscal encargado del asunto (María de la O Silva) informara en el sentido contrario al que su conciencia y experiencia le llevaban, esto es, en el sentido contrario a de que se admitiera la querella que da lugar a este procedimiento”, recoge el escrito.
Otro motivo es que Sánchez Conde “puede tener, además –y al menos–, la condición de testigo en relación a los hechos que nos ocupan, por poder con su testimonio y aportaciones incorporar al sumario la información y soportes –físicos o digitales– de los que disponga que acerquen al descubrimiento de la verdad, y sin que exista en el ordenamiento jurídico excepción alguna que le relevara de dicha obligación constitucional”, en palabras de la acusación particular.
Ante la compleja e inédita situación procesal a la que se enfrenta la Fiscalía en la causa abierta por la imputación de su máximo responsable, la teniente fiscal del TS ha emitido un decreto donde deja sin efecto la previsión legal de dación de cuenta al fiscal general de su actuación en este procedimiento. “Ningún fiscal puede intervenir en ese procedimiento con libertad porque depende jerárquicamente del fiscal general”, advirtieron fuentes fiscales a EL MUNDO.
Por otro lado, la teniente fiscal del Supremo ha recurrido, directamente en apelación, la orden de entrada y registro decretada por el Alto Tribunal respecto del despacho de García Ortiz. Fuentes fiscales informan de que la apelación se basa en que se considera que la diligencia acordada por el instructor de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado fue desproporcionada y lesiva con los derechos fundamentales del fiscal general.
