El mayor ‘chanchullo’ público a la empresa de Cerdán: ni la UTE estaba constituida, ni aparecen las actas, ni había capacidad legal para adjudicar los 6,8 millones

¿Se puede, en España, adjudicar el contrato para construir 62 viviendas de protección oficial (VPO)a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que aún no existe como tal?

¿Se puede, en la Administración española, adjudicar un contrato público si no se tiene la capacidad legal para ello? Y, ya puestos: ¿puede, una administración local de este país, otorgar un contrato de 6,8 millones de euros y que un rato después nadie sepa dónde diablos están ni las mismísimas actas de la adjudicación, ni la mayor parte de la documentación?

Respuesta: sí, se puede. El Gobierno navarro y Servinabar -en unión esta última con Acciona– consiguieron estos hitos del proceso administrativo, y algunos más, entre 2018 y 2020. Sin intervención, que se sepa, de Groucho Marx y «la parte contratante de la primera parte».

Pero a eso, a un completo disparate, remite la lectura del informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra sobre las 62 viviendas construidas en Erripagaña, en Egües, un municipio junto a Pamplona, por el gigante del Ibex y aquella pequeña empresa que a los funcionarios de Cohesión Territorial les «sonaba rara», y de la que la Guardia Civil descubrió luego que pertenecía en un 45%, por documento privado, al ya ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. En un país en que, según los expertos, pocos contratos públicos cumplen al 100% la normativa, el contrato otorgado el 21 de diciembre de 2018 a la UTE de Acciona y Servinabar, en Gobierno de Geroa Bai, luego ejecutado por María Chivite (PSOE-PSN), probablemente pulveriza un improbable récord: el de la adjudicación con más deficiencias, más errores y mayores dosis de surrealismo.

Y quizás más aún teniendo en cuenta que durante meses el actual Gobierno navarro negó trato de favor alguno a Servinabar, cuyo dueño, Antxon Alonso, posó a la inauguración del edificio con María Chivite, ya presidenta regional, el 7 de abril de 2021.

El informe de la Oficina Anticorrupción, sin embargo, no hace prisioneros. En esencia, certifica la nulidad total de la adjudicación, pero no por una ni por dos causa: por muchas, casi dos docenas, cada una de las cuales podría valer ya la nulidad de por sí. O, como dice el documento, textualmente: «Es tal el cúmulo de irregularidades, anomalías o desviaciones detectadas, que el hecho de que cualquiera de ellas pudiera ser causa de nulidad no es obstáculo para que se examinen irregularidades cometidas con posterioridad».

Para empezar, la ley foral obligaba a Nauvinsa, la empresa pública de vivienda, a contar con autorización expresa del Gobierno de Navarra. La OANA le pide en agosto pasado dicha autorización a la institución. Insólita respuesta el 25 de agosto desde Nasuvinsa, que apunta incluso a la obstrucción al auditor: «Se ha intentado localizar dicha autorización por distintas vías pero no hemos conseguido localizarla».

Después, se debía acreditar la necesidad de un contrato así, de la construcción de las viviendas y de ese tipo en concreto, por las características de la zona, sus recursos y demografía, ese tipo de cosas. Agua, igualmente.: «Nasuvinsa no ha presentado informe de la unidad gestora sobre la necesidad de este contrato, ni informe jurídico que declarara que los pliegos de condiciones de esta contratación eran conformes a derecho, ni informe de conformidad de quien fiscalizara a Nasuvinsa, todo lo cual viola la ley foral».

Prosigue el informe, de 50 páginas de las cuales no sobra ni una: «Ausencia de presidencia y de persona representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra en la mesa de contratación. Inexistencia de declaración sobre conflicto de intereses de los miembros de la Mesa de Contratación».

Es decir, en un procedimiento completamente reglado, y en el que seguir las reglas asegura la igualdad de oportunidades de todos los competidores, no se acredita que la mesa que adjudicó el contrato contara con un presidente, ni con nadie de la Junta de Contratación, ni que los miembros probaran que no tenían intereses propios que les apartaran de la equidad y el beneficio público.

«Y lo más sorprendente de todo es que ni el Departamento competente en materia de vivienda del Gobierno de Navarra, ni la Junta de Contratación Pública de Navarra, ni cualquier otro órgano fiscalizador advirtieran esta irregularidad», se rasca la barbilla el autor del informe.

Seguimos. Anticorrupción sostiene también que el contrato ni siquiera «pudo tramitarse» porque Nasuvinsa tampoco realizó un expediente de contratación y no se llegó a aperturar el «procedimiento».

Para comprobar que todo se hizo conforme a derecho (o quizá para lo contrario), la Oficina Anticorrupción le pide también a Nasuvinsa documentación presentada por dos de los competidores de Acciona y Servinabar: los sobres de ambas ofertas no aparecen por ninguna parte.

Pero es que tampoco aparece el acta de constitución de la mesa, o Nasuvinsa no la aporta a la OANA, con lo que la Oficina ni siquiera «puede asegurar que el resto de licitadoras presentaran la documentación exigida en las licitaciones». Llegados a este punto, el fiscalizador de la OANA parece preguntarse qué clase de tornado o terremoto pudo asolar la empresa navarra de vivienda pública.

Se le pide a Nasuvinsa el sobre con las valoraciones cualitativas de las distintas ofertas. Lo que devuelve, dice textualmente el informe de Anticorrupción, es «un desprecio absoluto por el procedimiento legalmente establecido»: en vez de informes técnicos, «unos archivos con flechas hacia arriba, hacia abajo y anotaciones a mano».

Incluso con lo poco que aporta Nasuvinsa a lo solicitado por el auditor, la OANA ya asegura que la oferta de Servinabar y Acciona debió ser excluida, por meter información de un sobre en otro -la dosificación de la información de cada oferta asegura la legalidad del proceso-. Nada se hizo, porque la UTE ganó.

Tampoco hay propuesta de adjudicación del contrato, porque «una vez más queda verificada la ilegalidad y falta de transparencia del procedimiento», sigue el informe.

La propuesta de adjudicación -que según la OANA tampoco es tal, porque incumple cumplidamente sus formalidades- se realiza antes de abrir dos sobres de ofertas. Es decir: se otorgan los 6,8 millones antes de conocer, legalmente, todas las ofertas. Pero es que, según la Oficina, ni siquiera consta en la documentación que la UTE de Servinabar y Acciona estuviera constituida, ni que hubiera presentado credenciales…

Sobre la ausencia de actas en general, la contestación de Nasuvinsa a la OANA no tiene desperdicio, merece una lectura: «En el año 2018 no existía un área o departamento concreto responsable de la custodia de la documentación relativa a los expedientes de licitación y contratación pública. Tampoco hemos localizado procedimientos formalmente establecidos al respecto».

Sigue el insólito párrafo: «Por lo que hemos podido averiguar, según el objeto del contrato que se licitaba, intervenían en la tramitación de los expedientes diferentes áreas, distribuyéndose la documentación, en papel, entre el personal técnico conocedor del contrato y el personal jurídico que prestaba asesoramiento». Total, que no hay actas.

La Oficina, en fin, está dirigida por Edurne Eguinoa, cuota Bildu, elegida en su momento con los votos del PSOE-PSN para Anticorrupción.

El consejero navarro José María Aierdi aseguró ayer a la prensa, por lo demás, que el informe de la OANA contiene «juicios de valor» y que «no hubo trato de favor» a Servinabar.