El juzgado lleva un mes sin dar con un condenado por el asesinato de su mujer en Collado Villalba | Madrid | España

El asesinato de Valentina Chirac no tiene fin. Esta mujer fue asesinada en su casa en 2017. Fue hallada estrangulada y envuelta en mantas en el suelo de su dormitorio, en Collado Villalba (Madrid). Su marido, David Arellano, fue detenido tres días después por el crimen, tras el funeral. Entonces ingresó en prisión a la espera de juicio, que llegó en 2020. Ese año, el acusado escuchó por primera vez de la boca del presidente de un jurado popular el veredicto de culpabilidad. Ese presidente siguió hablando al bajar las escaleras de la Audiencia Provincial de Madrid y dijo que había cambiado el sentido de su voto para poder irse a casa antes. Por este motivo, el veredicto fue anulado y se ordenó repetir el juicio. Este 2023 otro nuevo jurado concluyó que Arellano era culpable del asesinato de su pareja con agravante de parentesco y género. Esta misma semana se dictó sentencia: 22 años de prisión. Pero el juzgado lleva un mes sin dar con el condenado.

La policía local de Collado Villalba y Galapagar intenta, sin éxito, dar con el hombre sentenciado desde finales de septiembre para notificarle las medidas respecto de su hija menor de edad, que tuvo con Valentina. Pero ha sido imposible dar con él. Ahora el juez tiene que decidir si emite una orden de busca y captura contra Arellano para que ingrese en prisión para cumplir su sentencia. Por el momento, en una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada ha solicitado al fiscal y a los letrados que aleguen lo que consideren sobre la “situación personal” del acusado y posteriormente se tomará una decisión.

Arellano acudió a la vista de este año como un hombre libre porque debido a la anulación y repetición del proceso se había agotado el tiempo máximo que la ley permite que una persona esté en prisión provisional sin sentencia. El 27 de septiembre el jurado lo declaró culpable por unanimidad del asesinato, pero no de la agresión sexual, lo que le eximió de la posibilidad de ser condenado a prisión permanente revisable. En la providencia se señala que la policía ya no pudo localizarlo en su última dirección desde el día 28.

Según los hechos probados por la sentencia, el acusado y la víctima fueron a cenar en mayo de 2017 con sus amigos y cuando regresaron a casa, ya de madrugada, Arellano golpeó a su esposa en la cabeza y la estranguló hasta que dejó de respirar. “Después de asfixiar a Valentina, el acusado manipuló la escena del crimen a fin de simular que la muerte de la misma había tenido lugar durante un robo en el domicilio familiar”, recoge el fallo. Para sostener esta versión, el ahora condenado fue esa mañana a un circuito de motos, a tomar un café a un bar y pasó por una gasolinera. Cuando regresó a casa a mediodía, llamó a los servicios de emergencias para indicar que habían entrado a casa a robar y había asesinado a su mujer.

La Guardia Civil no creyó esta versión porque no halló ningún signo de entrada forzada en el chalet, la alarma no había sido manipulada y, según explicaron en el juicio, ese no se trata del modus operandi de un ladrón. El jurado también valoró los informes de las forenses del juzgado, que dictaminaron que la mujer había muerto de madrugada, y no por la mañana, y que había “luchado por su vida”. Las especialistas también concluyeron que la asfixia se produjo cuando la mujer tenía las capacidades disminuidas por efecto del traumatismo craneoencefálico.

Por todo ello, la sentencia condenó a Arellano a 22 años de prisión, un fallo que su abogado, Manuel Alonso, ya anunció que iba a recurrir. Pero la jueza también le impuso la prohibición de comunicarse con su hija durante 30 años y le retiró la patria potestad. Son estas medidas, tratadas en una pieza aparte, las que la policía no ha podido entregar oficialmente al condenado porque no lo localiza desde hace un mes. La niña se encuentra en buen estado y cuidada por unos famliares, indican fuentes cercanas al caso. En los próximos días se tomará una decisión sobre el estatus jurídico del condenado.

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