El juez sostiene que Garca Ortiz actu “a raz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”
El magistrado del Tribunal Supremo ngel Hurtado sostiene en el auto donde ha decidido enviar al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid a juicio por la filtracin de datos confidenciales del novio de Isabel Daz Ayuso que lvaro Garca Ortiz actu siguiendo “indicaciones” de la Presidencia del Gobierno, que encarna Pedro Snchez, y con el objetivo de “ganar el relato”.
En la resolucin, el juez seala que, a su juicio, cabe presumir como hechos que “a raz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando informacin publicada en el diario EL MUNDO, a las 21:29 horas del da 13 de marzo de 2024, titulada La Fiscala ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”, el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa informacin por parte de la Fiscala” sobre de quin haba surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entr en una dinmica de un frentico intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a travs del sistema de mensajera mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscala no haba ofrecido ningn pacto de tal tipo”.
El instructor aade que dichas comunicaciones comenzaron con una conversacin telefnica mantenida con la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodrguez Fernndez, “minutos despus de las 21:29 horas, tras la cual, sta realiz un par de llamadas telefnicas al fiscal encargado del caso, Julin Salto Torres, para solicitarle, por encargo del fiscal general del Estado que le remitiera inmediatamente los correos electrnicos intercambiados entre l y el letrado de Alberto Gonzlez Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una informacin que estaba circulando por la redes, lo que as hizo”.
Entre esos correos, que la fiscal jefe remiti al fiscal general, “figuraba uno de 2 de febrero de 2024”, enviado por el abogado de Gonzlez Amador al fiscal del caso, con el siguiente asunto ‘Propuesta de conformidad penal en relacin con un delito contra la Hacienda Pblica’. Dicho correo, segn indica el auto, conclua diciendo: “les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo ntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pblica) as como proceder a resarcir el dao causado pagando ntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.
El auto del instructor seala que “la finalidad de solicitar la remisin de dichos correos a Julin Salto, cuyo contenido conoci Mara Pilar Rodrguez Fernndez, era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrnico de lvaro Garca Ortiz, pero no al oficial, sino al particular, segn l mismo le haba indicado, como as hizo Pilar, efectivamente, para, a continuacin, aqul, de acuerdo con la colaboracin que sta le prest, acabar facilitndolo a un medio, como la Cadena Ser, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelara el confidencial contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024, lo que as ocurri mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofnico Hora 25 de dicha emisora, que no fue sino un adelanto de su publicacin a las 23:51 horas en la web de dicho medio”. Dicho medio aada en su informacin que la Fiscala de Madrid preparaba un comunicado al respecto que sera publicado en las prximas horas.
A continuacin de la publicacin de esta informacin -prosigue el auto- “con la documentacin que ya tena en sus manos lvaro Garca Ortiz, proporcionada por Mara Pilar Rodrguez Fernndez, se puso en marcha para ir confeccionando el referido comunicado, que lo hizo en forma de nota, donde se incorporaba informacin, adems de otros, del referido correo de 2 de febrero de 2024, y, cuando el borrador lo tuvo terminado, se lo remiti a Mara Pilar Rodrguez Fernndez, quien, conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposicin alguna a su publicacin, que apareci con el membrete de la Fiscala Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del da 14 de marzo de 2024”.
El temor de Lobato
La resolucin agrega que, paralelamente, desde Fiscala General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusin por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, se envi copia de l a Pilar Snchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien hizo uso de l, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervencin en la sesin del da 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Daz Ayuso.
En el auto, el magistrado destaca que la declaracin como testigo de Snchez Acera, prestada el da 12 de marzo de 2025 en el Supremo, vinculada al informe de la UCO de 19 de diciembre de 2024 sobre el dispositivo mvil de Lobato, “es una fuente ms de indicios sobre la presumible filtracin del correo de 2 de diciembre de 2024, desde la Fiscala General del Estado”.
Hurtado subraya que “el propio Juan Lobato intuy que el inicial correo de 2 de febrero de 2024, que le ofreci Pilar Snchez Acera, sin que los datos personales aparecieran tapados, para que hiciera uso de l en la maana del da 14 de marzo de 2024, en su intervencin en la Asamblea de Madrid, era el de la Fiscala”.
El instructor aade que los “datos objetivos” que aporta el informe de la UCO son que, despus de que la Cadena Ser revelara a las 23:51 horas del da 13 el contenido del correo de 2 de febrero de 2024 y apuntase a la generacin de la nota por la Fiscala, y antes de que cualquier otro medio hiciera pblica la imagen de ese email, “Presidencia del Gobierno pudo disponer de l, al menos, a travs de Pilar Snchez Acera, con la finalidad de utilizarlo polticamente frente a la pareja del titular de esos datos personales y secretos, la Presidenta de la Comunidad Autnoma de Madrid”.
Adems, el auto reprocha al fiscal general el borrado masivo de sus dispositivos electrnicos durante la instruccin judicial y su negativa a responder a sus preguntas durante la investigacin judicial.
