El juez del Supremo interroga hoy al socio de Cerdn que le sirvi de nexo con Bildu
Hasta hace pocas semanas, el empresario Antxon Alonso era un desconocido ms all de Navarra. Sin embargo, su nombre ha cobrado protagonismo a medida que ha avanzado la instruccin del caso Koldo y han aparecido indicios de criminalidad contra el ex secretario de Organizacin del PSOE, Santos Cerdn, actualmente en prisin preventiva.
Alonso era el dueo de Servinabar, una pequea empresa, con nula experiencia en el negocio de la construccin, que comenz a resultar adjudicataria de importantes obras en Navarra como la de Mina Muga, en el municipio de Sangesa, o el pabelln de Navarra Arena, en Pamplona. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registr, por orden del Tribunal Supremo, el pasado 10 de junio su vivienda y la sede de la empresa en la capital navarra.
En el registro de su domicilio, los agentes encontraron un contrato privado de compraventa por el que Antxon Alonso ceda 1.350 participaciones sociales (de las 3.000 en las que se estructura la mercantil) a Santos Cerdn.
Pero el empresario no slo era socio de quien fuera hombre de la total confianza de Pedro Snchez, tambin lo fue de Koldo Garca, ex asesor del ministro de Transportes Jos Luis balos, a travs de la sociedad cooperativa Noran Coop. Segn consta en el sumario, esta mercantil fue constituida el 26 de junio de 2015, en el mismo mes que se firm la encomienda para la tramitacin administrativa de las concesiones de explotacin minera de Mina Muga, y menos de tres meses antes de la constitucin de Servinabar.
Pieza clave con el PNV
Adems, desde el punto de vista poltico, la figura de Antxon Alonso tambin ha cobrado protagonismo en los ltimos das despus de que en su declaracin en el Supremo, Cerdn sostuviera que fue pieza clave para lograr el apoyo del PNV en la mocin de censura que condujo a Pedro Snchez al Palacio de la Moncloa en el ao 2018. Asimismo, el lder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, confirm el pasado jueves que Alonso fue la persona que le puso en contacto con el ex secretario de Organizacin del PSOE para iniciar el acercamiento poltico entre Bildu y el PSOE.
Junto a Antxon Alonso, el magistrado de la Sala Segunda Leopoldo Puente tomar declaracin este lunes al ex directivo de Acciona Fernando Merino, quien tambin fue registrado por la UCO el pasado 10 de junio.
Merino, ex director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, fue la persona que decidi que la multinacional concursara en UTE con Servinabar cuando la trama corrupta comenz a operar en la comunidad foral; aos antes de penetrar en el Ministerio de Transportes que encabezaba balos. Sobre Merino, el ex nmero 3 del PSOE, Santos Cerdn, admiti conocerle en el Supremo antes de ingresar en prisin. “Se present en Pamplona en mi despacho como delegado de Acciona en Navarra”, precis el ex diputado.
La UCO sostuvo en su demoledor informe que, al menos desde el ao 2015, se habra fraguado una estrecha relacin entre Merino, Alonso, Koldo y Cerdn “principalmente, de la vinculacin mercantil Acciona-Servinabar”. Aos despus, al ex directivo de Acciona se le lleg a consultar hasta el diseo del organigrama y cargos propuestos para el Ministerio de Jos Luis balos.
537 millones de euros
Por otro lado, de las pesquisas se desprende que el total de las obras adjudicadas por el Gobierno de Snchez -a travs del citado Ministerio- a Acciona, a travs de licitaciones, asciende a ms de 537 millones de euros.
Segn las grabaciones realizadas por Koldo, e incautadas por la Guardia Civil, por esos amaos, balos y su ex asesor habran percibido mordidas por “la cantidad de 550.000 euros, siendo adeudados todava otros 450.000 igualmente comprometidos (de los que, tal vez, 70.000 podran haberse destinado a la adquisicin de una ‘bajera’)”.
En el auto donde el magistrado Leopoldo Puente acord la imputacin de los empresarios, el instructor sostuvo que se trata “de personas que, en su condicin, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habran podido intervenir en la indebida adjudicacin en favor de concretas obras pblicas a cambio de precio”.
Por su parte, el pasado viernes prestaron declaracin en calidad de imputados en el Supremo los empresarios Jos Ruz, de Levantina Ingeniera y Construccin (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel Fernndez Menndez, de Obras Pblicas y Regados (OPR), a quienes el juez les impuso la obligacin de comparecer de manera quincenal en el juzgado como medida cautelar.
