El juez cita a 18 investigados en otra causa de corrupcin de la etapa del PSOE en la Junta de Andaluca por el aval irregular de un milln a una empresa que tambin se benefici de los ERE
Un juez de Sevilla ha citado a 18 investigados en otra causa de corrupcin de la etapa del PSOE en la Junta de Andaluca por el aval irregular de un milln de euros que la Administracin andaluza otorg a una empresa que tambin se benefici de las ayudas de los ERE.
Entre los investigados figuran al menos cuatro ex altos cargos que ya han sido condenados por el caso de los ERE, si bien alguno de ellos ha sido amparado parcialmente por el Tribunal Constitucional. Se trata del ex consejero del Gobierno andaluz Francisco Vallejo; los ex viceconsejeros Agustn Barber y Jess Mara Rodrguez Romn; y el ex director general de la Agencia IDEA de la Junta Jacinto Caete.
Las pesquisas las est tramitando el Juzgado de Instruccin 6 de Sevilla a travs de una pieza separada que trata de aclarar la «indebida» concesin de una ayuda en forma de aval por importe de 1.190.000 euros por parte de la Agencia IDEA a la sociedad Grupo TPM, Inversiones Plsticas TPM S.L. Esta empresa ya recibi otros 1,5 millones de euros en 2008 de la Junta del conocido como fondo de reptiles que nutra los ERE irregulares.
En un auto notificado esta semana, el magistrado instructor atiende la peticin realizada por la Fiscala Anticorrupcin y cita a declarar a las 18 personas investigadas entre los prximos das 17 y 25 de febrero, y acuerda, adems, ampliar y prorrogar el plazo de instruccin de la causa por otros seis meses adicionales, hasta el da 21 de junio de 2026, segn ha informado este viernes la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA).
En esta causa se investigan presuntos delitos de prevaricacin y malversacin, vinculados con la «indebida» concesin de ayudas en forma de avales a Grupo TPM, «sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello», ya que la empresa estaba en crisis y no estaba clara su «viabilidad futura», dice el auto judicial.
De la investigacin judicial se deduce que los ex altos cargos de la Junta investigados habran utilizado «de manera ilcita la figura de los avales, como medio para hacer llegar fondos pblicos a Grupo TPM de manera absolutamente injustificada y arbitraria«, precisa el juez.
El caso ERE
En el caso de Grupo TPM, el magistrado considera que «sera posible deducir que en la concesin de tales ayudas en forma de avales habran mediado razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo; careciendo dicho otorgamiento de razones tcnicas que permitieran, desde una perspectiva jurdica y financiera, justificar la concesin de estas ayudas». Tanto los avales de IDEA como las ayudas sociolaborales concedidas por parte de la Consejera de Empleo por importe de 1,5 millones con cargo a la partida 31-L -la de los ERE-, suponen una «ilcita y progresiva inyeccin continuada» de fondos pblicos en favor del Grupo TPM, «conculcando la legalidad vigente», advierte el juez.
El aval de 1.190.000 euros concedido por Idea al Grupo TPM el 30 de septiembre de 2008 es especialmente llamativo e irregular porque se concedi «pese a que la empresa haba sido previamente declarada en concurso voluntario de acreedores por medio de auto de 25 de enero de 2005″, apostilla el auto.
El juez instructor ha pedido a la Agencia IDEA que, «a la mayor brevedad posible», facilite «toda la informacin y documentacin de que disponga (peticiones de informes, borradores, comunicaciones, informes, acuerdos, memorandums, actas de reuniones, propuestas, correos electrnicos, notas, etc…) sobre la concesin» de una serie de ayudas a esta sociedad, en concreto dos incentivos directos por importes de 1.040.366 euros y 106.639 euros y dos incentivos reembolsables por valor de 10.159.820 euros y 903.717 euros.
En este sentido, el juez requiere al director de la Agencia IDEA que emita un informe sobre si las dos ayudas en forma de incentivos directos mencionadas «han sido efectivamente abonadas por IDEA; incluyendo documentacin justificativa». De otro lado, acuerda tambin librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de que, conforme a lo solicitado por la Fiscala, ample atestado «practicando las diligencias pertinentes en orden a identificar a los directivos, responsables y/o representantes» del Grupo TPM «que habran podido tener participacin en la concesin, desarrollo, seguimiento y ejecucin irregulares del aval, por importe de 1.190.000 euros, concedido por los responsables de la Agencia IDEA en favor» de esta sociedad.
