El Gobierno se “muerde la lengua” y “no comparte” la condena al fiscal general tras proclamar y defender su “inocencia” durante ms de un ao

Un cierre de filas absoluto. Sin fisuras. Desde el primer momento. Incluso, en pleno desarrollo del juicio. “El fiscal general es inocente, y ms an tras lo visto en el juicio”, mantuvo Pedro Snchez en una reciente entrevista en El Pas. El presidente del Gobierno se haba puesto a la cabeza de esa defensa, expresando pblicamente “la confianza del Gobierno en su fiscal general”. De manera constante en el tiempo, los miembros del Gobierno ponan la mano en el fuego. “Respeto a la Justicia, pero manifestar ese respeto no es contradictorio a manifestar una opinin”, decan. El Tribunal Supremo ha condenado a dos aos de inhabilitacin y a una multa de 7.200 euros a lvaro Garca Ortiz por un delito de revelacin de secretos en relacin a la presunta filtracin de un correo relacionado con la pareja de Isabel Daz Ayuso. Desde La Moncloa expresan “respeto al fallo, pero no lo comparte”. En el Gobierno ha enfadado el fallo.

“El Gobierno siempre ha credo y ha defendido la inocencia del Fiscal General del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa”, ha expuesto en una declaracin institucional desde La Moncloa, sin preguntas, Flix Bolaos, ministro de Justicia. Una intervencin en la que ha querido lanzar un mensaje, especialmente a los ciudadanos “que no comparten este fallo”: “La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. Espaa es un Estado de Derecho con garantas y recursos para dirimir las discrepancias con una decisin judicial”.

En un tono medido e institucional, lejos del choque con la Justicia, Bolaos ha sealado que el Gobierno “va a defender” el “trabajo y su derecho a ejercerlo con garantas” tanto a los periodistas como a los inspectores de Hacienda y fiscales cuya labor, consideran en el Ejecutivo, se ha puesto “en duda” durante el juicio.

“Voy a moderme la lengua y voy a ser prudente”, ha expresado scar Lpez, ministro de Transformacin Digital, al ser preguntado si esperaba una condena as, nada ms conocerse el fallo y tras participar en el acto Metafuturo. Unas declaraciones que reflejan el malestar que ha generado en el Ejecutivo la condena. En esa misma lnea se ha expresado en sus redes social el ministro de Transportes, scar Puente, que ha colgado un mensaje metafrico de ponerse una cremallera en la boca. La consigna en el Gobierno es evitar decir lo que de verdad piensan, sortear, al menos hoy, el choque con el Supremo y las salidas de tono dejando la reaccin en la esfera institucional expuesta por Bolaos.

Pese a sentarse en el banquillo, desde La Moncloa siempre dieron la mano a Garca Ortiz, defendiendo que siguiera en su cargo aunque estuviera imputado. “Hemos defendido siempre que la situacin del fiscal general es sostenible y lo seguimos haciendo”, argumentaban hace slo unos das.

Ni siquiera durante el ltimo ao -el Tribunal Supremo abri causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelacin de secretos el 16 de octubre de 2024- en el Gobierno replantearon esa defensa.

Snchez, a la cabeza de la defensa

Una vez que el juicio fue visto para sentencia, en el seno del Gobierno no descartaban “ninguna posibilidad”, esto es, asuman que la condena era una posibilidad, que no les pillara por sorpresa, pero que “con lo que haba sobre la mesa, su opinin era la que era: inocente”. No les ha cogido por sorpresa el fallo, lo que no impide que haya enfado y malestar porque estn en desacuerdo. A Pedro Snchez la noticia le ha cogido regresando de Ceuta, donde se ha desplazado para inaugurar la nueva terminal de la Estacin Martima.

“Quin va a pedir perdn al fiscal general del Estado, quin lo va a hacer?”, lleg a lanzar Snchez, en diciembre de 2024, cuando un informe de la UCO constataba que el fiscal general haba borrado mensajes de su mvil y mails, lo que les llev a encontrar “cero mensajes” en el dispositivo durante los das clave de la presunta filtracin, en marzo de ese ao.

En la comparecencia en La Moncloa de balance de final de ao, sac de nuevo la bandera de la confianza y la inocencia del fiscal general. “Antes del informe de la UCO ya manifest la confianza del Gobierno de Espaa en el Fiscal General del Estado. Despus del informe de la UCO, an ms la confianza del Gobierno de Espaa en su Fiscal General del Estado”, respondi a los periodistas. “Se demuestra lo que siempre hemos dicho, que las cosas al final el tiempo las pone en su sitio y no deja de ser paradjico que se est preguntando sobre esta cuestin cuando, uno, la pareja de la seora Ayuso todava no ha explicado ante la Justicia su presunto delito fiscal”.

En julio de este ao, con motivo del despacho de verano con el Rey en Mallorca, el jefe del Ejecutivo fue preguntado por los periodistas acerca de la situacin de Garca Ortiz, despus de que ese da -29 de julio de 2025-, el Tribunal Supremo hubiera rechazado su recurso contra el auto que propona sentarle en el banquillo por revelacin de secretos. “Nosotros respaldamos la accin del fiscal general, creemos en su inocencia y cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de Espaa”, insisti.

La tesis que ha defendido durante ms de un ao el Gobierno es que “no es un delito desmentir un bulo”, porque, dicen, eso fue lo que quiso hacer Garca Ortiz. El argumentario que todos estos meses han empleado los ministros ha sido: “Lo que se ha visto desde el primer momento es que la Fiscala lo nico que hizo fue desmentir un bulo que se haba lanzado desde Puerta del Sol“.

“Se nos pregunta si es inocente y nosotros creemos que s, por eso lo decimos”, defendan fuentes gubernamentales en la primera semana del juicio. “No hay dudas sobre lo que pensamos”.

Sumar: “Es un golpe judicial en toda regla”

En el sector minoritario del Gobierno no se andan con medias tintas y salen con mucha contundencia a criticar la condena al fiscal general. Sumar denuncia que es “un golpe judicial en toda regla”. Es, remarcan fuentes oficiales, “la prueba ms clara de que algunos sectores del Poder Judicial han decidido entrar en combate poltico contra el Gobierno”.

La fuerza poltica liderada por Yolanda Daz asegura que la resolucin del Supremo “slo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrtica de nuestro pas”.

Para Sumar este caso tiene “una gravedad institucional absoluta”. “Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas sealadas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legtimo”, aseguran estas fuentes del socio minoritario.

Para los de Daz la sentencia est basada en indicios “dbiles” y “sin una sola prueba directa de filtracin”. Adems, Sumar denuncia que “se ataca a quien desminti una mentira” y “no a quienes la fabricaron”.