El Gobierno reforma la ley electoral para hacer obligatorios los debates en las televisiones públicas

El debate electoral es una fecha que todos los partidos marcan en rojo en el camino a una cita con las urnas y, ahora, está un paso más cerca de quedar regulado como obligatorio por ley. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley electoral por el que se establece que las cadenas públicas deberán celebrar, “al menos”, un debate entre todos los candidatos en cada campaña electoral.

La reforma se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno puso en marcha en septiembre de 2024. Hasta ahora, no era obligatorio que las televisiones de titularidad pública celebrasen debates electorales y, en caso de que decidieran organizarlos, solo quedaba establecido que debían garantizar el “respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa”.

Sin embargo, la hoja de ruta del Ejecutivo pasa ahora por hacer ley los debates en las cadenas públicas. Todas, las nacionales –RTVE– y las autonómicas, deberán organizar “al menos” uno por cada campaña electoral que se celebre en el territorio que les compete. Además, a dicha cita televisiva deberán acudir obligatoriamente los representantes de las fuerzas políticas que compiten en esos comicios. Los candidatos no podrán ausentarse “salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente”.

Así, esta última cláusula impide que los aspirantes a gobernar puedan renunciar a asistir al debate organizado por las cadenas públicas, algo que ocurría con cierta frecuencia -por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo se ausentó del debate que RTVE organizó para las últimas elecciones generales-.

No es esta la única novedad que pretende introducir el Ejecutivo respecto a quienes pueden -o deben- participar en los debates. Hasta ahora, solo se autorizaba a concurrir a la cita televisiva a los candidatos de las formaciones que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes. Bajo este pretexto, partidos como Vox y Podemos quedaron fuera de varios debates cuando ya eran formaciones con cierto peso político, pues no se habían presentado a la cita electoral precedente.

Esto, a partir de ahora, cambia. El Gobierno abre la puerta a que puedan participar en el debate los representantes de los “grupos políticos significativos”, que son aquellos partidos que, pese a no haber obtenido representación en los anteriores comicios equivalentes, en posteriores elecciones de ámbito territorial sí hayan obtenido más del 5% de los votos.

Solo los medios públicos quedan obligados a celebrar un debate electoral previo a cada cita con las urnas. Sin embargo, la reforma precisa que, si las cadenas privadas deciden organizar alguno, “deberán respetar los mismos principios que los medios públicos: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad”.

Microdatos de las encuestas

También en el marco del Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno introduce en el anteproyecto de reforma de la ley electoral una nueva regulación que afectará a la publicación de encuestas en campaña. Hasta ahora, cualquier sondeo debía ir acompañado de una ficha en la que se especificaran las características técnicas de la encuesta: cuándo se llevó a cabo, cómo, a cuántas personas se preguntó, qué se cuestionaba exactamente…

Con la reforma salida del Consejo de Ministros, además de esa información, queda fijado que sea obligatorio publicar también los ficheros de microdatos -los datos individuales de los encuestados-. Estas referencias, que deberán ofrecerse de forma anonimizada, permitirán a los ciudadanos extraer sus propias conclusiones sobre el sondeo, teniendo en cuenta las características de la muestra que se ha utilizado.

El anteproyecto aprobado este martes en La Moncloa deberá ahora someterse a la valoración de la Junta Electoral Central y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, que emitirán sus informes preceptivos. Posteriormente, será remitido de nuevo al Consejo de Ministros para que este le dé luz verde como proyecto de ley y lo traslade al Congreso, donde deberá recabar el apoyo de los grupos.