El Gobierno de Sánchez rechaza la expulsión de España de 86 menores migrantes no acompañados solicitada por el Ejecutivo de Ayuso | Noticias de Madrid
El Gobierno de España (PSOE y Sumar), ha rechazado tramitar los 86 expedientes que le ha enviado desde 2019 el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid (PP) para retornar a sus países de origen a otros tantos menores migrantes bajo la responsabilidad de la Administración autonómica. Los datos, obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, reflejan un choque de trenes en el que los pasajeros son los más vulnerables de los vulnerables. Madrid admite que ha intentado emplear la vía de la reagrupación o reunificación familiar para sacar de la región a jóvenes “con distintas dificultades de adaptación”, según los técnicos de sus servicios sociales; o “que están protagonizando episodios violentos o delictivos”. En contraste, el Estado considera que así regatea sus responsabilidades y el deber de velar por el interés superior de los menores. Hay un dato esclarecedor: las 86 solicitudes de Madrid suponen más del triple de las reunificaciones efectivamente realizadas desde cualquier región en prácticamente el mismo periodo de tiempo, que además se hicieron mayoritariamente por razones humanitarias.
“La Delegación ha trasladado a la Comunidad de Madrid la decisión de no incoación de los expedientes solicitados en cumplimiento de lo previsto por la norma y en aras siempre del interés superior del menor”, defiende un portavoz del departamento que dirige el delegado Francisco Martín como representante del gobierno de Pedro Sánchez en la región capital de España. “Se rechaza ante la falta de garantías en su posible retorno, por lo tanto, prima el interés superior del menor”, subraya. “Lo recoge la norma”, recalca. Y remata: “En lugar de pedir la expulsión de menores, la Comunidad de Madrid debería cumplir con sus responsabilidades de tutela”.
La política migratoria es uno de los principales frentes en el choque continuo que mantienen las dos administraciones desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder (agosto de 2019). Madrid ha recurrido a todas las instancias posibles el reparto de migrantes decidido por el gobierno central para aliviar el colapso de los servicios sociales de Canarias. También ha reclamado al Estado que se haga cargo de la cincuentena de solicitantes de asilo que contabilizaba en su red de atención social a mediados de 2025. Y ha multiplicado las solicitudes de repatriaciones en un contexto político marcado por la amenaza de que Vox intente encender una ola antiimigración que alimente sus resultados electorales desde Torre Pacheco (Murcia) a Madrid.
Así lo resumió en septiembre Miguel Ángel García Martín, el portavoz del Gobierno de Díaz Ayuso, en una rueda de prensa: “Lo que es irresponsable es lo que está haciendo el Gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que vive nuestro país. Es una irresponsabilidad. Las Comunidades tenemos los medios que tenemos”.
Esto amplía ahora sobre los menores seleccionados un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila-Ponce de León: “Se trata de perfiles muy complicados de menores, con comportamientos muy graves, altos consumos y dificultades graves en la integración. El Gobierno, efectivamente, no ha hecho nada”.
Las cifras lo dicen todo. Madrid ha solicitado 86 reagrupaciones desde 2019, entre las que previsiblemente se encontraría la del presunto violador de una niña este verano en Hortaleza (que sería mayor de edad tras haber residido en un centro de acogida para menores) o las de los que protagonizaron altercados en la instalación de La Cantueña (Fuenlabrada) o la madrileña Casa de Campo.
En contraste, entre 2019 y abril de 2025, el Estado ejecutó un total de 23 reunificaciones familiares originadas en solicitudes procedentes de toda España. Es decir, el Gobierno de Ayuso ha solicitado más del triple de las que efectivamente se han realizado. Y aquellas fueron por razones humanitarias.
Por ejemplo, en Galicia, en 2019, se decidió la repatriación de un bebé cuyos padres fallecieron, y que fue reclamado por su abuela, según explican en la Delegación del Gobierno. En Andalucía, en 2022, deshicieron el camino de ida dos hermanos que aún llevaban pañal: tenían 10 meses y tres años. Y en Castilla y León, en 2024, volvieron a su hogar dos menores, una de 17 años, y un bebé de 11 meses. Eran madre e hijo, y estaban solos en España.
La Administración central, que debe contar con un informe de la Fiscalía antes de decidir, entendió que en todos esos casos la situación de los menores mejoraba volviendo a sus países de origen. Su perfil no tiene nada que ver con el de los que quiere repatriar ahora Madrid. El gobierno regional, en todo caso, se niega a proporcionar la edad de los menores seleccionados, o su país de origen, “ya que podría suponer, por el reducido número de menores, la identificación indirecta de los mismos”.
Ni expulsiones ni derivaciones
“En ningún caso se producen expulsiones o devoluciones de menores migrantes”, aclaró el director general de la Policía, Francisco Pardo, en una comunicación enviada a este diario en 2025. “Ningún acuerdo bilateral puede obligar a la devolución de los menores extranjeros no acompañados (…) debiendo de tramitarse su retorno por la vía de la repatriación y siempre que quede acreditado que la misma responde al interés superior del menor”, siguió, alejándose de la vía punitiva insinuada por Madrid al seleccionar para las reunificaciones a menores problemáticos. “Solo existe la figura de la repatriación en referencia a la reagrupación o reunificación de los menores extranjeros con familiares o mediante su puesta a disposición de los servicios de protección del menor de su país de origen”.
En la misma línea se expresa Paloma García de Viedma, coordinadora del Programa De Defensa Jurídico en Fundación Raíces. “La posibilidad de reunificar a los niños y niñas migrantes con sus familias, bien en país de origen o en terceros países, existe en nuestro ordenamiento y en una prerrogativa de las Entidades de protección iniciar esos expedientes, o incluso un deber si creen que eso es lo mejor para ese niño o niña en concreto”, recuerda. “Lo verdaderamente importante es que de forma individualizada se valore en cada caso cuál es la solución duradera que más conviene al interés del menor”, añade. “El éxito no es que el niño o niña se repatríe o no se haga, sino que en cada caso se proteja adecuadamente su interés superior”.
Ese es el pulso que mantienen el Estado y Madrid con casi un centenar de adolescentes que han estado largas semanas pendientes de si su futuro estaba en España, o de vuelta en los países que los vieron nacer.
