El Gobierno de Madrid vuelve a maniobrar con la prensa para defender a la pareja de Ayuso, defraudador confeso | Noticias de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP regional se han implicado en la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y defraudador confeso, pese a que llevan semanas defendiendo que el problema les es ajeno porque afecta a un particular. Así, el equipo de comunicación del Ejecutivo ha distribuido este viernes una denuncia de los abogados del comisionista, que ha sido previamente modificada por el jefe de gabinete de la líder, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), según ha podido comprobar este periódico en los metadatos del documento. Este alto cargo también filtró información tergiversada a medios de comunicación e impulsó un bulo contra dos periodistas de EL PAÍS. Además, el miércoles, Alfonso Serrano, secretario general del PP regional, se citó con González Amador, días después de que el partido bloqueara en la Asamblea decenas de peticiones de la oposición sobre el caso. Y la propia presidenta defendió al acusado en una rueda de prensa correspondiente al consejo de gobierno.

Los abogados de González Amador, que está acusado de dos delitos de fraude fiscal valorados en más de 350.000 euros, y de uno de falsedad en documento mercantil, han registrado este viernes una denuncia por el presunto hackeo de sus correos electrónicos tras un intercambio de emails con el comisionista. Ese documento, al que accedió EL PAÍS, ha sido distribuido a medios conservadores por el equipo de prensa de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno, y en sus metadatos consta que la última persona que lo ha modificado ha sido el jefe de gabinete de la presidenta.

“Hemos informado de la denuncia sin los datos de los abogados”, ha justificado MÁR, como se conoce a este alto cargo, en conversación con EL PAÍS, y para explicar las faltas de concordancia en el contenido del documento.

“Pido que se sepa qué ha sucedido, porque estaríamos ante un hecho gravísimo”, ha dicho Díaz Ayuso sobre la denuncia durante una rueda de prensa.

Según los abogados de González Amador, un perito informático ha certificado que han sido “objeto de un ciberataque” que “habría consistido en retirar la información de los sistemas (presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas) y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas”.

Los correos afectados habrían sido recibidos por los letrados en la mañana del día 2 de abril, a las 11 horas 39 minutos, tras haberlos enviado González Amador. Tras ser respondidos, esas comunicaciones habrían desaparecido del sistema, para reaparecer seis horas después, “ya el día 3 de abril, a las 00 horas y 09 minutos”.

Que el equipo de prensa de Díaz Ayuso, que encabeza José Luis Carreras, haya distribuido entre medios conservadores ese documento muestra la implicación del núcleo duro de la presidenta en la gestión de la crisis reputacional y política que ha provocado la polémica.

Primero, Rodríguez, el jefe de gabinete de la baronesa, se reunió con González Amador, según confirmó él mismo a este diario, sin aclarar si hubo otros miembros de su equipo presentes.

Luego, el 13 de marzo, Díaz Ayuso asumió en primera persona la defensa de su pareja: defendió su inocencia (luego se supo que González Amador había admitido la comisión de los delitos ante la Fiscalía); aseguró que era Hacienda quien debía 600.000 euros al comisionista (una afirmación que nunca se ha confirmado); y denunció “un caso turbio de todos los poderes del Estado contra su pareja”.

Inmediatamente después, MAR se puso a los mandos de la gestión comunicativa de la crisis, distribuyendo entre periodistas un email enviado por la defensa del empresario a la Fiscalía para trasladar la impresión de que el Ministerio Público le había ofrecido, y luego retirado, una oferta para alcanzar un pacto (la iniciativa fue, en realidad, del acusado). A eso añadió el impulso en medios afines de bulos contra periodistas de EL PAÍS y eldiario.es que investigaban el caso. Y ahora la filtración de la denuncia, conocida dos días después de que el secretario general del PP de Madrid se citara en un restaurante de Barajas con González Amador.

Según los investigadores de Hacienda, el empresario intentó engañar durante al menos dos años a la Agencia Tributaria en las declaraciones del impuesto de sociedades presentadas el 14 de julio de 2021 y el 22 de julio de 2022. El relato de los hechos descubiertos durante la inspección fiscal, incorporado al sumario del caso, acredita cómo González Amador incluyó en sus declaraciones de 2021 y 2022 una docena de facturas de supuestos gastos a sabiendas de que esos desembolsos de grandes cantidades de dinero no se habían producido o no se correspondían con lo declarado.

La Agencia Tributaria descarta que hubiera discrepancias con el empresario, y detalla en su informe los intentos de engañar a Hacienda para pagar menos impuestos. Cuando el trabajo de la inspección descubrió los distintos engaños, estos fueron admitidos por el propio González Amador, que implicó a nueve empresas y cuatro particulares en su intento de ahorrarse el pago de al menos 350.000 euros en los dos ejercicios investigados, y que deberá declarar ante la jueza el próximo 20 de mayo.

¿Cómo se justifica el uso de todos estos recursos públicos en el caso de un particular?, se le ha preguntado este viernes a Díaz Ayuso.

“Yo no puedo hablar por un particular, porque los madrileños no me han elegido para que me comporte como novia”, ha dicho la presidenta regional. “Sí puedo mostrar mi preocupación, y lo puede hacer mi Gobierno, todos los gobiernos, y cualquier ciudadano, porque se supone que el Estado está para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos, y aquí está ocurriendo todo lo contrario”, ha añadido. “No se trata de un particular, sino del Estado de derecho”, ha seguido. “La sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo tendrá que tener enfrente a todos los poderes del Estado y será despojado de sus derechos, como estamos viendo, aún más si esto vale para intentar aniquilar al adversario político”, ha argumentado. Y ha rematado: “Se trata de una cuestión que va más allá de un particular”.

Todo un cambio de guion: de que la Comunidad no tuviera nada que decir, porque no había dinero público ni contratos con la región implicados en el caso, a que sea parte activa en la defensa del comisionista que convive con la presidenta Díaz Ayuso.

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