El Gobierno de Ayuso tacha de “invento” la cifra de 7.291 muertos en las residencias en la pandemia, a pesar de ser un dato propio | Noticias de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha emitido este miércoles un durísimo comunicado en el que tilda de “invento” y “falsedad” la cifra de 7.291 muertes en las residencias madrileñas durante lo peor de la pandemia. Ese dato, aceptado generalmente, proviene de la propia Comunidad de Madrid y fue obtenido tras una petición basada en la Ley de Transparencia por el diario InfoLibre, y se refiere a las muertes con covid o sin él dentro de residencias madrileñas en marzo y abril de 2020. Con el quinto aniversario de la pandemia como telón de fondo, tras un mes de polémicas constantes con las familias de los fallecidos, y justo antes de que RTVE emita este jueves un documental sobre la tragedia, el Ejecutivo ha lanzado una campaña informativa sin precedentes para asentar su relato de parte. En resumen, esto dice su comunicado: el Gobierno de Ayuso (PP) lo hizo todo bien, el Ejecutivo central de Pedro Sánchez (entonces formado por PSOE y Podemos) lo hizo todo mal, y la cifra de muertos con covid en las residencias regionales fue de 4.100.

“El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero (…)”, se lee en el texto oficial del Gobierno regional, pese a que este político no la originó y ni siquiera la usó en su libro de 2022 Morirán de forma indigna, según detalla Reyero a EL PAÍS, informa Fernando Peinado. “La falsedad nació con él”, se subraya en un comunicado durísimo que ha provocado este desmentido de Reyero. “Nunca hubo protocolos firmados por políticos”, se añade, lo que supone admitir implícitamente la existencia de una estrategia de triaje que se aplicó en las peores semanas de la pandemia, y que dejó sin asistencia hospitalaria a los residentes. “Ni discriminación”, se enfatiza. “El número real de fallecidos en residencias [con covid] fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara”.

Sin embargo, la historia de Reyero, representante en el Gobierno de coalición formado por el PP y Ciudadanos entre 2019 y 2021, es otra. El 25 de junio de 2020, el entonces consejero tomó la palabra en la Asamblea para lanzar una acusación a su propio gobierno: recordó que la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo en las residencias era de la Comunidad de Madrid, y no del Gobierno de España, como una y otra vez, machaconamente, repetían los portavoces de Ayuso. Para entonces ya había llegado a cuestionar en junio la legalidad y moralidad de los protocolos de la Consejería de Sanidad que negaban la asistencia hospitalaria a miles de mayores de residencias. En octubre, acabó por dimitir. Nunca, dice, dio la cifra de 7.291 muertos. De hecho, la hemeroteca muestra que su consejería cifró los fallecimientos en 5.954 personas. El drama de las residencias, y los pulsos internos para aminorarlo, han quedado retratados en su libro Morirán de forma indigna.

El diario InfoLibre, que analizó las muertes por cualquier causa dentro de residencias madrileñas en esas semanas, las cifró en 7.291. Este medio publicó datos de derivaciones a hospitales de la Consejería de Sanidad que muestran que las exclusiones fueron más intensas entre el 9 de marzo y el 5 de abril y, con especial intensidad, entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situación varió de un hospital a otro. Según un análisis que publicó EL PAÍS, en toda la primera ola (de marzo a junio de 2020) murieron 11.389 mayores que vivían en residencias, de los cuales 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital.

Nada de eso aparece en el comunicado del Gobierno regional, dedicado a hacer propaganda de su gestión, y crítica de la del Gobierno de España. En el texto, el Ejecutivo presume de haber sido el primero en cerrar los colegios para prevenir la expansión del virus, pese a que el País Vasco lo hizo, como poco, al mismo tiempo. También señala como punto clave para la expansión del virus que Madrid disponga de un aeropuerto (el Adolfo Suárez Madrid Barajas) pese a que la comisión de investigación orquestada al respecto por el PP en la Asamblea dejó, como poco, opiniones discrepantes. Y presume del acierto de haber gastado más de 150 millones de euros en construir el hospital Enfermera Isabel Zendal, una infraestructura mastodóntica que languidece sin apenas uso en un secarral de Valdebebas (distrito de Hortaleza) desde que acabó la pandemia (en 2023 apenas tuvo un ingreso de media al día).

El documento del Gobierno de Ayuso, encabezado por la frase Ante la campaña de la izquierda y ultraizquierda, la Comunidad de Madrid da los datos exactos, también resume todas las medidas en el que el Ejecutivo se considera pionero, como el análisis de aguas para calcular la presencia del virus. A ello le suma un listado de lo que considera rectificaciones del Gobierno central. Y añade un contenido inusitado para un Gobierno: señala con su nombre y apellidos a ciudadanos que formaron parte de la llamada Comisión Ciudadana por la Verdad (que investigó lo ocurrido en las residencias y calculó que se podían haber salvado 4.000 vidas) por considerarlos “destacados miembros o simpatizantes de la izquierda”.