El Gobierno de Ayuso oculta una evaluación externa de la estrategia regional 2016-2021 contra la violencia de género | Noticias de Madrid

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido no entregar a la Asamblea una copia de la evaluación final que hizo un organismo independiente de su estrategia contra la violencia de género 2016-2021, al considerar que presenta “un elevado número de errores materiales y cuantitativos”, según documentación a la que accedió EL PAÍS. La decisión, interpretada por la oposición como un intento de ocultar un balance “muy negativo”, deja sin respuesta a Marta Carmona, diputada de Más Madrid, que solicitó la información, y señala a las autoras del estudio, que defienden el rigor de su trabajo. También plantea una polémica reglamentaria: el ejecutivo está negando documentación de la que dispone, por la que ha pagado 17.853 euros de dinero público, y que debería ser de libre acceso. Finalmente, así se imposibilita fiscalizar la ejecución de una política pública clave, y saber si las recomendaciones se han seguido a partir de 2021, mientras, en paralelo, la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pone el acento en la polémica creación de un centro para hombres víctimas de violencia sexual.

La ejecución de la estrategia regional contra la violencia de género 2016-2021 afecta a los sucesivos gobiernos de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Díaz Ayuso. El plan, según la web oficial, incluía una evaluación periódica del funcionamiento de la Red Integral de Atención para la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, y otra de los recursos y gestión de otros organismos diferentes a la Comunidad, en materia de violencia de género. Como consecuencia, están publicadas las memorias anuales de todos los años de implementación de la estrategia, y una evaluación intermedia (2016-2019) que ya detectó, además de múltiples fortalezas, un “déficit” en coordinación y seguimiento del programa; “discontinuidad en los colectivos atendidos”; o medidas no ejecutadas. De la evaluación final comprometida nada se sabe. Tres años después de que se haya acabado el programa, sigue sin publicarse. Y no es previsible que se haga pronto.

“En este momento no estamos en disposición de dar traslado de copia de la evaluación de la estrategia, dado que se ha detectado un elevado número de errores materiales y cuantitativos en las indicaciones que recogen sobre la red de recursos de la Comunidad de Madrid para la atención de las víctimas de violencia contra la mujer, y se está procediendo a su revisión a través de una nueva evaluación independiente”, se lee en un documento enviado por el ejecutivo a la Asamblea de Madrid.

La Administración regional tiene la evaluación desde el 2 de junio de 2023, según Cristina Sánchez, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y coautora del trabajo.

“El análisis está hecho con todo el rigor académico, por una institución con una muy larga trayectoria”, defiende el trabajo del Instituto universitario de estudios de la mujer de la UAM. “Mantenemos neutralidad académica, somos científicas, trabajamos con datos”, recalca, pues el balance se basa en información que proporciona la propia Comunidad de Madrid a través de sus memorias anuales. “En la evaluación final se recoge en parte lo que ya se dijo en la intermedia, y se añade el año 2020 y el 2021, con la pandemia, que fue complicada para todas las administraciones públicas”, recuerda. “Al entregarlo nos hicieron algunas correcciones, suele pasar. Y hasta hoy”, lamenta. “Las grandes perjudicadas de esto no somos nosotras como institución universitaria, que seguiremos trabajando con muchas otras organizaciones, sino las propias mujeres madrileñas, las usuarias de los servicios, que quedan desatendidas y sin conocer las actuaciones de la Comunidad de Madrid”.

Resultados muy negativos

Así, el trabajo no solo no ha sido publicado, sino que será sustituido por otro, encargado a expertos distintos. El balance rechazado recogía cuestiones positivas, como el esfuerzo en campañas de sensibilización, pero también ponía peros: por ejemplo, cuestionaba el grado de efectividad de los canales de información; advertía de una cierta atomización de los recursos para atender a la víctimas; y señalaba que las mujeres mayores o que vivían en entornos rurales requerían de más atención. Esas observaciones, sin embargo, nunca verán la luz.

“La respuesta [denegando el acceso al documento] recoge a la perfección la actitud de la Comunidad de Madrid frente a la violencia de género”, se queja Marta Carmona, diputada de Más Madrid, que es quien solicitó la información. “No consideran que sea un problema social que abordar de forma seria y responsable, no es una prioridad política, algo que también podemos comprobar año tras año en los presupuestos, y les da bastante igual lo que le suceda tanto a las usuarias como a las profesionales”, opina. “Como en tantos otros servicios de la Comunidad de Madrid la asistencia a las víctimas sale adelante gracias al sobreesfuerzo de las profesionales que trabajan en condiciones extraordinariamente precarias”, describe. “La evaluación intermedia de la estrategia ya detectaba problemas graves en varias áreas”, sigue. “Es difícil no sospechar que el problema de la evaluación final en vez de ser metodológico, como la Comunidad de Madrid quiere hacernos creer, más bien sea que los resultados son muy negativos y la Consejería quiere ocultarlos”.

Este diario pidió al gobierno regional su versión sobre lo ocurrido, sin haber recibido respuesta en el momento de publicación de este artículo.