El Gobierno de Ayuso amplía su alianza con Glovo para distribuir comida entre la población vulnerable | Noticias de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y Glovo ampliarán de nuevo la alianza que firmaron en 2023 para repartir comida a población vulnerable, según ha anunciado este jueves la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, en la Asamblea de Madrid. De esta manera, cuando el nuevo acuerdo entre en vigor, previsiblemente en 2025, los riders de la compañía no solo repartirán la comida a los usuarios de comedores sociales con problemas de movilidad, sino que también lo harán a los mayores de 65 años; integrantes de hogares en los que haya menores a cargo; o personas con discapacidad y medidas de apoyo, durante los meses más duros del invierno y cuando haya olas de calor. Glovo, empresa sancionada con más de 205 millones de euros por vulnerar los derechos de trabajadores, presta este servicio gratuitamente, y como parte de su política de responsabilidad corporativa.

“Lo que hacemos es ayudar a las personas más vulnerables, en este caso personas que no pueden trasladarse, que tienen movilidad reducida, que tienen enfermedades o una discapacidad (…)”, ha explicado la consejera de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. “Las familias están muy satisfechas con ese servicio, y por eso les anuncio que vamos a ampliarlo, de cara a las campañas de frío y ola de calor, a todos aquellos usuarios de los comedores sociales mayores de 65 años que lo soliciten, y también a los hogares en los que existan menores a cargo o personas con discapacidad y medidas de apoyo”, ha seguido. “Se trata de hacerle la vida más fácil a aquellas personas que lo necesitan”, ha añadido. Y se ha quejado: “¡Quién diría que los abanderados del escudo social pondrían el grito en el cielo por ayudar a los más vulnerables!”

La empresa con la que la Comunidad viene firmando este convenio está en el centro de la polémica desde hace un lustro. A mediados de este mes, la juez de Barcelona que investiga el modelo laboral de Glovo, basado en falsos autónomos, citó a declarar al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre, como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Según reconoció en el último informe semestral hecho público, Delivery Hero, la compañía alemana que adquirió la startup catalana en la Nochevieja de 2021 por cerca de 1.000 millones de euros, la compañía se enfrenta a multas potenciales por el importe de 950 millones de euros (hasta 550 millones por las sanciones y otros 400 por la investigación abierta por la Comisión Europea).

En este contexto, el Ministerio de Trabajo elaboró un informe en el que detallaba cientos de casos concretos de repartidores de Glovo que seguían en la situación de trabajadores por cuenta propia, que remitió en octubre de 2023 a la Fiscalía General del Estado. El ministerio público lo trasladó a la Unidad de Seguridad y Salud en trabajo por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito, que acabó en manos de los fiscales de Barcelona. Tras meses de análisis, la Fiscalía provincial acabó judicializando por la vía penal el asunto, al presentar una denuncia antes los juzgados catalanes y señaló directamente a Pierre como responsable de un delito contra los trabajadores.

Hace un año, el Gobierno regional ya decidió renovar el acuerdo firmado con Glovo para 2023, y ampliarlo hasta finales de 2024 con más horas, más tiempo y más comida. Desde entonces, los riders pueden llevar todas las comidas del día (antes quedaban excluidos los almuerzos que se elaboraban en los comedores de lunes a viernes). También se aumentaron los periodos de reparto (una hora por la mañana, y media hora por la tarde), aunque se siguieron excluyendo las horas de alta demanda de pedidos para no perjudicar a la buena marcha del negocio de la compañía. De la nueva versión del convenio que se disponen a firmar ahora las dos partes solo se conocen hasta el momento los detalles que ha ofrecido la consejera Dávila este jueves en la Asamblea.

Allí, la consejera ha destacado que Glovo acordó prestar el mismo servicio para el Ayuntamiento de Barcelona cuando la alcaldesa era Ada Colau (lo hacía para Barcelona Actúa, según ha detallado luego un portavoz) y decenas de ONGs. Eso no ha impedido las críticas de la oposición, que desde 2023 denuncia que, en su opinión, así se introduce la beneficencia en la gestión de los servicios sociales públicos.

Cuando arrancó esta colaboración, la compañía esperaba ofrecer un máximo de 80 servicios diarios y 29.000 anuales a usuarios de los cuatro comedores sociales públicos de la región.

Entre mayo de 2023, cuando empezó a aplicarse el convenio, y octubre, se han realizado 495 envíos a través de la APP de Glovo, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De esos 20 envíos semanales de media, 19 en total registraron fallos o incidencias al ser errónea la dirección o no encontrarse presente en el domicilio “el beneficiado”, tal y como define la propia Comunidad a los receptores de los envíos. El servicio, que solo se presta en zonas decididas por Glovo, tuvo como destinos los distritos de Centro, Carabanchel, Chamberí y Puente de Vallecas. Y el origen de los envíos estuvo mayoritariamente en Usera y Arganzuela, donde se encuentran los comedores de Calle Canarias, Plaza Elíptica y San José, aunque en agosto y septiembre también se mandaron comidas desde Chamberí (comedor Santa Isabel).