El Gobierno cree que la imputacin de Garca Ortiz “quedar en nada” mientras Feijo alerta del “deterioro democrtico”
Los ecos de la difcil situacin que atraviesa el Gobierno llegan hasta Bruselas. Una debilidad parlamentaria a la que se suma el caso balos o la imputacin de lvaro Garca Ortiz, fiscal general del Estado. Y por si no lo hicieran con la suficiente intensidad, Alberto Nez Feijo se ha desplazado hasta la capital europea para participar en una reunin con lderes del PP europeo, donde les ha trasladado lo que ha definido como un “deterioro democrtico” en Espaa. Una fotografa que dista mucho de la que ven en el seno del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo restan trascendencia a la imputacin del fiscal general, creen que esta causa “quedar en nada” y sin micrfonos reflexionan sobre la actuacin de los jueces: “La Justicia parece que ve por un ojo, que es el derecho”, en alusin a que creen que podra haber connivencia entre sus decisiones y los intereses de partidos como el PP y Vox. La investigacin judicial a Begoa Gmez, mujer de Pedro Snchez, ya la definen como “causa poltica” y no causa judicial.
La imputacin de Garca Ortiz ha aadido un nuevo punto de tensin a la ya de por s deteriorada relacin entre el Gobierno y el PP. “Se pueden imaginar que los colegas europeos han mostrado su preocupacin por la situacin judicial del Gobierno de Espaa y tambin del entorno del presidente del Gobierno”, expuso Feijo, tras reunirse con sus colegas europeos y mantener un encuentro bilateral con Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisin Europea.
El Tribunal Supremo acord abrir una causa por un delito de revelacin de secretos al mximo responsable del Ministerio Fiscal por la filtracin de datos reservados del novio de Isabel Daz Ayuso. Desde el PP piden la dimisin del fiscal general del Estado. “La pregunta que nos hacemos todos en Espaa es cmo va a defender la legalidad quien est imputado presuntamente por saltrsela”. El lder popular insta al Ejecutivo a que haga uso del artculo 31 del Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal, que recoge los motivos por los que se puede cesar al fiscal general, entre los que figura “incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley”. “Lejos de activar las competencias del Gobierno, ste ampara a un fiscal general investigado por corrupcin”.
Fuentes gubernamentales ven el asunto desde otro prisma completamente distinto. En privado sealan que la decisin del Supremo no contribuye a que la imagen de la Justicia “salga bien parada de esto”. “Las posibilidades de instruir una revelacin de secretos por una filtracin son muy remotas. Ningn periodista va a revelar sus fuentes”. En esta defensa del fiscal general, el PSOE encuentra un aliado en Sumar, que cierra filas. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Daz: “Quiero defender a ultranza el trabajo de la fiscala general del Estado. Y quiero denunciar la forma de hacer poltica del PP. No vale todo en democracia”.
“El fiscal general es el ministro nmero 23. Lleva desde hace tiempo en una situacin atpica. Ha sido el fiscal general ms polmico de la democracia de nuestro pas”, contrapuso Feijo.
El lder del PP ha lanzado tambin un mensaje para presionar a partidos como el PNV o Junts -aunque no los ha nombrado- para que retiren su apoyo a Snchez, lo que podra hacer caer al Gobierno. “Desde que el Gobierno est en minora, la responsabilidad se extiende a los socios”, dijo. Y ha ahondado : “A los socios de Gobierno y a los socios parlamentarios. Queda por ver quin permanece al lado embarrndose y embarrando la vida poltica espaola. Que sean coherentes con decisiones anteriores”. Snchez lleg al poder gracias a una mocin de censura en la que la posicin del PNV fue determinante.
