El fiscal general reorienta ahora su estrategia para salvarse en el TC de Pumpido


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El fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, fa su estrategia de defensa a que el Tribunal Constitucional considere nula la diligencia de entrada y registro que orden el pasado 30 de octubre el magistrado del Tribunal Supremo ngel Hurtado en su despacho. La Abogaca del Estado espera que la corte de garantas constitucionales aprecie vulneracin de derechos fundamentales en la instruccin que est llevando a cabo el juez de la Sala de lo Penal contra el aforado.

El Alto Tribunal mantiene imputado al mximo responsable del Ministerio Pblico por un delito de revelacin de secretos -tipificado en el artculo 417 del Cdigo Penal- presuntamente cometido a travs de la difusin de datos confidenciales de la pareja de Isabel Daz Ayuso, el empresario Alberto Gonzlez Amador. Fuentes prximas a Garca Ortiz consultadas por EL MUNDO justificaron la actitud que mantuvo en su declaracin ante Hurtado en el convencimiento por parte del fiscal general de que la instruccin “est decidida de antemano”. El pasado mircoles, el imputado rechaz contestar al instructor del TS y lo acus de estar actuando de manera “predeterminada”.

Adems, el mximo responsable del Ministerio Fiscal pronostica que tendr que sentarse en el banquillo de los acusados porque el instructor de la Sala de lo Penal est “ignorando” los contraindicios que obran en la causa y porque, adems, no est pudiendo ejercer “su derecho de defensa con todas las garantas”.

Esta lnea de defensa, comn entre los investigados pero inslita al ser asumida por una autoridad como el fiscal general del Estado, ha sido muy criticada en las ltimas horas por miembros de la Fiscala que la enmarcan dentro de la estrategia de “lawfare” desplegada por el Gobierno de Pedro Snchez contra los jueces y de “deslegitimacin del Poder Judicial”.

Tras los ltimos autos dictados por el juez Hurtado, la Abogaca del Estado y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, ngeles Snchez-Conde (ex fiscal jefe del Constitucional) buscarn anular la instruccin por una hipottica vulneracin de derechos fundamentales. Garca Ortiz pretende que esa “desproporcin” durante la instruccin sea corregida en un futuro por el Constitucional que preside Cndido Conde-Pumpido.

Sin embargo, fuentes jurdicas ven complicado que esa estrategia de defensa pueda prosperar a corto plazo. Tanto el abogado del Estado Jos Ignacio Ocio Martnez de la Puente, en representacin de Garca Ortiz, como la teniente fiscal del TS han recurrido ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal el auto donde el magistrado orden a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrar el despacho e incautarse de los dispositivos electrnicos del fiscal general. La citada Sala, compuesta por los jueces Andrs Palomo del Arco, Julin Snchez Melgar y Eduardo de Porres, deber pronunciarse prximamente sobre la diligencia dictada por el instructor. Su decisin ser firme. Una vez que la Sala de Apelaciones resuelva el recurso de los servicios jurdicos del Estado, y si la decisin no le es favorable, el fiscal general puede tratar de acudir al Constitucional por vulneracin derechos fundamentales aunque sin la certeza de que esa demanda de amparo vaya a prosperar a tenor de la doctrina consolidada del tribunal. No obstante, fuentes jurdicas consultadas por EL MUNDO precisan que “hasta ahora” la doctrina del Constitucional, siempre que el recurso de amparo se base en la ilicitud de la prueba por haber sido obtenida con vulneracin de derechos fundamentales, exige agotar la va judicial hasta que haya una sentencia condenatoria firme. No en vano, con “carcter general”, hay que agotar las vas de recurso ordinario, y no se puede acudir en amparo al TC, hasta que se concluye el proceso de la jurisdiccin ordinaria.

No obstante, “excepcionalmente” se puede acudir al amparo jurisdiccional cuando se denuncia una “vulneracin de derecho autnoma”, por ejemplo, una media de prisin provisional que se considere abusiva, y contra la que se han agotado todos los recursos internos en la va judicial aunque no haya concluido el proceso.

Sin embargo, en el caso del fiscal general del Estado la licitud o ilicitud de la prueba recabada por el juez ngel Hurtado es previsible que se deba decidir en la fase de juicio oral, entre otras cuestiones porque las hipotticas vulneraciones de derechos de Garca Ortiz podran restaurarse en sentencia, explican fuentes jurdicas.

Mientras tanto, las crticas internas al fiscal general se han multiplicado en las ltimas horas tras la actitud desafiante que mantuvo en el Supremo porque “no puede utilizar la misma tcnica procesal de los narcotraficantes, destruyendo mviles y respondiendo slo a su abogado siendo el fiscal general del Estado. Como imputado puede, como fiscal general, no”. Fuentes fiscales lamentan que ste haya renunciado a colaborar con la Justicia y se haya posicionado como un vulgar delincuente que quiere “torpedear” la instruccin judicial.

En la actualidad, nadie duda, ni siquiera dentro de su ncleo de confianza, que Garca Ortiz ser el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo de los acusados de la historia de Espaa, despus de ser el primer responsable del Ministerio Pblico en estar imputado.





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