El fiscal general arremete contra la UCO y la acusa de cometer “irregularidades” en el informe sobre la filtracin del novio de Ayuso
Nueva estrategia de defensa del fiscal general de Estado, lvaro Garca Ortiz, ante el Tribunal Supremo. El mximo responsable del Ministerio Pblico, imputado por un delito de revelacin de secretos por la presunta filtracin de datos confidenciales del novio de Isabel Daz Ayuso, carga ahora contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La Abogaca del Estado, en defensa de Garca Ortiz acusa a los agentes del Instituto Armado de cometer “errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias” en el informe donde la UCO apunt a la Fiscala General del Estado por la filtracin respecto del empresario Alberto Gonzlez Amador.
“Se advierten importantes irregularidades y omisiones que llevan, necesariamente, a errneas inferencias, que suponen una grave vulneracin de los derechos fundamentales del fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, en el sentido del derecho a un juicio justo y que nos produce indefensin”, recalca la abogaca del Estado.
El fiscal general afirma que esta vulneracin se produce por “la inclusin en el informe de comunicaciones privadas que carecen de relevancia para el objeto de la causa” y la interpretacin de otras conversaciones registradas en el mvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodrguez, imputada tambin por revelacin de secretos.
“Una organizacin irregular”
Garca Ortiz tambin arremete contra la UCO “minimizar” en su informe el nmero de personas con tuvieron acceso a la filtracin del correo donde la pareja de Ayuso reconoca la comisin de dos delitos fiscales, en aras de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscala Provincial de Madrid.
Adems, el fiscal general reprocha a la Guardia Civil que, al analizar los whatsapp intercambiados entre su crculo de confianza en la Fiscala General con la fiscal jefe de Madrid, haga “constantes referencias a la subordinacin jerrquica” que, segn Garca Ortiz, “resultan profundamente desafortunadas, tanto por desconocer las relaciones profesionales como los deberes estatutarios establecidos entre los diferentes niveles de la carrera fiscal”.
“Equiparar dichas relaciones, reguladas estrictamente por el marco legal del Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal, a un reparto de papeles, dgase en estrictos trminos de defensa, propio de una organizacin irregular o al margen de la legalidad constituye una inferencia no solo improcedente, sino tambin carente de fundamento”, agrega la Abogaca del Estado.
El juez respalda a la UCO
Sin embargo, el instructor del Alto Tribunal, ngel Hurtado, rechaza de plano todas las pretensiones de Garca Ortiz, entre ellas una inslita rectificacin del citado informe. El magistrado sostiene que “se tienen por hechas las manifestaciones y no ha lugar a lo que se solicita, por considerar que no cabe poner reproche a dicha prueba pericial, realizada por una unidad tan especializada como es la UCO, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento”.
Adems, el fiscal general pidi al Supremo que dirigiese un mandato a la UCO para que le impartiese instrucciones a fin de que no se incluyan mensajes privados ajenos al mbito de los hechos en su informe. A este respecto, Hurtado seala que no ha lugar acceder a dicha peticin por considerarse que “no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento”.
En el citado informe pericial, la Guardia Civil analiz los whatsapp intercambiados entre Rodrguez y Garca Ortiz y concluy que el fiscal general del Estado tuvo una “participacin preeminente” en la filtracin de datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrilea.
Por ltimo, Hurtado ha acordado deducir testimonio y enviar al decanato de los juzgados de Madrid, a los efectos oportunos, las quejas de Garca Ortiz y Rodrguez por las filtraciones del informe pericial de la UCO. Asimismo, el instructor toma la misma decisin en relacin con una queja presentada por el abogado de la acusacin particular, en representacin de Alberto Gonzlez Amador, tambin por la filtracin de escritos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, ngeles Snchez-Conde, favoreciendo a Garca Ortiz.
